Esta es la lista de 12 leyes y 45 medidas que Torra y Sánchez tienen pendientes para su reunión

Aún no hay fecha para la reunión a la que el pasado viernes se emplazaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, pero ya hay una abultada agenda de temas a la que ambos mandatarios deberán hincar el diente. “No será una reunión solo de foto, queremos que haya contenido”, indicaban la semana pasada fuentes del Palau de la Generalitat. La voluntad de las dos partes es que el diálogo, al menos inicialmente, funcione.

El president Torra ha comenzado su mandato con dos grandes asuntos sobre los que empezar a trabajar la relación con el Gobierno central: las leyes que están suspendidas por recursos de Rajoy ante el Constitucional pero que aún no tienen sentencia, 12 en total, y los llamados “incumplimientos”, que los anteriores presidents de la Generalitat llegaron a listar en 45 puntos, más un cuadragésimo sexto que sería un referéndum pactado sobre la independencia.

Desde el lado independentista el derecho de autodeterminación continúa siendo una reivindicación central y a la que no renuncian, pero el rechazo cerrado del Gobierno de Sánchez a negociarlo no empaña los deseos de ambas administraciones de hablar de todo lo demás. Más aún cuando Torra ha dejado claro que centrará la primera parte de la legislatura en la recuperación de la docena de leyes que pueden volver a ponerse en vigor simplemente si el Estado retira su recurso ante el Constitucional.

Esta es la tarea que ha acometido ya el Ministerio de Política Territorial, dirigido por Meritxell Batet, que está revisando minuciosamente el listado de leyes y el estado de cada norma para evaluar si sus recursos pueden ser revocados. Fuentes del ministerio apuntan a leyes como la antidesahucios como recuperables, aunque alertan de que aún no hay nada decidido.

Por orden de suspensión, el listado de leyes que manejan ambas administraciones es el siguiente:

1. Ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social

2. Ley 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria

3. Ley 21/2017 de la Agencia Catalana de Protección Social

4. Ley de comercio, servicio y ferias

5. Decreto ley para ordenar los servicios de transporte en viajeros de vehículos de hasta nueve plazas

6. Ley 9/2011 de promoción de la actividad económica

7. Ley 15/2017 de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya

8. Ley 16/2017 de cambio climático

9. Ley 5/2017 de creación de impuestos sobre grandes superficies, estancias en establecimientos turísticos, bebidas azucaradas y emisiones de dióxido de carbono

10. Ley 10/2017 de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código Civil

11. Ley 13/207 de las asociaciones de consumidores de cannabis

12. Ley 2/2018 de modificación de la presidencia del Govern

En el listado aparecen medidas de diversa índole, como la protección contra los desahucios, contra la exclusión de migrantes sin permiso de residencia de la sanidad, gravámenes a diversas actividades o la regulación de los clubes cannábicos. También figura la ley contra el cambio climático, la primera aprobada por el Govern de Carles Puigdemont y que en su día la actual ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, considero “de locos” recurrir. Figura además la reforma de la ley de la presidencia, pensada en su día para poder investir a Puigdemont a distancia.

“Son medidas pensadas para defender derechos de la población y el impulso económico, creemos que con un Gobierno en Madrid que se dice progresista estos litigios no deberían de existir”, aseguró la consellera portavoz Elsa Artadi el jueves pasado, tras anunciar que su Govern se personaría ante el Constitucional para defender las 12 normas. Podrá hacerlo ahora gracias al fin de las medidas del 155, pero las opciones de éxito en la vía judicial son escasas. La totalidad de los recursos fueron avalados por informes del Consejo de Estado, marcando un camino poco optimista para las leyes en las sentencias del Constitucional.

Siendo así, el Govern no tiene decidido cómo tratará de recuperar cada ley más allá de la vía judicial, remitiéndose a estudiarlas “caso por caso”. Entre las fórmulas que se barajan, descartado el reconocimiento explícito por parte del Estado de que esas competencias pertenecen a la Generalitat, el Gobierno de Sánchez podría retirar los recursos, lo que haría decaer el procedimiento, o bien el Parlament podría aprobar de nuevo las medidas en el Parlament y que el Gobierno no las recurriese.

Vuelven los puntos de Mas y Puigdemont

Además de la recuperación de las leyes, la segunda gran carpeta es la de los llamados “incumplimientos”. En verano de 2014, el entonces president Artur Mas acudió a una reunión con Mariano Rajoy con un listado de 23 peticiones concretas que, en la reunión que mantuvo Puigdemont en abril de 2016, se habían doblado a los 46 asuntos que se pueden leer aquí.

Fuentes del Govern recordaban este lunes que aquel documento no era una guía para negociar, sino cuestiones acordadas y no realizadas. Entre ellas había fórmulas para aliviar el déficit de la Generalitat, inversiones para acabar con el déficit histórico en infraestructuras, deuda acumulada en las políticas sanitarias, de dependencia o de becas, así como rebajar la litigiosidad competencial entre la administración catalana y la general del Estado.

La mayor parte de esas peticiones se mantienen inalterables o, incluso, han empeorado. Ejemplo de ello es el cobro del IVA a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3) a la que Hacienda ha llegado a reclamar más de 200 millones de euros en concepto de IVA no deducible desde 2012 hasta ahora, aunque los tribunales recientemente le han dado la razón sobre el periodo 2012-2014. Puigdemont reclamaba además el traspaso íntegro de la red ferroviaria o el fin de la gestión centralizada en puertos y aeropuertos. 

Ya en su primer discurso de investidura de 2015, el actual presidente Pedro Sánchez apuntó a estos puntos como materia de una posible negociación con Catalunya. También el PSC considera que es un guión aceptable, siempre que se saque del documento la referencia al referéndum con la que tanto Mas como Puigdemont acudieron. Al actual Govern, en cambio, estos puntos no le entusiasman, pues aseguran que son incumplimientos de punto de partida y no de llegada.