Una jueza de instrucción de Barcelona ha imputado al director de la oficina del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y a la secretaria general de la conselleria de Presidencia, Meritxell Masó, por pagar con dinero público un viaje del primero a Nueva Caledonia en 2018 para ejercer de observador en un referéndum celebrado en la antigua colonia francesa así como dos facturas correspondientes a un desplazamiento a la prisión de Lledoners (Barcelona) para visitar a los presos del 1-O.
La magistrada titular del juzgado de instrucción 28 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía, que acusa a Alay y Masó de malversación y prevaricación, y ha citado como investigados a ambos altos cargos para el próximo 15 de abril.
En la querella, la fiscal anticorrupción Teresa Duerto acusa a Alay de “abusar de su condición” de responsable de la oficina del expresident Puigdemont, “excedirse” en sus funciones y pasar las facturas de su viaje a Nueva Caledonia y los peajes a la Generalitat “con el propósito de enriquecimiento ilícito”. En concreto, el viaje a Nueva Caledonia, entre vuelos, alojamiento y dietas, ascendió a 4.732,56 euros, detalla la fiscal, mientras que el gasto en peajes para ir a Lledoners se limitó a 11,5 euros.
Asimismo, la fiscal acusa a Masó de autorizar el desplazamiento de Alay y el gasto público “con pleno conocimiento de que aquella actividad no se hallaba entre las atribuidas al querellado ni se correspondía con ninguna de las necesidades personales, políticas o sociales que a través de la Oficina del expresidente se cubre, adoptando de ese modo una resolución manifiestamente arbitraria e injusta”. Por todo ello acusa a ambos altos cargos de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Al conocerse la querella de la Fiscalía, la oficina de Puigdemont denunció la “persecución” a su entorno que, a su juicio, realizaba el Ministerio Pública “tras una exhaustiva investigación económica”. Alegaron asimismo que el viaje de Alay a Nueva Caledonia está “justificado y oficial” ya que la oficina de Puigdemont, según la ley vigente, tiene que “dar cobertura a las necesidades personales y políticas con decoro y dignidad que corresponde a las funciones ejercidas por el president Puigdemont”.