El Poder Judicial constata que el Govern no quiso acceder a los ordenadores de los jueces y descarta cualquier irregularidad

La Generalitat no intentó acceder de forma irregular a los ordenadores de los jueces y fiscales catalanes. Así lo ha constatado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha cerrado la investigación que abrió en julio después de que en las pantallas de los togados aparecieran mensajes en los que la secretaría de función pública del Govern informaba de la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo labores de “control y seguimiento”, en base a la normativa TIC de la Generalitat. El mensaje generó sorpresa y malestar entre varios fiscales y magistrados.

En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha informado de que las diligencias para investigar si la Generalitat había intentado acceder indebidamente a los equipos informáticos de los jueces no han detectado irregularidades. El Consejo valida las explicaciones de la conselleria de Justicia, que en julio explicó que se trataba de un mensaje ordinario que recibían todos los departamentos y entes de la Generalitat (la administración autonómica la encargada de proveer a los juzgados tanto de los equipos informáticos como de material de oficina y la mayoría de edificios judiciales son titularidad de la Generalitat).

Con todo, según el CGPJ la Generalitat también trasladó, durante el transcurso de la investigación, que el texto “no se tenía que haber enviado nunca a los órganos judiciales y fiscalías”. Asimismo, siempre según el CGPJ, la administración autonómica respondió que tomó las “medidas oportunas para garantizar que no se vuelva a repetir una situación similar”.

El informe elaborado por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del CGPJ concluye que el envío del aviso a los ordenadores “no implicó que se produjeran accesos indebidos a información jurisdiccional, ya que los medios técnicos utilizados para este proceso se realizan a través de la red de comunicación desde los servidores de usuarios a los propios ordenadores”. En consecuencia, añade el informe, “no existió en este proceso ninguna información que pudiera comprometer un posible acceso indebido a datos jurisdiccionales”.

“En la verificación de la información y documentación aportada relativa a los procesos, sistemas y procedimientos tecnológicos y normativa de seguridad, especialmente los informes de auditorías, así como en las pruebas aleatorias realizadas no se han detectado irregularidades”, cierra el CGPJ.

La apertura de la investigación por parte del CGPJ provocó el enésimo rifirrafe entre la Generalitat y el organismo presidido por Carlos Lesmes después de los encontronazos derivados de las reiteradas peticiones del Govern para disminuir la vigilancia de los Mossos en los juzgados tras los ataques de los CDR y de la polémica por la eliminación del catalán de los requisitos en la selección de funcionarios para los juzgados.