El Poder Judicial investiga si la Generalitat ha accedido “indebidamente” a los ordenadores de los jueces catalanes
Jornada de conflicto entre el Govern y el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces y magistrados ha anunciado que investiga si la Generalitat ha accedido “indebidamente” a los ordenadores de los jueces catalanes “tras la aparición en las pantallas de un mensaje sobre una instrucción de la secretaría de función pública” del Govern. Fuentes de la conselleria de Justicia han explicado que el mensaje es ordinario y ha aparecido en todos los ordenadores de la Generalitat.
Según ha informado este jueves el CGPJ, en el mensaje que apareció en las pantallas de los ordenadores, la secretaría de función pública del Govern informaba a jueces y magistrados de la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo labores de “control y seguimiento”, en base a la normativa TIC de la Generalitat. Varios jueces y magistrados se quejaron al CGPJ por este mensaje, confirmado por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El mensaje de la Generalitat incluía una mención final que indicaba que el uso del ordenador implicaba una “manifestación expresa” del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción, e incluía una pestaña de “confirmación de lectura” que forzosamente había de ser pulsada para seguir utilizando el dispositivo.
Fuentes de la conselleria de Justicia han asegurado que el mensaje no tiene nada de extraordinario y que apareció hace tres semanas en todos los ordenadores de la Generalitat. Cabe recordar que es la administración autonómica la encargada de proveer a los juzgados tanto de los equipos informáticos como de material de oficina, y que la mayoría de edificios judiciales son titularidad de la Generalitat,
En este sentido, fuentes de Justicia han recordado que el mensaje apareció en todos los ordenadores que dependen de la administración autonómica, esto es, tanto de los funcionarios de la Generalitat, como de los altos cargos del Govern y también de los jueces y magistrados. El mensaje, han recalcado fuentes de Justicia y ha reconocido el CGPJ, forma parte de la instrucción 3/2018 de la secretaría de administración y función pública de la Generalitat sobre aplicaciones informáticas.
Catalán y vigilancia de los juzgados
La investigación del Consejo ha llegado después de que, por la mañana, la conselleria de Justicia hubiera tildado de “injustificado” el dispositivo policial de vigilancia en los juzgados implantado a raíz de que los CDR volcaran excrementos y basura frente a las sedes judiciales. Capella, en comparecencia en el Parlament, ha lamentado y rechazado los ataques de los CDR, pero ha considerado prioritario destinar la plantilla de Mossos d'Esquadra a tareas de seguridad ciudadana en vez de a vigilar posibles protestas independentistas en los juzgados.
Asimismo, la consellera ha informado que el Govern ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por las nuevas pruebas de selección de funcionarios para los juzgados. Según Capella, este nuevo proceso selectivo discrimina el catalán y el resto de lenguas cooficiales.
Hasta ahora, las oposiciones de funcionarios para los juzgados constaban únicamente de un examen. Pero desde este marzo, el proceso selectivo incluye una fase de reconocimiento de méritos puntuables que valora cursos, grados o idiomas extranjeros. La queja de la Generalitat radica en el hecho que hablar lenguas foráneas sume puntuación en las oposiciones, pero dominar lenguas propias y oficiales como el catalán, el vasco o el gallego, no.
La Generalitat ya envió una petición al Gobierno para que la lengua catalana puntúe en el proceso de selección, pero la respuesta del Ministerio de Justicia fue negativa. El Ministerio indicó a la Generalitat que el reconocimiento de las lenguas cooficiales se realiza con posterioridad del proceso de selección, en la asignación de destino dentro de las Comunidades Autónomas que cuenten con otros idiomas.
Capella ha recordado además que las lenguas cooficiales del Estado continúan sin ser necesarias para presentarse a unas oposiciones a la administración de Justicia, y ha tildado de “situación de emergencia” el hecho de que solo el 7,7% de las sentencias se escriban en catalán.
