La salida de Iglesias y las telarañas de la mesa catalana

Hay dos máximas en la política catalana que acostumbran a cumplirse. Todo lo que puede fallar, casi siempre falla, y todo lo que no se debería retrasar, casi siempre se retrasa. En otoño del 2017 falló casi todo y desde entonces se han acumulado los fallos y los retrasos. Pedro Sánchez es presidente porque la abstención de ERC lo hizo posible y su Gobierno dispone de Presupuestos porque el partido de Oriol Junqueras votó a favor. No solo ellos, pero ellos lo hicieron pese a que Junts les acusaba de convertirse en el pagafantas del independentismo. Los republicanos insistían e insisten en que la única vía para avanzar en su propósito es la negociación con el Ejecutivo central. “Esta ha de ser la legislatura del diálogo”, ha afirmado Pere Aragonés tras el 14F. Pero a renglón seguido añade que “el Estado ha de hacer sus deberes”. 

El diálogo es una exigencia para ERC, una promesa para el PSOE, y un brete para Junts. La mesa pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los republicanos se ha reunido una sola vez, en febrero del 2020. Después llegó la pandemia, a la que se le sumó la campaña catalana. Lo que fue solo una foto en La Moncloa se quedó en eso, en una foto. Por el camino llegó la promesa de cambiar el Código Penal para reformar el delito de sedición. Quien más ha batallado para adecuar este tipo penal al que existe en países como Francia, Italia o Alemania ha sido el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que la reforma estaría lista antes de acabar el año. Viendo que se avecinaba un nuevo retraso, el propio Asens desde la tribuna de oradores le recriminó que después de un año de Gobierno aún no estuviese listo el proyecto. Eso fue en diciembre y nada se sabe de la reforma del Código Penal. 

Algo parecido ha pasado con la tramitación de los indultos a los líderes encarcelados. Unidas Podemos ve la mano del juez Marchena en el retraso del informe que el Tribunal Supremo debe entregar al Gobierno. Sin indultos ni reforma del Código Penal y con los presos otra vez en la cárcel por petición de la Fiscalía, a los sectores independentistas más partidarios de mantener todos los puentes abiertos con el Gobierno se les reducen los argumentos. “El toque de atención de ERC no es un aviso más. Yo que Sánchez, me lo tomaría en serio”, afirmaba el portavoz del PNV, Aitor Esteban, este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Ya se sabe que donde la mayoría de partidos miran el dedo, el PNV acostumbra a señalar la luna.    

En ERC recuerdan lo que ocurrió en mayo pasado, cuando decidieron que sus 13 diputados pasaran de la abstención al 'no' en una de las últimas prórrogas del estado de alarma. Los republicanos llevaban semanas exigiendo a la Moncloa pasos decididos que devolvieran a la Generalitat competencias para gestionar la desescalada. Y, a su juicio, el decreto que presentó el Gobierno ante el Congreso en mayo de 2020 no lo hacía. Fue entonces cuando los republicanos decidieron descabalgarse de la mayoría de la investidura, buscando dar a Sánchez un “toque de alerta”. Sin embargo, la Moncloa encontró un inesperado aliado en Ciudadanos, que con sus 10 escaños consiguió que la cuarta prórroga se salvara.

A partir de entonces, ERC y Ciudadanos se lanzaron a una carrera por convertirse en el primer grupo al que el PSOE llamase para tejer mayorías parlamentarias. Ambos, tanto los de Gabriel Rufián como los de Inés Arrimadas, bajaron el precio de sus votos. El objetivo para los dos era ocupar la silla del socio preferente y, por tanto, tener influencia. La competición se resolvió en el pacto para sacar adelante los Presupuestos, cuando finalmente Sánchez prefirió la seguridad de los 18 diputados que le garantizaba el apoyo de ERC y Bildu antes de optar por quedarse corto con los 10 de Arrimadas. Los republicanos retuvieron así su posición de interlocutor privilegiado con el Gobierno, que ahora vuelven a ver en riesgo tras los últimos movimientos de aproximación de Ciudadanos al PSOE.

Además, con la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, los independentistas pierden uno de sus mejores aliados. A menudo ha parecido que casi el único pese a que cuando se le pregunta a Oriol Junqueras siempre repite que una cosa son las palabras y otra los hechos y para el líder republicano el hecho más destacable es que él y el resto de presos llevan más tiempo en la cárcel con un Gobierno de PSOE que con el anterior del PP. Pero también son hechos que los de Pablo Iglesias, a diferencia del PSOE, votaron en el Parlamento Europeo en contra de levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. Del mismo modo, PSOE, PP y Ciudadanos votarán en contra de la ley de amnistía registrada por los grupos independentistas este martes en el Congreso. Unidas Podemos se abstendrá o incluso puede votar a favor aunque considera que no es una vía realista y que lo único que hace es crear “falsas expectativas”.  

Las elecciones en Madrid pueden suponer un nuevo retraso en las promesas del Gobierno. Los socialistas evitaron meterse en ese charco durante la campaña de las catalanas porque sabían que podía hacerles perder votos por el lado de Ciudadanos. Ahora, Ayuso e Iglesias han planteado el 4-M como unos comicios que no se limitan solo a la Comunidad de Madrid. “Iglesias es una persona independentista, afín al entorno de ETA, cree en la expropiación, la ocupación, la intervención de la empresa, en el fomento de huelgas, o en quemar las calles de Madrid, que es el primero que lo ha alentado y jaleado”, afirmó Ayuso tras conocer las intenciones del líder de Podemos. 

Madrid no es España, no al menos como la concibe la presidenta madrileña. Pero lo que pase en Madrid sí puede condicionar la política española, los juegos de alianzas e incluso el calendario de las elecciones generales. Y eso lo saben los partidos independentistas, también los menos partidarios del diálogo. “Nunca 23 votos independentistas habían sido tan inútiles en el Congreso”, repiten en Junts. Los de Puigdemont quieren forzar algún tipo de compromiso para mostrar una mayor unidad a la hora de presionar al Gobierno central y hacerse valer en la Cámara baja. Es uno de los elementos que forma parte de la negociación en la que están inmersos estos días para investir al republicano Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat.