Dos bloques de protección oficial, víctimas del 'boom' del alquiler: “Nos piden más que el precio de mercado”

A Àngel Ponce, que vive en Santa Perpètua de Mogoda, le piden para renovar el alquiler 720 euros al mes. El precio está por encima de lo que cuesta arrendar en esta ciudad metropolitana de Barcelona, 640 euros mensuales de media, pero lo que más le indigna a él y a sus vecinos es que su vivienda es de protección oficial, es decir, pensada para ser asequible. “Nos piden más que el precio de mercado, es un abuso”, lamenta este inquilino, que se ha organizado no solo con sus compañeros de bloque, sino con otros inmuebles para exigir a la propiedad, Promociones Lladero, que renuncie a estas subidas.

Son al menos de dos macrobloques de pisos protegidos –el otro está en la localidad de Rubí–, en los que viven unas 140 familias, los que se enfrentan a incrementos de entre el 40% y el 75% del alquiler, según los cálculos del Sindicato de Inquilinos. Para Ponce, que pagaba hasta ahora 450 euros, el incremento sería del 60%. Pero de momento no lo va a pagar. Un total de 28 vecinos de las viviendas de Santa Perpètua, a quienes vencía el contrato el pasado 31 de diciembre, han decidido no firmar el nuevo contrato y aún así permanecer en sus casas.

Este jueves representantes de ambos bloques de pisos ocuparon la sede de Medasil Desarrollos SL, la firma que actúa de gestora de los pisos y que figura a su vez como apoderada de la empresa titular de los inmuebles. Ha sido con ellos que los vecinos han mantenido negociaciones para evitar las subidas. Lo máximo que les ofrecieron fue una bonificación de 25 euros al mes durante el primer año de subidas, que no aceptaron. eldiario.es ha tratado de contactar con ambas firmas para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta.

No todos los vecinos están en pie de guerra. Como suele pasar en la mayoría de negociaciones de alquileres de bloques enteros, antes de organizarse, algunos optaron por firmar las renovaciones y otros se fueron de sus casas. Pero si el resto, al menos un centenar, se han plantado, es en parte por el precedente de 140 familias de Sant Joan Despí, que se erigieron como un símbolo contra las subidas de renta abusivas al ganar el pulso al mismo conglomerado de empresas. Consiguieron que los incrementos fueran para todos del 25% en tres años cuando lo que les exigían inicialmente eran subidas individuales entre el 40% y el 100%. 

Como en aquella ocasión, los inquilinos a los que les ha finalizado ahora el contrato siguen pagando a través de consignación ante notario, sin intención de dejar las que son sus viviendas. “Los inquilinos estamos dejando de ser individuos que sufrimos de forma anónima y como si nos cayera una desgracia encima, sino que nos organizamos para conseguir condiciones dignas para todos”, argumenta Jaime Palomera, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, que reivindica para la vivienda la “negociación colectiva” que históricamente se ha utilizado para mejorar condiciones en ámbitos laborales. 

“Si la propiedad ve que estamos dispuestos a desobedecer una ley injusta, al final no le queda otra que sentarse a negociar”, expone Palomera. Desde el Sindicato han sido muy activos en los últimos días a la hora de denunciar que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada por decreto por el Gobierno del PSOE no tiene en cuenta una de sus principales reivindicaciones, la limitación de los precios, algo que sí estaba previsto en el pacto inicial con Unidos Podemos. 

Con todo, la situación de los bloques de Santa Perpètua y Rubí es particular porque se trata de promociones de protección oficial. Sus alquileres ya tienen un tope marcado por la normativa de la Generalitat. El problema es que, al encontrarse en la zona A del régimen general de protección oficial, territorio en el que se encuentra también Barcelona, los precios a los que pueden llegar sus pisos superan los 700 euros. Es decir, que las subidas que les plantea la propiedad son legales. 

“Será legal, pero es injusto”. Así se refiera Noelia a la situación en que se encuentra en su vivienda de Rubí, de unos 60 metros cuadrados, a la que llegó hace cinco años pagando 490 euros. Ahora le piden 750. Una subida del 53% del alquiler que supondría para ella tener que destinar al piso más de la mitad de lo que ingresa. 

En el caso de Rubí, solo son dos hogares los que han visto como les caducaba el alquiler y han decidido no aceptar la renovación. Aun así, de las 68 familias que viven en pisos de protección oficial en ese complejo llamado Sant Jordi Park –en realidad son dos bloques, según el catastro–, saben seguro que 14 les va a caducar en 2019. En Santa Perpètua el conflicto está más avanzado, y son 28 los que resisten sin contrato de un total de 70 hogares aproximadamente. 

Quique Martín fue uno de los inquilinos de Rubí que se decidió a firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Aceptó las condiciones por sus dos hijos, explica. Ahora abona mensualmente 750 euros por un piso que hasta ahora le costaba 520.