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La suspensión de nuevas licencias turísticas en Barcelona desluce la protesta contra el turismo masivo

La cabeza de la manifestación en la confluencia de Paseo de Gracia con Diagonal, al fondo el polémico edificio Deusche Bank / ENRIC CATALÀ

Medio millar de barceloneses se ha concentrado este jueves delante de las antiguas oficinas del Deutsche Bank, símbolo de la especulación inmobiliaria del gobierno Trias, para protestar contra la masificación turística y los lobbies. La manifestación, la primera de la era Colau, ha quedado deslucida por la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suspender cautelarmente la concesión de nuevas licencias turísticas y tenía como objetivo explicitar el apoyo vecinal al nuevo equipo municipal y exigir, a la vez, el complimiento de sus compromisos electorales.

Durante la concentración, convocada por las asociaciones de vecinos y entidades cívicas de los barrios de Sagrada Familia, Sant Antoni, Guinardó, Gràcia, Paral·lel, Tres Turons, Raval, Poblenou y l’Òstia, se ha leído el manifiesto Fuera lobbies del Ayuntamiento. La ciudad la hacemos entre todas y se ha invitado a los barceloneses a trabajar con un gobierno de la ciudad “más atento a las voces de los barrios” para que haga políticas “con la población y para la población evitando que intereses privados decidan nuestros destinos”. Después de la lectura, los manifestantes han cortado la Avenida Diagonal y el Paseo de Gracia, y se han dirigido hasta la sede de Turismo de Barcelona.

Las entidades convocantes de la protesta han reclamado al nuevo gobierno municipal la puesta en marcha ya de seis medidas urgentes para frenar los estragos que está provocando el actual modelo turístico en algunas zonas de la ciudad y se han comprometido a defender a los vecinos perjudicados, a solidarizarse con aquellos barrios más afectados por el turismo masivo y a construir un espacio de diálogo comunitario para hacer propuestas alternativa y elaborar un modelo mucho más sostenible que no penalice a los vecinos.

Las seis medidas prioritarias son el establecimiento de una moratoria de cualquier licencia de establecimiento turístico, la revisión de los proyectos y de las licencias bajo sospecha o aprobadas a última hora, la recuperación del espacio público como espacio de convivencia y cohesión social así como la revisión de la polémica ordenanza municipal de terrazas y veladores, la creación de un consejo ciudadano de turismo, la auditoría y transparencia de los órganos públicos y público-privados relacionados con el turismo, el incremento del control de los establecimientos turísticos legales e ilegales así como los efectos negativos –contaminación y saturación del espacio público- que la presencia de cruceros está provocando en Ciutat Vella.

Curiosamente, la primera de las exigencias ya se había materializado horas antes para regocijo de los manifestantes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este jueves por la mañana la suspensión -durante seis meses extensible a dos años- de nuevas licencias turísticas. La moratoria municipal, que paraliza una treintena de expedientes actualmente en tramitación, afecta a toda la ciudad y a todo tipo de establecimiento turístico, desde hoteles a apartamentos turísticos, pensiones, hostales, residencias de estudiantes, albergues para jóvenes y apartahoteles. Entre los proyectos aplazados destacan el de convertir la Torre Agbar en un hotel de lujo de la cadena Hyatt y el plan del vicepresidente económico del Barça, Xavier Faus, de transformar la antigua sede de Henkel Ibérico en un hotel.

Según ha explicado Colau en rueda de prensa, la moratoria tiene como objetivo “abrir un proceso de reflexión y de participación para establecer los criterios para una gestión global del turismo que garantice su calidad” y que ha de desembocar en la elaboración de un Plan Especial que regule el sector turístico a partir del primer trimestre de 2016. El mensaje es claro: hay que evitar que la tercera ciudad europea más visitada después de Londres y París acabe con la gallina de los huevos de oro que supone el turismo. En Barcelona hay actualmente 377 hoteles que ofrecen 68.000 plazas. En el caso de los apartamentos turísticos legales, la cifra ronda los 9.600, pero es muy superior si se suman los apartamentos ilegales.

El anuncio de Colau, que también incluye la revisión de las licencias sospechosas ya aprobadas como exigen los vecinos, ha sido acogido con prudencia y expectación por los empresarios turísticos. El único que, de momento, se ha manifestado a favor de extender la moratoria ha sido el sector de los apartamentos turísticos, muy fiscalizado por el consistorio y muy demonizado por los vecinos a raíz de las protestes que el mes de agosto del año pasado llenaron las calles de la Barceloneta contra los apartamentos ilegales y el turismo de borrachera. Desde PROHUT, la Asociación Profesional de Edificios de Viviendas Turísticas en Edificio Único, su presidente, Joan Sureda, ha considerado que la medida “será positiva siempre y cuando sirva para replantear cuál ha de ser el modelo turístico de la ciudad de acuerdo con los agentes implicados. Barcelona no puede ser un macroapartamento però tampoco un macrohotel, ni un macrohostal, ni un macroalbergue”.

Según constata PROHUT en un comunicado, es imprescindible una ordenación de la oferta turística actual y una legislación específica y adecuada porque “Barcelona ha crecido exponencialmente en los últimos años y la administración se ha quedado atrás”. En este sentido, Sureda no ha dudado a criticar veladamente a Trias por su incapacidad a la hora de gestionar los problemas de convivencia generados por la saturación turística y por haber limitado a los apartamentos turísticos las suspensiones de nuevas licencias de apertura. “Era injusto”, ha remarcado.

Por su parte, el presidente del Gremio de Hoteleros de Barcelona, Jordi Clos, se ha limitado a hacer un llamamiento a todos los partidos para encontrar “puntos de entendimiento y consensos”. Sobre la intención de Colau de redactar un plan estratégico, Clos se ha mostrado partidario de hacer una planificación turística a largo plazo, aprobada con un consenso amplio y con el apoyo de todas las partes implicadas.

Quién no ha dudado a descalificar la medida de Ada Colau y a acusarla de tener “tics autoritarios” ha sido el Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Felip Puig ha considerado la moratoria municipal un “error” y ha lamentado que se haya adoptado “de forma precipitada y unilateral” sin consultar ni al gobierno catalán ni a los agentes turísticos afectados, empezando por el poderoso lobby hotelero.

 

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