Teresa Crespo: “La caridad genera dependencia, la solidaridad, empoderamiento”

Teresa Crespo, presidenta de ECAS, pide a los partidos un pacto nacional para eradicar la pobreza. / Inés Falcone

Esperanzas muy medidas y decepción generalizada en el Tercer Sector catalán. Estas serían las sensaciones de las entidades, colectivos y activistas que esperaban algo más del Pleno específico sobre pobreza celebrado en el Parlament de Catalunya los días 12 y 13 de marzo. Teresa Crespo (Mataró, 1944), presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), organización que cobija a más de 90 entidades, es de las valientes que se tragó todo el debate parlamentario. Después de los tres días, si sumamos la jornada inaugural del lunes, lamenta que el Pleno excepcional terminara sin acuerdos excepcionales. Y mucho menos transversales.

Un president, seis consellers y cero nuevas medidas contra la pobreza

Un president, seis consellers y cero nuevas medidas contra la pobreza

Podríamos decir que el Pleno empezó con el pie izquierdo... La Mesa del Parlamento vetó la posibilidad de que fueran las entidades las que abrieran la sesión...

Sí, a pesar de que reglamentariamente parece que no se contemplaba la posibilidad, creemos que es una actitud corta de miras. No se ha valorado la oportunidad de compartir la visión cercana de la pobreza que tenemos las entidades, que somos las que a pesar de los recortes estamos a pie de calle. Nos preguntamos si realmente se quiere tomar conciencia de la severidad y dureza de la pobreza que vivimos.

¿Qué valoración hace del Pleno?

Parece que los parlamentarios no pueden superar las relaciones de partido y de pugna política constante. Desde el Tercer Sector pedimos que superaran el partidismo para lograr un consenso amplio que permitiera llegar a un pacto de país que, de momento, no ha llegado. Corremos el riesgo de que el debate haya sido una oportunidad perdida para lograr una sociedad más equitativa.

Las intervenciones plenarias han ido en la línea de describir una dilatada memoria de actividades que no han erradicado el problema. ¿Hay que ir un paso más allá?

Evidentemente se necesitan medidas diferentes ante una situación hasta ahora inexistente: más y más severa pobreza, y más desigualdad. Como solemos decir en ECAS, un país puede ser más pobre, pero no más desigual. Hay un gran pacto de país contra la pobreza con la participación de los políticos, agentes sociales, sector social y toda la sociedad. Y se necesitan acciones concretas, recursos suficientes y fijar medidas a corto, medio y largo plazo. Somos conscientes de que la actual situación no puede cambiar de un día para otro, pero tenemos que conseguir un compromiso con los objetivos y las fases claras, que sea posible y sostenible.

Aún así, hubo acuerdos en relación a becas comedor y pobreza energética.

Y lo valoramos, pero lamentamos la falta de respuesta unitaria al enorme reto que representa combatir los elevados índices de pobreza actuales. El gran pacto nacional contra la pobreza pendiente de firmar debería constituir un punto de partida consensuado que reflejara el compromiso de todas, repito, todas las fuerzas parlamentarias en la lucha contra las desigualdades.

Para usted y su organización, ¿cuáles hubieran sido los acuerdos de mínimos?

Habría consenso en varios frentes. El primero, garantizar unos mínimos vitales a todas aquellas personas que no disponen de los recursos suficientes para llevar una vida digna, tal y como dice el artículo 24.3 del Estatuto. Los 143 millones de presupuesto previstos en 2014 dejan todavía mucha gente en la calle. Hay que recordar que se había llegado a 170 millones al comenzar la crisis. Hay que ampliar partidas y definir prioridades. No podemos aceptar el argumento de que no hay dinero, porque dinero lo hay: en manos públicas destinados a otras cosas menos urgentes e incluso cuestionables -como el pago de los intereses de la deuda- y, sobre todo, en manos privadas e insolidarias que no sólo acumulan capital, sino que incluso incumplen su obligación de contribuir a las arcas públicas eludiendo y evadiendo impuestos. En segundo lugar, habría que asegurar becas comedor a todos los niños que lo necesiten. Tenemos 55.000 casos de malnutrición en Cataluña según el Síndic de Greuges. De unos 660 casos de deficiencias alimentarias, 95 son provocados por la pobreza extrema y 91 por enfermedad.

Ya me ha dicho dos...

Y tenemos más. Una tercera medida podría ser la cobertura de urgencias sociales en coordinación con los entes locales y entidades sociales. Ahora se prevén 4 millones de euros para luchar contra la pobreza y nos parece una cuantía insuficiente, teniendo en cuenta que hoy hay 342.000 hogares sin ninguna persona ocupada, una realidad que va en aumento. Además, y ya en cuarto lugar, habría que mejorar la normativa aprobada para garantizar la lucha contra la pobreza energética y asegurar unas condiciones mínimas a las personas vulnerables. Y por último, hacer un cambio en las políticas de vivienda, como una moratoria de desahucios en proceso, incrementar los pisos de inclusión y negociar con los bancos la recuperación de los pisos vacíos. Tenemos 6.972 personas sin hogar en Cataluña y 3.000 en Barcelona, ​​de las cuales 870 duermen en la calle. Los compañeros de la PAH contabilizan 500.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007 en España y 96.927 en Cataluña. La media de 2013 fue de 45 ejecuciones al día.

¿Tiene la sensación de que el proceso soberanista ha hecho olvidar a algunas formaciones la apuesta social?

Algún partido insistió durante el debate. No quisiéramos que tuviera razón, y por lo tanto, ahora es el momento de demostrar que se priorizan las políticas sociales, para responder a aquellos que habían pensado lo contrario.

¿Y ustedes que piensan? ¿Creen que un Estado propio resolvería, o ayudaría a resolver esta grave situación de desigualdad?

Desde ECAS no nos decantamos por ninguna posición. Representamos a más de 90 entidades y creemos que cada una debe tener la percepción de la situación que le parezca. Lo que sí pensamos es que se están produciendo una serie de situaciones entre el Estado y el Govern que complican la profundización en las políticas sociales y la obtención de recursos para impulsarlas. El objetivo de la Agenda de Lisboa nos decía que en 2020 deberíamos haber reducido un 10% la pobreza en la UE. Esto ya es una utopía. No debería ser tan complicado reducir un 10%. Pero, lejos de conseguirlo, ha aumentado las diferencias.

Los ricos se han hecho más ricos y los pobres, más pobres. En esto, España y Cataluña son iguales.

Los datos de los últimos dos años nos dicen que en España y Cataluña ha crecido la desigualdad. De hecho, España es el país europeo donde más han crecido las desigualdades en los últimos años: la diferencia entre los ingresos del 10% más ricos y el 10% más pobres es seis veces mayor. En situación de crisis, habría que repartir mejor la riqueza y no aprovechar esta grave coyuntura económica para incrementar la desigualdad. Lo que más nos preocupa a ECAS es que, según los datos de la encuesta de condiciones de vida, las últimas políticas sociales han beneficiado más a sectores acomodados que a los más necesitados. Hoy, los más pobres se encuentran al margen de las políticas sociales.

¿Cómo es posible?

Las familias más pobres están rechazando becas porque, a menudo, deben hacerse cargo de un copago que no pueden asumir. Es el caso de las becas comedor, por ejemplo. La administración asume una parte, pero la que recae en las familias no la pueden cubrir todos. Lo mismo ha ocurrido en la ayuda a las familias con hijos a cargo. Antes era una prestación garantizada y ahora hay un tope que depende de la renta. Podríamos hablar también de la creciente vulnerabilidad de los inmigrantes, de cómo se ha restringido el acceso al PIRMI o los límites de la ley de dependencia.

Los recortes han golpeado con dureza al Tercer Sector.

En los últimos tres años, el volumen de recortes del Gobierno ha sido muy importante. Se dice que el Presupuesto de 2014 iguala el de 2013, pero durante el último año se hicieron fuertes recortes encubiertos, porque no había presupuesto aprobado, sino prorrogado de 2012. ¿Por qué no hemos hecho acciones más decididas en contra de la economía sumergida? Se ha puesto el acento en las políticas de recortes y no se han centrado esfuerzos en hacer pagar más a quien más tiene. Programas sociales que estaban funcionando han desaparecido. La administración ha creído que lo que no era obligatorio, no era necesario hacerlo. Se han eliminado servicios complementarios en un momento en que las entidades nos encontramos con más gente necesitada de atención. Menos recursos, pero más demanda. Una contradicción que ha generado angustia, pero también solidaridad.

La línea que separa la caridad con la solidaridad a veces es muy delgada. Durante el pleno este binomio salió a la luz, ¿podría diferenciar una cosa de la otra?

La caridad no se preocupa de potenciar la autonomía de la persona, sino que el objetivo central es paliar una necesidad, con lo cual, puede crear dependencia. La solidaridad, en cambio, implica también una ayuda, pero desde una perspectiva igualitaria, desde la corresponsabilidad con la situación del otro. Diría que la caridad tiene una visión más individual, y la solidaridad más comunitaria. La caridad es la expresión de la limosna y genera dependencia; la solidaridad, empoderamiento.

En tiempos de crisis, ¿somos más solidarios?

Seguramente ya no vemos tan lejos a los pobres. A veces, los tenemos en casa, son familia o amigos cercanos. Quizás esto ha ayudado a sensibilizar más a la gente, al menos así lo hemos vivido nosotros. A menudo nos dicen que, a pesar de no poder dar mucho, hoy más que nunca quieren ayudar.

¿Hemos llegado a la situación actual por una falta de valores?

Sí, pero también de derechos. Antes de los valores, vienen los derechos. Y, hoy en día, el derecho a una vida digna se ha diluido en una economía capitalista que busca el beneficio individual. Debemos trabajar para que se hagan economías por el bien común. Sino, difícilmente tendremos una sociedad justa, equitativa y donde la pobreza no vaya aumentando. Confiamos que la próxima tramitación parlamentaria de la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana confirme la voluntad del Gobierno de dar cumplimiento al artículo 24.3 del Estatuto.

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