La invasión turística dispara la apertura de albergues juveniles en Barcelona
Hoteles, hostales, apartamentos turísticos y ahora también albergues juveniles. La proliferación en Barcelona de estos establecimientos se ha disparado este último año en paralelo al incremento del turismo gracias a un resquicio jurídico que pone en manos del Consell Comarcal del Barcelonès la concesión de las licencias de apertura. Los distritos más afectados son Ciutat Vella y Eixample por su proximidad a los monumentos más emblemáticos y a las playas, y la mayoría de nuevos albergues se han abierto en locales de fincas con vecinos provocando los primeros problemas de convivencia.
Según la Direcció General de Joventut, en Barcelona hay actualmente 108 albergues para jóvenes. De acuerdo con la definición que la Generalitat hace de estos establecimientos, son “instalaciones que se destinan a dar alojamientos, sea temporalmente o permanentemente, como lugar de paso, estancia o de realización de una actividad a jóvenes de forma individual o colectiva, y también con determinadas condiciones, a familias, adultos y grupos de niños”. Se trata de establecimientos que ofrecen una litera en habitaciones compartidas y una ducha a precios relativamente económicos en comparación con el resto de la oferta turística de la ciudad.
Pero la realidad es diferente. La actualización de la normativa que regula la apertura de nuevos alojamientos turísticos en Catalunya y que establece unas condiciones muy concretas en lo que se refiere a la superficie de las habitaciones y de las zonas comunes que han de tener hoteles, hostales y apartamentos turísticos, ha hecho que algunos propietarios hayan optado por la picaresca de pedir la solicitud de apertura como albergue de juventud aunque en la práctica su oferta esté enfocada únicamente al turismo.
Los albergues de juventud no tienen que cumplir los requisitos exigidos por la Generalitat al resto de establecimientos de alojamiento turístico porque no están afectados por el decreto del gobierno catalán y no están incluidos en el registro oficial del Departament de Turisme. Dónde sí que figuran es en la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya y la tramitación de su actividad económica la rige el decreto que regula las instalaciones destinadas a actividades para niños y jóvenes. El Consell Comarcal del Barcelonès tiene delegadas las competencias de la Generalitat en este ámbito y es el encargado de otorgar las autorizaciones de funcionamiento, de inscribir el establecimiento en el registro, de inspeccionar las instalaciones y de incoar expedientes sancionadores en caso de incumplimiento de los requisitos.
En la última audiencia pública del distrito del Eixample, los vecinos reclamaron al regidor del distrito, Gerard Ardanuy, la paralización inmediata de los nuevos permisos de apertura de albergues de juventud en la ciudad al considerar esta actividad “incompatible” con el descanso de los vecinos. El presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Lluís Rabell, exigió a Ardanuy una moratoria inmediata al considerar que “la coexistencia de estos negocios turísticos en viviendas es imposible”.
Sin embargo, la demanda vecinal no ha tenido, de momento, ningún éxito. El regidor del Eixample recordó que el Ayuntamiento de Barcelona no puede aplicar una moratoria porque no tiene ninguna competencia sobre los albergues para jóvenes. A pesar de todo, Ardanuy avanzó que el consistorio barcelonés ha reclamado a la Generalitat el traspaso de la competencia con la intención de aplicar una suspensión de licencias para poner un poco de orden y evitar los abusos.
Las entidades vecinales no son las únicas que se quejan. La Associació Catalana d’Albergs Turístics (Acatur) también ha denunciado la existencia de albergues ilegales. Según esta asociación, que representa 33 albergues mayoritariamente de Barcelona, el aumento del turismo ha hecho que en Barcelona haya ahora cuatro camas ilegales por cada cama legal. Su principal atractivo es que ofrecen unos precios tan bajos que están reventando el mercado y pueden pasar hasta tres años antes de que una inspección les obligue a cerrar. Además, se da el caso que las centrales de reserves no les piden ninguna acreditación oficial.
