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Amnistía Internacional pide ayuda para blindar los derechos humanos en el nuevo Estatuto

La ONG hace un llamamiento a los ciudadanos para que participen en la encuesta online de la Junta solicitando el derecho a la salud y a la vivienda

También quiere que el futuro texto recoja los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como de las mujeres y del colectivo LGTBI

Foto: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional

Uno de los objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto a la futura reforma del Estatuto de Autonomía es que los ciudadanos pueden realizar sus propuestas y para ello ha abierto una encuesta online. Es el motivo por el que desde Amnistía Internacional han iniciado una campaña proponiendo a los ciudadanos que respondan a este sondeo con las recomendaciones de esta organización para proteger de manera más eficaz los derechos humanos el futuro texto estatutario.

De esta forma, y sobre el objeto de la reforma, AI propone a los particulares que incluyan en la encuesta el objetivo de aumentar las garantías de protección de los derechos humanos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda, el derecho al acceso a la salud, así como los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes y de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo. De igual forma, solicita la inclusión del principio de indivisibilidad de los mismos.

En cuanto al derecho a la salud, exige que se incluya como universal, que “pertenece a todas las personas, con independencia de su situación administrativa”. Y sobre el derecho a la vivienda, que “no está suficientemente garantizado por la falta de precisión y la inadecuada protección de este derecho en la Constitución y otras leyes”, urge “dejar claro en el Estatuto de Autonomía el contenido mínimo del mismo, y que sea reconocido como un derecho subjetivo y justiciable".

Amnistía Internacional también considera que las comunidades autónomas han de gestionar los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo y facilitar acceso a la información respecto de los recursos sociales específicos para este colectivo. Asimismo, el futuro texto “ha de garantizar la acogida de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo” mediante una atención integral que les permita “acceder en condiciones de igualdad a unas condiciones de vida básicas”, con especial atención a grupos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata, niñas y niños, personas con algún tipo de discapacidad y víctimas de tortura y trauma, entre otros.

Incorpora igualmente la educación en Derechos Humanos como “elemento imprescindible” para su defensa y respeto, y para ello pide que el currículo educativo incluya contenidos obligatorios sobre esta cuestión: igualdad de género, diversidad afectivo-sexual y no discriminación, así como contenidos que abordan explícitamente la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos.

Derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y de memoria histórica

Para esta organización, la futura reforma debe servir para precisar los derechos de las mujeres a la igualdad efectiva y a no sufrir discriminación alguna por razón de su sexo en los ámbitos laboral, social, cultural, económico y político, entre otros. Asimismo, propone dejar claro en el texto que los poderes públicos adoptarán todas las medidas necesarias para que la maternidad no limite su promoción laboral y profesional y para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.

De igual forma considera que deben incluirse los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) a no sufrir discriminación alguna por razón de su orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, llamando a su protección efectiva especialmente en aquellos supuestos en que sean víctimas de delitos de odio o sufran “trato discriminatorio, vejatorio o degradante".

Las recomendaciones a los ciudadanos incluyen la incorporación en el Estatuto del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de aplicar políticas públicas que contribuyan al reconocimiento institucional y a la rehabilitación de los derechos de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo, de conformidad con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Finalmente, sobre la garantía de los derechos, Amnistía Internacional propone incluir los principios de no regresividad (ni retrocesos ni recortes), exigibilidad, justiciabilidad, universidad e indivisibilidad. “El Estatuto de Autonomía ha de aportar iguales garantías de protección a todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y garantizar la universalidad de los mismos”, concluye.

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