Castilla-La Mancha quiere incluir en la Constitución su norma “pionera” de tutela a personas con discapacidad
- La nueva norma, que según ha dicho “justifica toda una legislatura”, regula un “plan de futuro” para estas personas cuando sus familiares ya no estén
Si hay una norma que el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho especialmente suya desde el inicio de su legislatura es la futura Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad. El proyecto ya ha sido remitido a las Cortes regionales para su tramitación y Emiliano García-Page ha aprovechado para volver a defender esta regulación, que permitirá a las personas que tienen limitada su autonomía para tomar decisiones disponer de un “plan de futuro” cuando sus familiares o tutores ya no estén. Uno de los objetivos principales es evitar la “incapacitación” y que puedan desarrollar su vida conforme a sus preferencias y deseos vitales.
Emiliano García-Page ha vuelto a hacer una encendida defensa de esta ley “pionera en todo el país” y “la más social” de su Ejecutivo hasta el punto de que ha subrayado que solo con eso “ya se justifica toda una legislatura”. Tanto es así, que ha mostrado su disposición a “luchar” para que esta protección no solo sea incluida en el Estatuto de Autonomía de la región, sino también en la Constitución cuando “sea posible” abordar su reforma. “Es un proyecto de ley que puede justificar toda una vida política y desde luego toda una legislatura”, ha enfatizado.
A este respecto, ha puesto esta normativa como ejemplo frente a quienes argumentan que las leyes son “frías” y ha resaltado que con ello se conseguirá un consenso social que “vaya abriendo brecha en España” como sucedió cuando Castilla-La Mancha elaboró la primera legislación en Europa contra la violencia machista. También, supone, ha añadido “un salto cualitativo de fondo sobre la Ley de dependencia que ya hizo que España estuviera a la cabeza en derechos de las personas con mayor necesidad”.
“Esta ley le dice a los familiares de estas personas que pueden vivir tranquilos porque cuando llegue el momento, los deseos de sus hijos serán un derecho, no una posibilidad, algo que incluso será exigible ante los jueces, sin excusa presupuestaria ni de recursos públicos”, ha remarcado. Y ha finalizado avisando de que la norma está configurada para que “no haya ningún gobierno, incluso aquellos amantes de los recortes, que pueda tocar a las personas con enorme discapacidad en el futuro”.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social ha detallado los pormenores del proyecto de ley. Ha recordado que hoy en día las personas con discapacidad gozan de una gran esperanza de vida y sobreviven a sus padres y que de ahí proceden las garantías de los planes de futuro de estos ciudadanos. También ha referido que el texto es fiel a los principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que España se adhirió en 2008. Se constituye así como un instrumento jurídico donde se otorga a las personas con discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, daño cerebral o enfermedad mental, el derecho a planificar anticipadamente y en condiciones de igualdad cómo quieren que sea su vida.
¿Cómo se hará? Con los denominados “planes personales de futuro” realizados con el asesoramiento, orientación y mediación de un profesional de referencia, quien también establecerá un acompañamiento en el proceso de inclusión de la persona y en la mejora de su calidad de vida. Estos planes se convierten en “declaraciones de voluntad” de las personas con discapacidad y sus familias para garantizar que serán tenidos en cuenta en la medida de lo posible por los profesionales que elaboren el grupo de apoyo. En los mismos se podrán incluir algunas (o todas) las áreas referidas a opciones residenciales, de formación y empleo, o de ocio y tiempo libre. Sus opciones de salud, legales y económicas también podrán ser incorporadas a esta “declaración de voluntad”, y todas ellas deberán ser tenidas en cuenta por los profesionales que vayan a participar en la atención cuando falten sus apoyos familiares.
Uno de los objetivos es retrasar el proceso de incapacitación
“Pretende ser instrumento de apoyo retrasar en la medida de lo posible el proceso de incapacitación”, ha subrayado la consejera y su novedad radica en no existe ninguna similar en todo el territorio español. Ejemplos muy parecidos solo existen en Suecia, en Irlanda y en Canadá.
En Castilla-La Mancha hay actualmente más de 140.000 personas con un grado de discapacidad del 33% o superior (de carácter físico, psíquico o sensorial) y dentro de las mismas, 36.000 personas se verán afectadas por la ley. En principio, las discapacidades físicas o sensoriales no están incluidas por tener estas personas capacidad para tomar decisiones, pero en la norma se contempla la posibilidad de la misma tutela si vieran limitada esa autonomía para decidir sobre su vida.
Una vez finalizada su tramitación parlamentario, la Ley de Apoyo Garantizado contará con 5 millones de euros para su puesta en funcionamiento en 2018, principalmente para la creación de las unidades de orientación y una oficina regional de registro de esos planes de futuro. En total, se generarán más de 400 plazas de atención especializada de todas las modalidades y otras 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental. Hasta el momento, ya se han constituido grupos previos de trabajo de las entidades tutelares -encargadas del desarrollo de la futura ley-, así como un informe sobre su aplicación.
