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¿Costará más dinero sacarse el carné de conducir en Castilla-La Mancha?

Las autoescuelas piden cumplir compromiso con examinadores para evitar huelga

Alicia Avilés Pozo

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Alrededor de 5,6 millones de españoles podrían verse “seriamente afectados económicamente” a la hora de obtener el carnet de conducir si finalmente entra en vigor el Real Decreto impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT) por el que se obligaría a los alumnos a recibir ocho horas de formación presencial en las autoescuelas para acceder al examen teórico. Se trata de una medida que por ahora ha sido aplazada debido a la polémica causada. De hecho, estas cifras de afectación las ha elaborado en un informe la Plataforma de Autoescuelas Digitales (PAD).

Este colectivo apuesta desde su inicios por un modelo de enseñanza basado en la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se vería afectada por esta medida. Ha analizado la distribución geográfica de todas las autoescuelas en España para calcular los costes de desplazamiento y, a continuación, el impacto sobre la competencia en el sector de las autoescuelas y sus efectos sobre el consumidor. 

“El requerimiento de formación presencial promovido por la DGT parece haberse planteado sin tener en cuenta el impacto económico que supondría para aquellos residentes en municipios que no cuentan con autoescuela, ni los efectos negativos que podrían derivarse desde el punto de vista de la competencia ya que la medida perjudicaría el poder de decisión de los consumidores”, comenta Miguel González-Gallarza, portavoz de la PAD. 

El coste de desplazamiento + el tiempo dedicado

Para calcular el potencial coste de los usuarios se ha sumado el coste de desplazamiento en medios públicos y el tiempo dedicado al trayecto. Según el estudio, el sobrecoste total medio sería de 191,09 euros por alumno y curso -de cuatro sesiones de dos horas cada una -; lo que, aplicado al conjunto de residentes en municipios sin autoescuela que obtuvieron el carnet en 2018, sería de más de 11,5 millones de euros anuales en la economía española. Esta cantidad podría duplicarse hasta 382,18 euros por individuo en caso de que las sesiones formativas tuvieran solo una hora de duración, lo que dependería de la oferta de cada una de las autoescuelas. 

La localización de las autoescuelas responde a la distribución demográfica que caracteriza a España. Las autoescuelas se sitúan sobre todo en núcleos urbanos de más de 5.000 habitantes mientras que la presencia de autoescuelas es muy escasa en los municipios de menos de esa población. De esta forma, las regiones más afectadas serían Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla y León, en las que se produciría un mayor impacto económico negativo al tener un alto número de municipios con menos de 5.000 habitantes.

En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay una autoescuela cada 200 kilómetros cuadrados, y si a la baja densidad se añaden las dificultades orográficas que dispersan la población, también cabe destacar que en esta comunidad autónoma el acceso a una autoescuela tendría una complicación ampliada en un 20%.

Además de la distancia y el tiempo empleado para recorrerla, el informe apunta que hay que tener en cuenta que muchos de los recorridos no pueden realizarse mediante transporte público, por lo que el estudiante del permiso de conducción no puede desplazarse de manera autónoma hasta la autoescuela de destino y requerirá la ayuda de alguien con medio de locomoción propio y por tanto con permiso de conducir. 

Por último, sumando la diferencia de precios existente entre las autoescuelas presenciales y las digitales al sobrecoste de desplazamiento, esta plataforma estima que la exigencia de presencialidad para la formación vial teórica podría producir un sobrecoste de casi 450 euros por alumno. En el conjunto del mercado de las autoescuelas, esta pérdida de rentas de los consumidores podría ascender a casi 27 millones de euros anuales, alrededor del 7% del mercado español de este sector. 

En definitiva, los resultados de este informe ponen de manifiesto que la medida que prevé imponer la DGT “no está justificada desde un punto de vista económico” porque produciría un incremento en los costes a la hora de sacarse el carné de conducir, perjudicando en mayor medida a los habitantes de aquellas regiones más rurales y despobladas, la denominada “España vacía”.

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