Absuelto de falta grave por emitir informes falsos el exjefe de la Guardia Civil del puesto de Paiporta que habló de “partirle las piernas” a la alcaldesa

Eduardo Aranda, el exjefe de la Guardia Civil en Paiporta que habló de “partirle las piernas” a la alcaldesa de la localidad valenciana, Isabel Marín, ha dejado un reguero de conflictos con sus subordinados a lo largo de su trayectoria. Destinado por la dirección general del Instituto Armado a la Comandancia de València, Aranda se ha librado de una sanción por una falta grave tras haber sido acusado por uno de sus subordinados de emitir informes o partes del servicio que no se ajustaban a la realidad.

La sección primera del Tribunal Militar Central ha estimado el recurso del guardia civil contra la sanción impuesta por el general jefe de la zona de Valencia, de cinco días de haberes con suspensión de funciones, al considerar que los hechos considerados probados no son constitutivos de la falta grave por la que había sido sancionado.

El teniente acusó a Aranda de haber confeccionado un Informe Personal de Calificación del Guardia Civil (IPECGUCI) con una observación que rezaba: “Se le ha prevenido sobre la responsabilidad en el cumplimiento de órdenes por parte del Jefe de la Compañía y el Adjunto en más de una ocasión”. El jefe del destacamento de Paiporta solicitaba al teniente en varios correos electrónicos la subsanación de “reiteradas deficiencias relativas a la grabación de hechos en el Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO), la aplicación del Instituto Armado para registrar la información diaria del cuerpo. 

El teniente contestó por e-mail “dando cuenta de la subsanación de los errores o tratando de justificar algunos de ellos. En el cruce de correos, el jefe reprochaba ”en letra de tamaño significativamente grande“ que los errores en el SIGO continuaban produciéndose.

La sentencia recuerda que “para que la conducta infractora pueda ser susceptible de reproche y sanción, ha de concurrir dolo o culpa en el sujeto al que se le imputa”. Así, en el caso del informe, “los hechos declarados probados no son constitutivos de la falta grave por la que ha sido sancionado el demandante”, concluye el juez militar, quien destaca que “hay constancia de respuesta expresa por parte del teniente a algunas de las prevenciones que le dirigieron los mandos de la Compañía de Paiporta”. “Esa hipotética falta de comprobación del cumplimiento de sus órdenes tal vez podría ser achacarle al recurrente bajo otro título de imputación, pero nunca como constitutiva de falta grave”, agrega. 

Por otro lado, la misma sección primera del Tribunal Militar Territorial ha estimado el recurso de un agente de la Comandancia de Paiporta sancionado por Aranda por falta leve a consecuencia de una supuesta “falta de respeto o réplicas desatentas a un superior”, que comportaba la pérdida de dos días de haberes con suspensión de funciones.

En este caso, la resolución sancionadora “se realizó una vez producida la caducidad del procedimiento”. Así, las actuaciones se iniciaron el 14 de marzo del 2019 y la notificación al agente fue el 16 de mayo, con lo cual el expediente superó en su tramitación el plazo de dos meses fijado por la normativa de la Guardia Civil. 

El guardia civil ha sido denunciado en diversas ocasiones por sus subordinados por abuso de autoridad y acoso y fue imputado por haber frenado una investigación por presunta estafa con mascarillas durante el confinamiento.

Aranda fue grabado en junio de 2018 en una reunión con una decena de mandos del Instituto Armado diciendo en referencia a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Marín: “Para una vez que tenemos una oportunidad de haberle partido la cara... Había que haber entrado en el Ayuntamiento y haberle partido la cara. Yo no sé por qué a veces yo digo las cosas y no se me hace caso”. Incluso fue más allá y se refirió directamente a “partirle las piernas” a Marín. La investigación fue archivada por la fiscal; Aranda alegó entonces que había utilizado “jerga futbolística”.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ordenó la apertura de una información reservada sobre el mando en medio del malestar generado tras la revelación de sus afirmaciones durante una reunión, en las que también habla de “reventar el Ayuntamiento”, una rápida respuesta que Martín agradeció, al igual que el respaldo obtenido desde la Delgación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La alcaldesa pidió amparo a la máxima responsable del Instituto Armado y al ministro Grande-Marlaska tras conocerse los hechos: “Esta persona no puede seguir llevando pistola”.