El Ayuntamiento de Sant Jordi, en el Baix Maestrat, entierra el plan que preveía un campo de golf y 2.200 viviendas

Poco a poco, el territorio valenciano va enterrando los grandes proyectos urbanísticos asociados a la burbuja inmobiliaria. El Ayuntamiento de Sant Jordi, una localidad castelllonense perteneciente a la comarca del Baix Maestrat, ha enterrado el polémico Programa de Actuación Integrada (PAI) aprobado en la época del PP y que preveía la construcción de un campo de golf de casi 200.000 metros cuadrados a pesar de los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El alcalde del PP, Iván Sánchez Cifre, ha rescindido la condición de agente urbanizador a Sant Jordi del Maestrazgo Golf SL, una firma instrumental dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios y actualmente en liquidación.

El primer edil, según ha publicado el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), también ha acordado iniciar los trámites y el procedimiento administrativo para modificar su Plan General y transformar el sector urbanístico de Sant Jordi Golf en suelo urbanizaba sin ordenación pormenorizada. La decisión ha sido notificada a la mercantil, a la que no se le incautará ni se le reclamarán daños y perjuicios al no existir garantía de promoción del PAI.

La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó el plan con el voto desfavorable de la CHJ por la falta de recursos hídricos. El PAI de Sant Jordi fue uno de los tres campos de golf proyectados que se sumaban al ya existente de la urbanización Panorámica, inaugurado en 1994. La actuación urbanística suponía la urbanización de casi dos millones de metros cuadrados y la construcción de 2.200 viviendas, de las que un 10% debían ser de protección oficial. El campo de golf abarcaba una superficie de 192.579 metros cuadrados.

El informe desfavorable de la CHJ señalaba que el proyecto Sant Jordi Golf “no respeta la ordenación propuesta del dominio público hidráulico, no deja expedita la zona de servidumbre y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos”. La Asociación de Ciudadanos de Benicàssim, integrada en el colectivo Abusos Urbanísticos No, denunció ante la Fiscalía la decisión de la Generalitat Valenciana de aprobar el PAI con los informes desfavorables de la CHJ.