Blindad las instituciones
Las corporaciones, organizaciones, clubs o fundaciones son entidades intermedias de la sociedad. Estas asociaciones, administración autónoma o periférica, tienen su propia catalogación legal como Administración Institucional. De acuerdo con la Ley y a consecuencia de su aplicación. Adoptan distintas figuras eufónicas: comité, consejo, sindicatura, cámara o colectivo. Para enmascarar que se encuentran en un espacio intermedio entre los poderes públicos y la privacidad que pretenden. Estas entidades, deseadas por los políticos, son la urdimbre social que ha de proporcionar consistencia al país. Proteger las instituciones es obligación ineludible para la Generalitat Valenciana..
ANULACIÓN
A finales del siglo XVIII, en pleno fervor de la Ilustración, se creó la Real Sociedad de Amigos del País de València—ahora del País Valencià—Asociación que se considera antecedente de las Cámaras de Comercio. Y dentro de una “política estatal”, tal como recogen las crónicas. Los poderes públicos necesitan apoyarse en estas entidades y propician su existencia. Según las circunstancias, olvidan las competencias y la responsabilidad de blindar las instituciones ante la avidez de quien las ambiciona. Para manipularlas y llegar a su anulación. La versión actual serían las Cámaras Oficiales de Comercio, que existen por Ley y cuyas competencias de tutela y control las tiene la Generalitat. Pero las patronales (CEV) y los sindicatos( CC.OO y UGT, de facto), el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la de la Innovación(dirigida por Andrés García Reche), las sindicaturas de Comptes (Vicent Cucarella) y de Greuges( José Cholbi, preboste del PP), el Comité Económico y Social (Carlos Alfonso) o el Consell Jurídic Consultiu(Margarita Soler) forman parte de la Administración Institucional. Cuya peculiaridad les permite estar en tierra de nadie. Con la tutela, la asistencia y la financiación que les proporcionan las Administraciones Públicas. Central y autonómica, ambas forman parte del Estado Español.
UNA COSA U OTRA
El problema asoma cuando una institución, del calibre de Feria València, propiciada, amparada, gobernada y financiada por las administraciones públicas, pretenden que sea privada. Privados fueron los responsables que salieron indemnes de la debacle. La Cámara Oficial de Comercio, según la Ley de bases de 2015 es contradictoria.Podría ser una cosa u otra: oficial o privada, pero no ambas cosas a la vez. No se conoce ninguna entidad privada, que sea “oficial” y creada por Ley –las Cámaras de Comercio, desde 1886 por decreto de la Reina María Cristina-- ni una pública que constituya sociedades anónimas. La actual legislación proclamada por el rey Felipe VI en 2015 es válida en todo el Reino de España y para las cinco Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana: Alcoi, Alicante, Castelló, Orihuela y València.
ADSCRIPCIÓN
Es grave falsear verdad en textos definitorios de las Cámaras. En ellos se insinúa que, desde el decreto de diciembre de 2010, las Cámaras de Comercio son entidades privadas. Falso. Que las empresas para pertenecer a ellas hay que inscribirse voluntariamente. Falso. Según determina el artículo 7 de la Ley de 2015: “Las personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o navegación formarán parte de las Cámaras Oficiales de Comercio…. de oficio”. Todas las empresas radicadas en el ámbito de cada Cámara pertenecen a ella. Cada corporación está obligada a confeccionar un censo de todas las empresas de su demarcación para que se sepa que necesariamente han de pertenecer a su Cámara de Comercio. Del mismo modo que todo ciudadano ha de estar empadronado en un municipio. Las Cámaras están en un rango de representación superior y diferente al de las patronales. Las Cámaras representan a la totalidad de las empresas. Las asociaciones y sindicatos a sus afiliados. Y si perciben subvenciones fijas en los presupuestos de la Generalitat, son asimismo Administración Institucional.
OTRA GALAXIA
Los valencianos flotamos en otra galaxia movilizadora en la que, sin ser ajena a la defensa de la justicia y de las señas de identidad, permanece alejada del soberanismo y de la resistencia violenta en Catalunya y en Euskadi. No se puede obviar que ambos fenómenos político-sociales han supuesto un desafío para el Estado español. Prolongada amenaza para 47 millones de habitantes repartidos en más de 8.000 municipios por toda España. Se puede conseguir la independencia de territorios, pero no es posible alcanzar la soberanía sobre la penuria, las expectativas limitadas-- que explicó Paul Krugman--, la precariedad, la desigualdad, la incultura, la desinformación o la escasez de recursos para afrontar el desarrollo integral y permanente de los pueblos. Blindar las instituciones y preservarlas, sin desvíos en su misión, es labor primordial de la Generalitat Valenciana progresista que preside Ximo Puig.
POLÍTICA EMPRESARIAL
La semana pasada viajó el president de la Generalitat, Ximo Puig a Barcelona, invitado a la entrega de premios de la gran patronal catalana, Foment del Treball que preside, Josep Sánchez Llibre. Cuya trayectoria profesional es eminentemente política. Al president del Consell le acompañó el de la patronal autonómica valenciana, CEV, Salvador Navarro. Únicamente reseñar la escasa repercusión de este desplazamiento, auspiciado por el creciente interés de las fuerzas económicas catalanas para aunar esfuerzos y acciones con el fin de conseguir, por ejemplo, el ferroviario Corredor Mediterráneo. ¿Meta política o económica?
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