Castellón celebrará un pleno extraordinario para acordar medidas que eviten la corrupción
En un plazo máximo de 15 días, el Ayuntamiento de Castelló celebrará un Pleno extraordinario sobre corrupción. La propuesta fue de Castelló en Moviment y, tras unos días de negociaciones, todos los partidos menos el PP la han apoyado. En la sesión, los partidos intentarán tomar medidas que eviten que vuelvan a producirse irregularidades derivadas de los contratos de servicios públicos.
El documento por el que se convoca el Pleno, registrado el lunes, recuerda que varios “importantes contratistas del Ayuntamiento de Castelló asumieron las culpas por haber financiado de forma ilegal las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP”. Entre ellos, se cita al administrador del grupo Lubasa, el de Facsa y el de Telecso.
Controlar los servicios públicos
Los partidos propondrán en el Pleno la creación de un órgano municipal para “el control, vigilancia y seguimiento de los contratos públicos de mayor cuantía para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en sus pliegos”. Se trata, según explica el documento, de evitar el trato de favor y la laxitud en el control del cumplimiento de los contratos públicos por parte de las empresas adjudicatarias.
“Es fundamental que pensemos políticas para que el saqueo público de las administraciones que se cometió en los años de gobiernos del Partido Popular no se pueda volver a repetir; y consideramos que el Pleno es el espacio idóneo para tener ese debate”, explicó Xavier del Señor, portavoz de Castelló en Moviment, en una nota de prensa emitida el lunes.
Cambios en el Consell Social
Además de la creación de este órgano, los partidos convocantes acordarán en el Pleno pedir un cambio en el Consell Social para que sean cesados temporalmente “aquellos miembros que estén siendo investigados en casos de corrupción”. Según afirma el documento de convocatoria, dos exalcaldes supuestamente relacionados con casos de corrupción participan como consejeros natos en este órgano.
El primero es Antonio Tirado, primer edil entre 1979 y 1987 por el PSOE y ahora imputado en el caso Banco Valencia. El segundo es Alberto Fabra, del PP, alcalde entre 2005 y 2011, y ahora “salpicado por las declaraciones del exsecretario general del PP”, Ricardo Costa, en el juicio del caso Gürtel.
