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Compromís acusa ante el fiscal al número dos de Mazón en la Diputación de Alicante de falsificar certificados de los fondos opacos del PP

El vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón.

Lucas Marco

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Acabadas las vacaciones de verano, Compromís vuelve a la carga contra el líder del PP valenciano, Carlos Mazón. Gerard Fullana, portavoz de la formación valencianista en la Diputación de Alicante, ha presentado una ampliación de su denuncia inicial ante la Fiscalía Anticorrupción por los supuestos gastos irregulares del grupo popular en la institución provincial. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Eduardo Dolón, vicepresidente primero de la Diputación y alcalde de Torrevieja, “habría estado firmando una serie de certificados cuyo contenido no se ajusta a la realidad, con el fin de evitar la fiscalización de las transferencias realizadas desde el grupo de la Diputación de Alicante al Partido Popular y, consecuentemente, devolver las cantidades ingresadas que se habrían dispuesto de forma irregular”. 

Además, la denuncia recuerda que la institución provincial, en la que gobierna Mazón con el apoyo de Ciudadanos, “contrató una auditoria sin competencia para hacerlo, mediante el mecanismo de contrato menor, lo que permitió que el gobierno eligiese discrecionalmente a la empresa auditora”. Aun siendo una firma que ya había trabajado previamente para administraciones municipales controladas por los populares, la auditoría reclamaba a los populares la devolución de 45.000 euros en gastos irregulares en comidas, desplazamientos y teléfono (a pesar de que la Intervención rebajaba la cifra a 3.000 euros). 

“Aún más grave”, abunda la denuncia de Compromís,, se contrató la auditoria para fiscalizar unos fondos sobre los que ya recae un procedimiento judicial “a efectos de usurpar las funciones propias del Tribunal y pretender dejar sin objeto el litigio”. Aunque Fullana considera que la auditoría avala gastos presuntamente irregulares, también señala que sus conclusiones confirmárnosla que los fondos “fueron destinado a financiar ilegalmente al partido”.

A Compromís le “llama especialmente la atención” el ejercicio del 2016, en el que supuestamente el grupo popular de la Diputación de Alicante sufragó el 99,58 % de cada uno de los gastos indivisibles derivados de actividades conjuntas. “En concreto, de unos gastos que ascienden a un total de 156.438,42 euros, el PP pagó 649 euros, mientras que el grupo de la Diputación pagó 155.788,61 euros”, denuncia. “Y no solo eso”, apostilla, “sino que pretendían aplicar a este ejercicio una transferencia por importe de 16.615,55 euros”. 

“Intromisión ilegítima” en el Tribunal de Cuentas 

El letrado de Compromís también ha enviado un escrito al Tribunal de Cuentas en el que denuncia que la jugada de Mazón y Dolón de externalizar la auditoría supone una “intromisión ilegítima en el procedimiento” abierto en el organismo que vela por las cuentas públicas. El escrito al Tribunal de Cuentas, al que también ha tenido acceso este diario, cuestiona que la auditoría externa avale gastos de telefonía por 50.255 euros: “No hay razonamiento alguno que justifique que los importes en concepto de telefonía deban ser tenidos como justificados”, señala. “O lo que lo es lo mismo”, agrega Compromís, “no hay razonamiento alguno en el informe definitivo que explique por qué un gasto, que no se ha podido identificar como elegible, no forme parte de los gastos no justificados”.

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