Gastos irregulares en comidas, teléfono y desplazamientos: una auditoría cuestiona el desvío de los fondos del PP en la Diputación de Alicante

Casi 29.000 euros sin justificar en comidas y desplazamientos. Esta es la cifra, que ha detectado la auditoría encargada por la Diputación de Alicante, usurpando las competencias del Tribunal de Cuentas, que se gastó el PP de la subvención electoral. Un informe, adjudicado a dedo y con el que la diputada provincial de Hacienda ha mostrado su disconformidad, acredita que la Corporación provincial presidida por Carlos Mazón ha financiado irregularmente al PP desde hace seis años, según Compromís, la formación que denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

La auditoría de Faura-Casas acredita que el PP debe devolver a las arcas públicas 45.000 euros de los cerca de 446.000 de la subvención pública que ha ingresado en cuentas del partido entre 2015 y 2018. La consultora Faura-Casas considera que la información que han facilitado el PP “no permite identificar la vinculación del grupo popular de Alicante con los gastos de desplazamiento y comidas de trabajo, por lo que la falta de justificación de los gastos hace que tengan que ser soportados” por el partido. 

La auditoría, hecha pública por Compromís este jueves, señala que con los fondos del grupo popular se han financiado gastos del partido “cuyo porcentaje de financiación varía de unos ejercicios a otros y sin que dicho porcentaje esté establecido a partir de argumentos y razonamientos que permitan verificar la razonabilidad del porcentaje aplicado”.

El informe también alude a los gastos de teléfono de miembros del PP de Alicante abonados con fondos de la subvención pública. Se trata de “líneas fijas, ADSL (...) y gastos de teléfono que no tendrían la consideración de gastos comunes e indivisibles al incluirse las líneas particulares de miembros del PP que no tienen relación directa o indirecta con el grupo popular de [la] Diputación de Alicante”.

Los auditores tuvieron que desplazarse a la sede del PP en Alicante para analizar la documentación contable del partido. El informe lamenta que la consultora no pudo obtener una copia de los documentos contables: “Únicamente disponemos como soporte de nuestro trabajo de las anotaciones y papeles de trabajo elaborados por el equipo auditor”.

El traspaso de los fondos al partido se aprobaba por parte de los miembros del grupo popular en las reuniones, de las que el informe ha consultado las actas, un dato relevante de cara a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la denuncia de Compromís.

Así, estos acuerdos supusieron el traspaso del 80% de los fondos percibidos por el grupo popular en la Corporación provincial, con el remanente de fondos no gastados del ejercicio anterior o por una cantidad concreta, “pero no consta”, apostilla el informe, “que el importe estuviese establecido a partir de estimaciones de un porcentaje de gastos que en función de criterios o razonamientos previos determinasen los gastos imputables al grupo popular de Diputación del total de los gastos conjuntos realizados por el PP de Alicante”.

Los auditores rechazan las alegaciones del PP

La auditoría también lamenta que la información que proporcionó el PP “no permite identificar los gastos que corresponden a uno u otro concepto, por lo que no podemos identificar los gastos que deben considerarse como elegibles de este concepto”. Además, los consultores de Faura-Casas recuerdan que “no son gastos elegibles los costes de teléfono de líneas particulares de los miembros del PP de Alicante que no tengan relación directa o indirecta con el grupo popular de la Diputación de Alicante”.

En sus alegaciones, el vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, asegura que los miembros del grupo popular “cumplieron estrictamente con las normas aplicables a su organización, funcionamiento, gestión económica, control contable y transparencia”. Dolón agrega que “no existe ninguna norma que establezca el censo de gastos elegibles o no para la actividad política” y alude a la “libérrima voluntad del grupo político” para determinar el importe de la transferencia a la cuenta del partido. 

Sobre los gastos en comidas, Dolón argumenta que existen facturas de hasta una decena de establecimientos de hostelería, que enumera el escrito de alegaciones, en los que los integrantes del grupo popular pudieron degustar sus platos, “sin que puedan ser excluidas de los gastos elegibles por el mero hecho de la no constancia expresa del diputado provincial interviniente”. “Dicho gasto”, apostilla Dolón, “deberá computarse como común al grupo y a la agrupación en consideración al tipo de evento celebrado y el fin pretendido con el mismo”.

La consultora no ha aceptado ninguna de las alegaciones de Dolón al considerarlas “meras explicaciones” que no aportan nuevos argumentos e informaciones “diferentes a las esgrimidos durante el trabajo de campo y valoradas en la realización del informe provisional”. 

Una auditoría “amiga” y “excesivamente laxa”

La responsable de Hacienda de la Diputación de Alicante, María Gómez, ha mostrado su disconformidad con los resultados de la auditoría adjudicada a dedo y que usurpa las competencias del Tribunal de Cuentas, tal como recordó el organismo a la institución provincial gobernada por el PP y Ciudadanos. “El grupo popular ha entregado en todo momento la documentación solicitada para la auditoría y la acataremos por coherencia política, aunque no compartimos su análisis porque consideramos que está todo debidamente justificado al céntimo”, ha dicho Gómez.

Compromís, la formación que denunció ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades en el trasvase de los fondos, ha anunciado que aportará el informe de auditoría al fiscal Pablo Romero, encargado de la investigación. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha señalado, tras analizar el informe, que entre 2015 y 2016 el porcentaje de financiación del PP proveniente de la subvención pública “pasa del 27,82% al 99,58%, generando incluso superávit en las cuentas” de los populares.

Fullana considera que, “incluso siendo una auditoría amiga”, los resultados demuestran que “el PP presentó certificados falsos a la Intervención para evitar devolver el dinero”. El portavoz valencianista ha acusado a Dolón de mentir “cuando certificó que el trasvase de dinero al partido estaba justificado al ser un gasto conjunto e indivisible”.

La coalición ha lamentado que la auditoría es “excesivamente laxa” y que “incomprensiblemente” valida gastos de telefonía por valor de 60.000 euros a pesar de que “sirvieron para pagar el teléfono de todo el partido”, cuando el mismo informe indica “expresamente” que no puede considerarse un gasto conjunto e indivisible.

Además, el equipo de auditoría admitió que el PP no aportara las facturas de gasto al informe, limitándose a exhibirlas en su sede, “contrariamente a lo que la Intervención de la institución pidió a todos los partidos, entre ellos Compromís”. Fullana ha insistido en que la auditoria “no solo es ilegal” al usurpar una responsabilidad del Tribunal de Cuentas, sino que “lo es también por dar por buenas justificaciones que no acreditan el destino finalista de los fondos”.