Un informe jurídico de la Diputación de Alicante advirtió a Mazón de que los expedientes de fiscalización de los gastos corresponden al Tribunal de Cuentas

Más que externalizar la auditoría de la contabilidad de los grupos que conforman la Diputación de Alicante, su presidente, el popular Carlos Mazón, debe enviar toda la información al Tribunal de Cuentas, según un informe del área jurídico administrativa de la presidencia de la institución provincial al que ha tenido acceso elDiario.es. La contabilidad del grupo popular en la Diputación está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Anticorrupción tras las denuncias de Compromís, una formación que acusa al PP de transferir sin justificar a cuentas del partido fondos por más de 446.000 euros.

El informe duda sobre cinco acuerdos plenarios, adoptados el pasado 13 de enero, por los que se aceptan los informes emitidos por la Intervención General sobre las contabilidades de los grupos de la institución provincial en 2015 y 2016. Así, el pleno ha aceptado los informes de la Intención sobre saldos injustificados y la presunta existencia de indicios de alcance contable. “¿Qué dice la legislación contable que debe hacerse?”, se pregunta el informe.

La responsabilidad contable por alcance “viene atribuida con carácter exclusivo al Tribunal de Cuentas, en concreto la fijación definitiva de los hechos, su calificación, la determinación de los responsables y la cuantificación de la deuda”. Los “oportunos procedimientos” de reintegro por alcance también corresponden al organismo que vela por las cuentas públicas.

“En consecuencia, se quita o no, bien porque se trate de alcance, bien aun cuando no se trate, debe darse conocimiento de lo acordado al Tribunal de Cuentas”, bien porque le corresponde tramitar el expediente o bien porque “aunque no lo sea desee abocárselo para si”. “En cualquier caso, no cabe hurtarle, en este último supuesto, tal facultad”, advierte el informe.

El área jurídico administrativa de la presidencia de la Diputación de Alicante sólo deja la puerta abierta a que los expedientes con los informes de la Intervención se remitan al Tribunal de Cuentas y que la institución provincial lleve a cabo “algunas actuaciones o diligencias que se estimen convenientes” (como la determinación de los presuntos responsables, las liquidaciones provisorias o los ingresos a cuenta) pero siempre “a expensas de lo que confirme y rubrique, finalmente, el Tribunal de Cuentas”.

La contratación de una auditoría externa, como consecuencia de los informes de la Intervención, supone para Compromís un cambio de las reglas del juego. La última denuncia de la formación valencianista ante la Fiscalía Anticorrupción, de la que ha informado este diario, sostiene que la externalización de la auditoría es una “argucia jurídica manifiestamente ilegal” para “salvar un eventual fallo judicial que condenara al grupo popular a presentar, de una vez por todas, las facturas reclamadas”.

La auditoría, encargada a la consultora Faura Cases, por 13.915 euros, debe analizar la contabilidad de los grupos en la institución provincial entre 2015 y 2019 pero sin entrar en el detalle de las facturas. 

“Movimiento profundamente inusual”

“Este movimiento”, a juicio del portavoz de Compromís Gerard Fullana, “es profundamente inusual”. “Por primera vez la Diputación de Alicante no ha exigido la devolución de una subvención sin justificar de manera adecuada, sino que ha cambiado —cuatro años después— la manera de justificarla. Mientras el resto de grupos han sido auditados por la Intervención de la Diputación, el PP ha decidido que se haga una nueva auditoría esta vez por una empresa privada elegida a dedo para auditar el dinero que el PP ingresó en el partido.

“El hecho no acaba aquí, en contra del seguimiento de la rutina habitual administrativa, el Partido Popular no esperó que el acuerdo fuera firme y, sin dejar tiempo a la presentación de recurso que se estipula, puso en marcha la ejecución del contrato”, agrega Fullana. El contrato se ha ejecutado sin haber tramitado la contestación al recurso de reposición administrativo presentado por Compromís.

“Los juzgados decidirán sobre la legalidad del procedimiento, pero lo que ya tenemos claro es que cambiar cuatro años después la manera de justificar una subvención para salvar a tu partido no tiene ninguna justificación ética y demuestra que Mazón no ha cambiado demasiado respecto del político que acabó imputado en la Brugal en 2007 por el contenido de las conversaciones entre los jefes de la trama”, ha declarado Gerard Fullana.