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El Tribunal de Cuentas recrimina a Carlos Mazón que usurpe sus competencias para auditar los gastos opacos del PP en la Diputación de Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Lucas Marco

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La polémica contabilidad del grupo popular en la Diputación de Alicante —casi medio millón de euros sin justificar— está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas. El presidente de la institución provincial y nuevo líder del PP valenciano, Carlos Mazón, se sacó de la manga una auditoría externa de la contabilidad a pesar de que el organismo que vela por las cuentas públicas ya investigaba los fondos opacos de los que no queda rastro documental. Compromís, la formación que ha fiscalizado con más ahínco los 446.000 euros sin justificar, parte de los cuales acabaron en una cuenta bancaria de los populares en Murcia, se ha dirigido al Tribunal de Cuentas para advertirle de la jugada. Y el organismo le ha recordado a Mazón que le ha pisado su terreno. “De tratarse del seguimiento de expediente o expedientes de responsabilidad contable (...) se recuerda que es imperativa la consulta con esta Sección [de Enjuiciamiento] sobre la avocación o no de aquellos”, reza el escrito del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso elDiario.es.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, registró un escrito ante la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en el que advertía al organismo sobre el inicio de diversos expedientes de reintegro por alcance contable por parte de Mazón a pesar de que, según la formación valencianista, “carece de competencias”.

El escrito recuerda el informe de la entonces jefa de los servicios jurídicos de la Presidencia de la Diputación, actualmente en un puesto menor, que advertía de que la acción de reintegro por alcance contable es competencia “exclusiva y excluyente” del Tribunal de Cuentas, tal como informó este diario.

A Compromís, según apunta el escrito, no le consta que se haya “dado traslado del expediente” al organismo que vela por las cuentas públicas, “usurpando así funciones que no le son propias en contradicción con el criterio jurídico de los técnicos de la Diputación así como el criterio de las partes, que han solicitado expresamente la avocación de competencia en el Tribunal de Cuentas”. 

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, solicita que la Diputación de Alicante remita la “integridad del expediente” al Tribunal de Cuentas “y se abstenga de realizar cualquier otra actuación al respecto”. Además, también advierte de que la culminación del expediente, “teniendo la Diputación conocimiento de la falta de competencia”, podría ser constitutivo de un presunto delito de exacción ilegal, “lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos”, apostilla.

Así, el presidente de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, José Manuel Suárez Robledano, ha solicitado “a la mayor brevedad posible” a la Diputación de Alicante el “escrito en el que se informe si se está tramitando (...) expediente de responsabilidad contable” y, en caso afirmativo, si se ha consultado al portavoz de Compromís la avocación solicitada, tal como establece la normativa del organismo.

“En todo caso”, recuerda el presidente de la sección de enjuiciamiento, “de tratarse del seguimiento de expediente o expedientes de responsabilidad contable amparados por dicha normativa, se recuerda que es imperativa la consulta con esta Sección sobre la avocación o no de aquellos”.

El fiscal anticorrupción Pablo Romero mantiene abiertas unas diligencias de investigación penal sobre el supuesto trasvase sin justificar a cuentas bancarias del partido de fondos de más de 446.000 euros. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas también trata de averiguar el destino de los fondos públicos, de los cuales no queda rastro en forma de facturas, según ha denunciado reiteradamente Compromís.

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