Carlos Mazón cambia a un puesto menor a la jefa jurídica que cuestionó la fiscalización de los gastos de la Diputación de Alicante
La jefa de sección jurídico-administrativa del área de Presidencia de la Diputación de Alicante firmó el pasado 25 de marzo un informe que sugería al presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, que debía enviar toda la información sobre la contabilidad de los grupos al Tribunal de Cuentas, órgano competente, más que externalizar la auditoría. La contabilidad del grupo popular en la Diputación está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Anticorrupción tras las denuncias de Compromís, una formación que acusa al PP de transferir sin justificar a cuentas del partido fondos por más de 446.000 euros.
El informe de la jefa jurídica, críptico y con una sólida base jurídica, no se ensañaba especialmente. Poco más de un mes después de firmar el informe, puramente consultivo, su autora ha sido degradada a un puesto menor en el organigrama de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP y Ciudadanos. De jefa jurídica del área de Presidencia a tratar temporalmente con los municipios alicantinos.
El equipo de Mazón señala que se trata de una petición de la propia funcionaria: “Ella lo ha pedido”, asegura. Un cambio gestionado a través del departamento de Recursos Humanos de la institución provincial. El equipo de Mazón niega que el cambio de puesto de la jefa de sección jurídico-administrativa del área de Presidencia tenga que ver con el informe e insisten en que es la trabajadora la que “pide irse”.
La funcionaria de carrera, Técnica de Administración General, ha recalado temporalmente al área de Municipios para “dirigir, ejecutar y gestionar servicios de asesoramiento y soporte jurídico-administrativo”, con las mismas retribuciones, según la resolución de la responsable de Hacienda de la Diputación, María Gómez, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El decreto se aprueba tras un escrito del director del área de asistencia a municipios y con el informe favorable del Departamento de Personal.
La externalización de la auditoría de la contabilidad del PP se coló este miércoles en el primer pleno presencial de la institución provincial. En un tenso rifirrafe entre Carlos Mazón y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, el representante valencianista reprochó a los populares: “Ingresaron medio millón en cuentas del PP sin facturas y llevan seis años intentando justificarlo”.
La responsable de Hacienda dio una explicación algo peregrina sobre la auditoría de las cuentas: “A veces se utilizan empresas externas y a veces no, se utilizan muchas empresas externas para la fiscalización y el control interno porque los recursos de la propia diputación son limitados”, dijo María Gómez. “El PP se va a ver obligado a reconocer que con ese dinero pagaba casi en su totalidad el alquiler de las sedes provinciales”, advirtió el portavoz de Compromís.
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