El Consell aboga por valoradores mejor preparados para eliminar el 'tapón' en dependencia
Aplicar la Ley de Dependencia y ponerse al día con los dependientes valencianos -si el Gobierno y el ministro Montoro lo permiten, dotando de más recursos a la Comunitat Valenciana- es una de las prioridades del Consell del 'Botànic' que preside Ximo Puig con Mónica Oltra como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Precisamente, Oltra apuntaba hace apenas una semana que la Generalitat está haciendo un esfuerzo para reducir la deuda pendiente en gasto social, incluyendo medidas como la incorporación de 1.800 nuevos dependientes al sistema de pensiones cada mes (22.000 al años para acabar con el “tapón” de 45.000 expedientes -más las nuevas solicitudes- en la presente legislatura).
Para que ello sea posible, la conselleria ha anunciado un cambio en el sistema de valoraciones, de forma que se van a incorporar a trabajadores sociales municipales a esta tarea, un modelo que comenzará a aplicarse este año en la provincia de Alicante -donde se pasará de las cinco valoradoras actuales a 105-, y que a finales de año está previsto que se extienda a Valencia y Castellón. Además, Conselleria aporta fondos para que los ayuntamientos alicantinos contraten a nueve trabajadores sociales de ayuda a la valoración -uno por comarca-.
Más recursos, mayor cobertura
El nuevo modelo en el que trabaja el departamento de Mónica Oltra, que se va a poner en marcha en Alicante, donde peor están las listas de espera (en 2013 no se introdujo ningún expediente nuevo al sistema), aboga por la creación de equipos multidisciplinares que se encargarán de realizar las valoraciones. Como sucede en el resto de España, se apuesta por la municipalización y por los Servicios Sociales de proximidad. De momento, se está formando -de forma teórica y práctica- a los trabajadores sociales.
Así, se conformarán equipos compuestos por diferentes perfiles profesionales en función de las necesidades de las personas, unos servicios que tienen como objetivo potenciar la autonomía frente a la dependencia, influyendo directamente en la calidad de vida de las personas, según explican desde la conselleria.
La hoja de ruta marcada por la Generalitat pasa por aumentar cada año la cobertura del programa de autonomía y dependencia con recursos económicos, humanos y materiales, nutriendo el desarrollo de los equipos de base y comarcales, o por la creación de servicios de prevención y promoción.
El fin de las encomiendas
En la pasada legislatura, con el Partido Popular en la Generalitat Valenciana, el personal que se encargaba de las valoraciones y de la gestión de los expedientes de la dependencia lo hacía a través de dos encomiendas de gestión de la conselleria de Bienestar Social con el Instituto Valenciano de Acción Social (Ivas).
De las valoraciones se encargaban 80 personas contratadas como personal laboral, de las que 40 pasaron a depender del Ivas y los otros 40 dependían de otra encomienda, que ha finalizado este 30 de abril y cuyas funciones serán cubiertas por 52 nuevos interinos, que serán quienes realicen estas tareas.
Es decir, a partir de ahora, los 48 valoradores de las encomiendas -personal con una formación que en muchos casos nada tenía que ver con la dependencia, como ingenieros o arquitectos- serán sustituidos por 52 funcionarios, mientras que el presupuesto para este menester se mantiene en 1,8 millones de euros.
