El control de la política europea en materia de pesca, en manos de unos funcionarios descontentos con sus condiciones laborales

España cuenta con 161 inspectores de pesca repartidos por todo el territorio español, 14 de ellos en territorio valenciano (cuatro en la provincia de Castellón, cuatro en Valencia y seis en Alicante, donde se agrupa el mayor porcentaje de flota valenciana). Son la principal autoridad en el control pesquero y también pueden trabajar fuera de la península, donde haya un barco español -actualmente, hay inspectores en las Seychelles, en Terranova (Canadá) o Islandia-. Colaboran con otros cuerpos, como Guardia Civil, Aduanas o la Armada, y desarrollan su trabajo tanto en puerto como en el mar, así como también pueden realizar controles desde el aire, inspeccionando embarcaciones, controlando los tamaños de las capturas, midiendo redes, la pesca en zonas prohibidas...

Se trata de funcionarios, dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -aunque en algunas comunidades autónomas también están bajo el amparo del Ministerio de Política Territorial- y con rango de inspectores de la Unión Europea, que velan por el cumplimiento de las normativas nacionales, comunitarias e internacionales en materia de pesca marítima. Desde hace años arrastran un importante descontento respecto a sus condiciones de trabajo y organizativas. Su formación -no es necesaria una específica previa, ya que se adquiere posteriormente- es la de un grado universitario y se trata, principalmente, de marinos mercantes, biólogos o licenciados en ciencias del mar.

En 2017 se constituye Apipes (Asociación Profesional de Inspectores de Pesca), una organización que agrupa al 70% de los miembros del cuerpo de inspectores (110) y que tiene entre sus principales reivindicaciones la adecuación del complemento específico a la penosidad de su trabajo: “En la actualidad, la mayoría de los inspectores -entran en el cuerpo con un nivel 22 dentro del grupo A2- perciben una retribución neta de entre 1.600 y 1.700 euros al mes, mientras que la parte correspondiente al complemento específico anual está fijada en 7.884,54 euros”. 

También reclaman una nueva evaluación de riesgos laborales acorde al puesto de trabajo (la última actualización es de 2009), que debería ser por caladero y quinquenal -actualmente no se realizan en barco, aunque sí que se han hecho visitas a puerto-. Tal y como explica una portavoz de Apipes: “Nuestras jornadas laborales superan las doce horas, sabes cuándo empiezas pero no cuando acabas”. Y añade que su evaluación de riesgos actual “estudia la inclinación de la pantalla del ordenador o la iluminación de las oficinas, pero no un abordaje en el mar o el tener que estar durante horas en pie en el puerto rodeados de fenwicks (carretillas elevadoras) y después tener que conducir de noche una hora y media hasta llegar a casa, entre otros riesgos”.

Otras de sus reivindicaciones se centran en demandar una actualización de las cuantías de las bolsas de productividad, teniendo en cuenta el aumento del número de inspectores y el IPC acumulado desde 2010, la equiparación de todos los inspectores que tienen nivel 22 a un nivel 24 o la negociación de una nueva regulación de horarios.

También exigen que se favorezca la movilidad de los inspectores por medio de concursos públicos y no en adscripción provisional; revisar las pólizas de seguro para incluir aspectos como los seguros en el extranjero -dentro y fuera de la Unión Europea- y otras situaciones no contempladas; crear un sistema de rueda de embarques y comisión logística Sipe, con calendarios, inscripciones y asignaciones formales, públicas y en base a criterios establecidos; adecuar los cursos de formación a los riesgos laborales existentes; asegurar una jefatura de servicio en aquellas dependencias con, al menos, cinco inspectores.

Demandan acabar con la doble dependencia ministerial -Agricultura, Pesca y Alimentación y Política Territorial- y la integración de todos los inspectores en un único organismo administrativo; conseguir un coeficiente reductor para anticipar la edad de jubilación; revisar y adecuar, en su caso, los medios y materiales de inspección; integrar a todos los inspectores en una única agencia u organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; o trabajar por una mayor difusión pública de su labor para darles a conocer.

Para reivindicar una mejora de sus condiciones, los inspectores de pesca están llevando a cabo una huelga de celo: “Estamos cumpliendo a rajatabla lo que se nos marca”, sostienen. Esto puede provocar una falta de control real, con lo que se podrían producir más capturas de las permitidas por parte de la flota pesquera y que esto tuviera como repercusión sanciones de la Unión Europea por superar las cuotas marcadas. A la espera de que comience la campaña del atún rojo en el Mediterráneo, de momento el mayor pico de trabajo se encuentra en el Cantábrico con la pesca de la caballa.