El cronista del exterminio de la izquierda colombiana: “El orador en el entierro de un compañero moría luego, era terrible”

El periodista Paco Simón (Segorbe, 1965) trabajó durante un año en Colombia documentando el exterminio de la izquierda tras el surgimiento de la Unión Patriótica (UP) en 1984. De la mano de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Reiniciar, recorrió el país para reconstruir la feroz represión contra los integrantes de la formación política. A su regreso a España, localizó a los exiliados de la UP para el documental Volver a nacer (2008), codirigido con Óscar Bernàcer. El trabajo se completó con un libro del mismo título que recoge los testimonios orales de los supervivientes exiliados en España.

Una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por el “plan de exterminio” del cual fueron víctimas unos 6.000 militantes de la formación de izquierdas a lo largo de dos décadas. En esta entrevista con elDiario.es, el periodista Paco Simón, especializado en la defensa de los derechos humanos, valora la sentencia —“es un gran avance”, dice— y recuerda el trabajo de hace más de una década para documentar el terror sufrido por la izquierda colombiana.

¿Qué fue la Unión Patriótica en Colombia y en qué contexto surge?

La Unión Patriótica nace de los acuerdos de paz en 1984 entre el Gobierno del presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En aquel momento, la FARC pide que se cree una formación política y se le den garantías para cambiar el fusil por el discurso político. Se firman esos acuerdos y en 1985 se crea el partido como tal. Desde los sectores más retrógrados en Colombia se les acusaba de ser el brazo político de la guerrilla. Pero realmente no fue un partido de las FARC, fue un frente democrático que aglutinó desde diversos sectores comunistas, los más mayoritarios, pero también a toda la izquierda social y política del momento, a gremios como los maestros y sindicalistas e incluso a liberales y conservadores en desacuerdo con el rumbo que estaban tomando sus partidos. Prueba de esa heterogeneidad es el programa electoral que plantearon, con un carácter revolucionario para la realidad del país pero era un programa asumido en las democracias occidentales desde hace mucho tiempo.

¿Qué medidas planteaba su programa electoral?

Planteaban cosas como acabar con el terrorismo de Estado que practicaba la fuerza pública aliada con los paramilitares, la elección directa de los alcaldes, impulsar la salud y la educación pública, menos gasto militar y más inversión social. Cosas que no eran ni revolucionarias ni marxistas, ir provocando cambios que necesitaba y necesita la sociedad colombiana.

Sólo en el primer año de vida de la UP están cifrados 206 asesinatos de sus integrantes, tanto cargos públicos como militantes y simpatizantes

¿Cómo se inició el exterminio de la UP?

En 1986 se presentan a las primeras elecciones, tienen cierto éxito porque el candidato a presidente, Jaime Pardo Leal, consigue 300.000 votos y, a partir de ahí, empieza el genocidio político. Sólo en el primer año de vida de la UP están cifrados 206 asesinatos de sus integrantes, tanto cargos públicos como militantes y simpatizantes. Entre 1986 y 1992 llevan un millar de muertos de miembros de la UP. La masacre continuó durante aproximadamente dos décadas, tal como ha establecido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos. En cantidad, a partir de los años 90, disminuye, entre otras cosas porque el partido se desintegra, lo que quedan son militantes aislados a los que no les perdonan su pasado. Pero los asesinatos selectivos continuaron.

¿Cómo se articuló la denuncia del exterminio?

En 1993, una ONG colombiana, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Reiniciar, presenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue admitida a trámite cinco años después. En esa admisión a trámite se decía que no se le podía calificar jurídicamente como genocidio político pero tenía todas las características del genocidio en el uso corriente que se le da la palabra.

A partir de ahí se estuvo trabajando desde Reiniciar para documentar los casos, hubo intentos de buscar una solución amistosa (en el sistema interamericano se contempla el intento de acercar a las partes para llegar a una solución) pero esto se rompió en 2006 en las elecciones en las que se volvió a presentar [Álvaro] Uribe. Sacó un spot publicitario en el que presentaba a un presunto ex militante de la UP diciendo que 'empezamos bien y nos fuimos torciendo y menos mal que usted, presidente Uribe, ha estado persiguiendo a esta gente que acabaron siendo unos asesinos'. Eso provocó que los supervivientes decidieran que ahí se acaba la negociación con el Estado y la la Comisión Interamericana trasladó el caso a la Corte Interamericana de Derechos humanos, que ha dictado sentencia ahora.

¿Cómo ha afectado la experiencia de la UP a las sucesivas negociaciones de paz en Colombia?

El genocidio de la UP ha marcado las negociaciones de paz con la guerrilla porque siempre que ha habido algún intento de acercamiento se ha puesto sobre la mesa. Ustedes no nos ofrecieron garantías hace tantos años, ahora qué nos van a plantear para que podamos confiar. Ellos querían seguir realizando proselitismo político. Cuando surge la UP y varios líderes guerrilleros se desmovilizan, cuando empiezan a matar a la gente, las FARC llama a sus miembros para que vuelvan al monte. Se quedan solamente los civiles que ya se habían desligado de las FARC pero se quedan sin exguerrilleros entre sus filas. Continúan haciendo trabajo político hasta que en 1990 asesinan al segundo candidato presidencial, Bernardo Jaramillo. Ahí empiezan a plantear que ya no tenía mucho sentido continuar porque los estaban matando continuamente.

Vivían en tal vértigo que no había tiempo para llorar

¿Cómo vivieron esta experiencia los supervivientes?

Era muy sorprendente cuando se hablaba con los supervivientes y te contaban cómo las muertes se sucedían de una forma vertiginosa. El líder político que era el orador en el entierro de un compañero a las pocas semanas se convertía en el muerto, eso era terrible. Lo que te decían es que vivían en tal vértigo que no había tiempo para llorar. Hacían un mea culpa de cómo se dejó en muchas ocasiones a las familias de estos líderes a su suerte porque tenían que continuar en la lucha, tratando de sobrevivir y manteniendo los espacios políticos que habían conseguido, pero seguían matándolos. Al final, se logró acabar con ellos.

¿Qué fue de la UP?

La puntilla llegó en 2002 cuando el Consejo Electoral le quitó la personería jurídica. Como en las anteriores elecciones no habían conseguido superar el umbral, en una decisión arbitraria y absurda sin tener en cuenta las circunstancias, decidieron que no tenía derecho a participar en la vida política. No se le restituyó la personería hasta el 2013. Primero los asesinaron y luego les negaron hasta el derecho a existir, al menos legalmente.

Íbamos a muchas ciudades en Colombia, en casi todos los casos de forma clandestina

¿Cómo recuerda la experiencia de documentar el exterminio de la UP?

Estuve un año trabajando con Reiniciar en Colombia y por circunstancias familiares me tuve que volver. Durante ese año lo que hacíamos allí era recorrer el país para explicar a los supervivientes y a los familiares de los que mataron lo que se había hecho ante la Comisión Interamericana, la demanda, las posibilidades que había, los derechos que les asistían y tratar de velar por la su situación material. Íbamos a muchas ciudades, en casi todos los casos de forma clandestina, porque la gente tenía miedo a presentarse como exmiembros de la UP, y hacíamos esos talleres. Cuando volví aquí quise seguir haciendo algo y en Reiniciar me propusieron hacer un trabajo de investigación sobre el exilio. Durante aquellos años de genocidio mucha gente salió huyendo, algunos estaban localizados y otros se habían perdido. Eso es lo que hice.

¿Cuántos exiliados localizaron?

A través de la Fundación CEPS presentamos un proyecto de recuperación de la memoria histórica del genocidio con los supervivientes que había aquí. Llegamos a localizar a 34 exiliados sólo en España. No todos accedieron a contar su historia porque muchos todavía tenían miedo a que sufrieran represalias sus familiares en Colombia e incluso ellos aquí. Se sabe que la inteligencia colombiana tenía redes en el exterior y actuaba en determinados casos. De esos 34 logramos entrevistar a 22 reconstruyendo su activismo en el país, las circunstancias de por qué tuvieron que salir al exilio y cómo era su vida aquí. Con eso hicimos el documental.

Los exiliados de la UP mantenían vivos sus ideales

¿Qué recuerda de los testimonios de los supervivientes exiliados?

Si tengo que extraer conclusiones de ese trabajo hubo dos fundamentales. Esta gente, a pesar de los años transcurridos, mantenían vivos sus ideales y, desde aquí trataban de colaborar en la medida de lo que podían con la lucha por la justicia social en Colombia pero también en los movimientos sociales y las luchas sindicales en el Estado español. Como decía Fernando Hidalgo, un dirigente de la UP que murió pocas semanas antes de conocer esta sentencia que le hubiera llenado de alegría, el exilio es otra forma de lucha. Lo decía en el documental mientras barrías las calles de Getafe, porque era barrendero. Él seguía manteniendo muy vivo aquello.

La otra cosa en la que todos coincidían es que llevaban aquí muchos años pero su deseo era volver. Es esa contradicción de que están aquí, seguros, sus hijos están viviendo en un entorno apacible pero deberían estar en su lugar de origen porque los sacaron a la fuerza.

¿Cómo valora la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Es un gran avance en la defensa de los derechos humanos, no sólo en Colombia sino en el resto del mundo, porque no conozco más casos en los que haya habido una sentencia que condena a un Estado por una persecución feroz contra un partido político. No lo llega a calificar de genocidio pero sí que habla de que es un crimen de lesa humanidad y que fue un exterminio sistemático y planificado desde el Estado colombiano. Es importante porque se reconoce que hubo una responsabilidad por parte del Estado, no sólo por no proteger a los integrantes de la UP, sino porque también establece que hubo una alianza entre sectores empresariales, políticos y la fuerza pública colombiana para acabar con este partido. Esto se produjo precisamente porque el partido comenzó a tener cierto éxito electoral y se convirtió en una amenaza para los intereses de las clases que siempre han gobernado Colombia.

Esta sentencia obliga a reescribir la historia de Colombia de otra forma, en ese sentido me parece muy positivo

¿Qué opina de las medidas que impone la sentencia?

Establece una serie de medidas de reparación que tiene un carácter integral: no sólo de indemnización a las víctimas sino tratar de dar a conocer lo que realmente fue el movimiento de la UP y desmontar el mensaje que se transmitió durante décadas de que si los mataban es porque eran auxiliadores de la guerrilla y así se justificaban los crímenes. Esta sentencia obliga a reescribir la historia de Colombia de otra forma, en ese sentido me parece muy positivo. Ahora hará falta que se cumplan todas esas medidas. Estamos en muy buen momento porque hay un Gobierno de izquierdas y, además, uno de los primeros en pronunciarse fue el propio presidente, Gustavo Petro, alegrándose por la sentencia y comprometiéndose a cumplir con las medidas que establece.