El jefe jurídico de Divalterra validó el pago de 40.000 euros a la fundación montada por Orengo que Antifraude considera irregular

La Agencia Valenciana Antifraude ha dado un importante varapalo a Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, por haber abonado 40.000 euros al Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (Cical), impulsado por el exnúmero 3 del PSPV José Manuel Orengo. Este pago, considerado ahora irregular, fue avalado por un informe de cuatro líneas del jefe de Jurídico de Divalterra, José Luis Vera, quien trabajó para Orengo en el Ayuntamiento de Gandia cuando este fue alcalde.

En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, Vera declaró que “tras analizar el convenio y la documentación adjunta” la factura de 40.000 euros era “conforme” y se debía abonar. Esta idoneidad del convenio es lo que justamente tumba la Agencia Antifraude porque considera que Divalterra no podía subvencionar a la fundación CICAL a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias porque es una empresa pública.

“Las sociedades mercantiles locales, como Divalterra, no se encuentran incluidas entre las entidades habilitadas para la concesión de subvenciones”, concluye la Agencia Antifraude, algo que no detectó el jefe de los Servicios Jurídicos. Así, comenta que aunque “la experiencia demuestra que no es inhabitual que la normativa autonómica y las ordenanzas municipales las califique de personas jurídicopúblicas habilitadas para el otorgamiento de subvenciones”, se entiende que “la Ley General de Subvenciones no incluye de ningún modo a las sociedades mercantiles entre los agentes habilitados” para ello.

En conclusión, prosigue la Agencia en su informe, “se califica la actuación como procedimiento de concesión de subvención de carácter finalista otorgada por Divalterra a la FVMP, no sometida al régimen jurídico establecido en la legislación sobre contratación administrativa, pero sometida a la normativa reguladora de la actividad subvencional, con la salvedad de la inexistencia de disposición legal o reglamentaria que habilite a Divalterra para la concesión de subvenciones”.

Pero la subvención no fue el único varapalo de Antifraude. Sostiene la Agencia que aunque “se ha constatado que el objetivo del convenio era articular la colaboración entre Divalterra y la FVMP para los estudios previos” al inicio de las actividades de CICAL, en la práctica, la intervención de la empresa provincial “se limitó a realizar una aportación económica de forma directa a la FVMP, así como a contratar externamente el asesoramiento jurídico” a esta entidad.

Divalterra como instrumento y “sin participar”

La agencia precisa, por otro lado, que esa externalización “gestionó en exclusiva el destino de los fondos” y que Divalterra se limitó “al examen y autorización de las cuentas justificativas de cada una de las facturas presentadas por la FVMP, sin participar de los resultados del proyecto”.

En cuanto a los gastos de personal, indica que “no se aporta acreditación alguna que permita entender los porcentajes de vinculación al proyecto como justificados, exigiéndose a Divalterra que haga una especie de 'acto de fe' a la realización del pago del convenio” y señala que “lo mismo ocurre en relación con los gastos generales, de los que no se ha aportado ni una única factura de servicio o suministro”. Sobre los gastos de proyecto hace “la misma inferencia” y advierte de una reducción sin “motivos concretos”.

Antifraude ha analizado el convenio después de tener conocimiento en junio de 2018 de “determinados hechos relacionados con un uso irregular de fondos públicos” en este acuerdo. En septiembre de 2019 emitió un informe provisional y tras abrir un periodo de alegaciones, hizo el informe final en mayo de 2020. Sobre estas apunta que “no se ha aportado ninguna documentación, justificante o prueba que permita reconsiderar” las “irregularidades puestas de manifiesto en el informe provisional”.

La FVMP ha asumido el informe de Antifraude y ha dicho que no reclamará a Divalterra el cobro de dos facturas por valor de 70.000 euros.