El comité de empresa de EMT València considera “un órgano político” a la Agencia Antifraude que les ha denunciado
El comité de empresa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), órgano que representa a los trabajadores y trabajadoras de la entidad, no se cree a la Agencia Antifraude creada por mandato de las Corts para frenar y aflorar posibles casos de corrupción.
Así lo ha firmado en un comunicado su presidente, AdolfoCruz (UGT), en el que asegura que es “un órgano político sin transcendencia jurídica”.
La empresa se encuentra inmersa en un conflicto desde que en mayo del año pasado el concejal de Movilidad y responsable de la EMT, Giuseppe Grezzi, destapó un acuerdo presuntamente fraudulento entre la dirección en la etapa del PP y el comité para que los prejubilados trabajaran 65 días en lugar de 131 establecidos por ley para poder jubilarse a los 61 años.
Grezzi llevó este acuerdo a la Agencia Antifraude y el organismo, tras analizarlo, lo trasladó a la fiscalía al apreciar posibles delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad.
Según Cruz, el informe de la Agencia “no es vinculante” y se hizo “solo contando con la opinión de la empresa”.
En medio de la polémica, la dirección y el comité de empresa aceptaron someter el conflicto al Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) de la Comunitat Valenciana, que no aportó mucha luz al conflicto, hasta el punto que ambas partes consideran que el fallo les da la razón.
En concreto, el laudo declara vigente el acuerdo sobre las prejubilaciones “si concurren las condiciones legales”, precisamente lo que la empresa y la Agencia Antifraude cuestionan, y lo que la Fiscalía investiga en estos momentos.
Los trabajadores, por su parte, entienden que es un acuerdo válido entre la empresa y su representación legal que se ha estado aplicando sin problemas en los últimos tres años con los actuales responsables.
El caso es que este conflicto es el principal motivo que ha llevado a la plantilla a la huelga que arrancó este jueves. Los paros estaban convocados hace semanas, pero la empresa alcanzó un preacuerdo con los sindicatos que incluía diferentes mejoras laborales.
Sin embargo, el principio de acuerdo se debía refrender en una asamblea de trabajadores que tuvo lugar en la noche del miércoles, un día antes del primer paro convocado.
Los empleados no aceptaron las condiciones del preacuerdo por 550 votos, frente a los 447 que sí los aceptaron, por lo que horas más tarde, a las 7.00 horas del jueves, arrancaba el primer paro que pilló por sorpresa a miles de viajeros por la falta de información oficial por parte de la EMT a través de los paneles de sus paradas o de sus redes sociales.
La situación se agravará el próximo 29 de enero, cuando coincirán los paros en la EMT de 7.00 a 9.00 horas con mínimos del 70% con los del metro y tranvía, que tendrán lugar de 7.30 a 9.15 horas con mínimos de entre el 50% y el 60%.
Tras la primera jornada de paros, el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, publicó una dura carta contra los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, al considerar que tras alcanzar el preacuerdo con la dirección, hicieron campaña entre sus afiliados para tumbarlo e ir a la huelga.
En su comunicado, Cruz contesta que “cada trabajador votó y dio su opinión libremente, y el resultado fue que el acuerdo no es suficiente para los trabajadores”.
El presidente del comité lamenta que en su carta el gerente “manifiesta que no vamos a cobrar la subida salarial, la cual ya está publicada en el convenio y con tablas aceptadas y firmadas (disposición final primera del convenio vigente)”.
Por ello advierte que “si esta subida no se cumple, no quedará más opción que reclamar ante el juzgado los intereses de demora”.
Por su parte, el edil de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, sorprendió este jueves al afirmar que la huelga no se la hacía a él, sino a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, responsable de la ley de prejubilaciones.
