Un exconseller de Zaplana defiende la privatización de las ITV que acabó en sobornos y pelotazos: “Se hizo bien”

La sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València albergó este jueves una escena más propia de una obra de teatro tragicómica que de un juicio penal al exministro del PP Eduardo Zaplana, que se enfrenta a una petición de pena de 19 años de prisión. Al escenario salieron dos viejos conocidos de la dramaturgia —el excomisario José Manuel Villarejo y Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'— y relataron al unísono la teoría de un supuesto montaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra Zaplana por motivos políticos. Con tal despliegue, se produjo la declaración del exconseller Diego Such, el primer conseller de Industria del Gobierno autonómico presidido por Eduardo Zaplana. Se trata del responsable político de la adjudicación de la privatización de las ITV, un proceso supuestamente amañado que originó el pago de sobornos millonarios en Luxemburgo por parte de la empresa Sedesa, propiedad de la familia Cotino y adjudicataria de uno de los lotes. Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Ante tal panorama, en la vista oral por esta trama, que llegó a mover una cifra de negocio de 20,6 millones de euros, Diego Such defendió a capa y espada la adjudicación: “Se hizo con total transparencia y creo que magníficamente bien”, afirmó. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial a la jueza instructora del 'caso Erial', concluyó que la adjudicación se hizo con una “inusual” y “asombrosa inmediatez y celeridad”, a tenor de la complejidad de la licitación y de la cantidad de ofertas presentadas.

En opinión del testigo, “privatizar las ITV iba a ser más barato y eficiente, como así se demostró”. El exconseller popular se desvinculó de la mesa de adjudicación. “Yo me dedicaba a hacer política y a vender lo importante, que era privatizar las ITV”, dijo Diego Such, quien insistió en que no escuchó “ni la más mínima queja de este proceso y aquello funcionó muy bien”. Otros dos exconsellers —Fernando Castelló y Fernando Modrego— también defendieron el proceso de adjudicación.

Además de los tres expolíticos, también declaró Ricardo Camarena Gil, interventor de la Generalitat Valenciana. Se trata del funcionario que sustituyó, apenas dos hora antes de la última sesión de la mesa de contratación, a otro interventor que había expresado observaciones críticas sobre el diseño de la licitación de las ITV. Camarena relató ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València que un “superior jerárquico” le ordenó que “debía asistir a la mesa de contratación”, en sustitución del otro interventor, Joan Tamarit i Llop, algo que definió como un “procedimiento habitual”. También dijo que ignoraba la razón de tan repentina sustitución.

El funcionario negó que se produjeran interferencias en la fase final del proceso de adjudicación. “He participado en cientos de mesas de contratación y es imposible que nadie pueda interferir, hay demasiado gente”, dijo en referencia a los técnicos y funcionarios que las componen. Sin embargo, la particularidad de la mesa de adjudicación de las ITV residía en la presencia destacada de Juan Francisco García, entonces jefe de gabinete de Zaplana que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos y rebajar la pena.

El interventor, eso sí, matizó que “sí que se puede dar que haya una influencia de que algún licitado pueda conocer los criterios de adjudicación con carácter previo”. “Presionar a los miembros de la mesa, ese no es el camino”, aclaró Camarena.