El Gobierno valenciano dedica el 80% de sus recursos al Estado del bienestar pero no logra alcanzar la media por habitante
El injusto sistema de financiación autonómica obliga a la Generalitat Valenciana a destinar el 79,8% de sus ingresos no financieros a sanidad, educación y servicios sociales, 6 puntos por encima de la media de las autonomías, en detrimento de otras áreas como el impulso de la economía, las infraestructuras o la cultura.
Pese a ser la tercera comunidad autónoma que mayor esfuerzo realiza a favor del Estado del bienestar, se encuentra por debajo de la media en gasto real por habitante entre 2009 y 2015. En concreto, gasta un 4% menos que las comunidades de régimen común y un 27% menos que las forales. Eso se traduce en 140 euros menos que la media de las autonomías y más de 800 euros por debajo de las comunidades forales.
Estos datos, que recoge el segundo número de Papers de finançament, donde la Generalitat y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) desarrollan los informes del comité de expertos para el cambio del sistema de financiación, hacen que la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, insista en la insuficiencia del sistema.
“La brecha entre los ingresos que recibimos para dar cobertura al Estado del Bienestar y el gasto real para satisfacer las necesidades de los valencianos y valencianas en materia de sanidad, educación y dependencia es cada vez mayor”, recalca Mira. La secretaria autonómica añade: “El nuevo sistema de financiación autonómica debe asegurarnos la suficiencia para que todos los españoles sean tratados por igual, pero también debe garantizar de alguna manera algún Fondo de Reserva del gasto social que nos permita actuar ante fluctuaciones de la economía que son lógicas”.
Reducción en un 15% del gasto social en las comunidades autónomas en la crisis
Según los documentos que recoge Papers de finançament, el sistema de financiación autonómico no proporciona a las comunidades autónomas recursos suficientes para que éstas puedan atender sus competencias en la prestación de los servicios públicos fundamentales, lo que las abocó, durante los años de la crisis, a reducir su gasto real per cápita en sanidad, educación y servicios sociales un 15%. Sin embargo, en el mismo periodo las administraciones centrales (Gobierno y Seguridad Social) incrementaron su gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales.
Las comunidades de régimen común han reducido su gasto real por habitante en sanidad, educación y servicios sociales, es decir, en las prestaciones del Estado del Bienestar, a una tasa media anual del 1,8%, acumulando ajustes por 11.126 millones entre 2009 y 2015, indican esos documentos. La reducción acumulada es del 15%, el 10,6% en las comunidades forales. Sin embargo, en el mismo periodo los entes que componen la Administración central (Gobierno y Seguridad Social) han elevado su gasto en servicios fundamentales per cápita al 1,2% anual, 13.195 millones.
