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La agencia sucesora de la investigada por la financiación del PSPV y el Bloc cobró 1,3 millones de Gandia con el PP

El exalcalde de Gandia, Arturo Torró

La denuncia del PP sobre financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc que se investiga en cuatro juzgados, uno de Gandia, otro de Benidorm y dos de Madrid, nace del que fuera alcalde de Gandia entre 2011-2015, el popular Arturo Torró. La investigación inicial apunta a que la agencia de publicidad Crespo Gomar habría realizado actos y campañas electorales para socialistas y nacionalistas que habrían sufragado empresas, una especie de trama Gürtel pero con otros partidos como protagonistas.

Cuatro juzgados investigan la presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011

Cuatro juzgados investigan la presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011

Como contó eldiario.es, la agencia Crespo Gomar entró en concurso de acreedores en febrero de 2011, dos años después de que Jorge Alarte llegara a la secretaría general del PSPV-PSOE en septiembre de 2008 y decidiera romper sus relaciones con la empresa de cabecera de su antecesor Joan Ignasi Pla. Crespo Gomar perdió tres millones de euros entre 2008 y 2011 cuando dejó de ser referente de los socialistas y se fue a liquidación.

Tras este fracaso empresarial de Crespo Gomar, Alberto Gomar -uno de sus propietarios-, decidió montar en marzo de 2012 Ossido Comunicación también con sede en Gandia. Meses después de su puesta en marcha, esta nueva agencia de publicidad se convirtió en la empresa de publicidad de referencia del Ayuntamiento de Gandia que, desde mayo de 2011, gobernaba el popular Arturo Torró.

Así, entre su fundación y 2015 -en que Torró perdió la alcaldía- Ossido Comunicación cobró por hacerle campañas al Ayuntamiento de Gandia -un municipio de 75.000 habitantes- 1.347.101 euros a través de la empresa pública IPG. Según los propios datos de IPG, en 2013 Ossido facturó 400.428 euros a la empresa municipal, en 2014 482.175 euros y en 2015 464.497 euros.

Como pasaba en todas las administraciones públicas y con Gandia como protagonista, uno de los ayuntamientos más endeudados de España, Torró dejó a Ossido una deuda más que considerable. Estos impagos, que alcanzaron los 400.000 euros, los llegó a satisfacer el alcalde popular días antes de las elecciones municipales de 2015, el 16 de abril y el 18 de mayo -los comicios fueron el 24 de mayo-. Una manera de dejar saldadas las cuentas con vistas a la pérdida del poder.

La denuncia del PP contra PSPV y Bloc con la facturación de Crespo Gomar como base principal de la misma se presentó en el año 2016, aunque antes el propio Torró ya alardeaba por Gandia de que disponía de esta información comprometida para los dos partidos progresistas. De hecho, esta información llegó a ser utilizada como moneda de cambio para que la izquierda no recuperara el poder en el Ayuntamiento de Gandia. Amenaza que no se sustanció.

Tras la denuncia de los populares en 2016, el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia asumió la investigación que se realizó en secreto hasta enero de 2018, cuando la magistrada instructora decidió enviar la causa de los juzgados de Benidorm, Gandia y dos de Madrid al no apreciar indicios de delito en el partido judicial de Valencia, donde están las sedes centrales de PSPV y Bloc.

La base de la investigación es la contabilidad de Crespo Gomar. Los presuntos delitos de financiación irregular habrían prescrito aunque otros, como la falsedad, podrían estar vigentes.

Torró está imputado por la gestión de IPG y tiene pendientes otras causas, como el caso Púnica.

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Publicado el
2 de abril de 2018 - 21:59 h

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