El Gobierno valenciano requiere documentación precintada por la UCO de la investigación a Zaplana para recuperar las ITV

La Conselleria de Economía comunicó el pasado 27 de septiembre a las empresas concesionarias de las 25 estaciones fijas de la Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana que a finales del año que viene recuperaría la gestión del servicio, una vez finalizado el contrato otorgado en 1997 por el ejecutivo autonómico que presidió Eduardo Zaplana y por el que el ex presidente está imputado en el marco del caso Erial.

Esta causa, en la que está imputado el que también fuera exministro de Trabajo, se abrió en 2018 para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

En el marco de la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardía Civil requiriró y precintó abundante documentación relacionada con el proceso de adjudicación de los diferentes lotes de las ITV, una información que se encuentra distribuida en diferentes dependencias de la administración autonómica, como los archivos centrales ubicados en Riba-roja.

Ahora, para avanzar en el proceso de recuperación del servicio la Conselleria de Economía necesita acceder a parte de esta información precintada, motivo por el que ha solicitado permiso al juzgado, que ha dado el visto bueno a la medida.

Sin embargo, para hacerla efectiva agentes de la UCO se desplazaron este lunes a dependencias de la Conselleria de Economia con el objetivo de custodiar en todo momento el acceso a estos documentos y comprobar su adecuado tratamiento, así como su retorno una vez consultado, tal y como avanzó Las Provincias y ha confirmado elDiario.es.

Se ha solicitado al juzgado la reagrupación de toda la documentación para su digitalización, puesto que hay documentos cuya localización exacta se desconoce, por lo que cabe la posibilidad que la conselleria necesite seguir buscando si la documentación que busca no está en las dependencias de Economía, situados en el complejo administrativo 9 d'Octubre.

El departamento que dirige Rafael Climent trabaja a contrarreloj para tener todo listo una vez finalice el mencionado contrato en diciembre del presente año. Este es el plazo que tiene para crear la empresa pública que asumirá la gestión de las estaciones y a sus 1.200 empleados. La Conselleria de Economía estima que la gestión directa de las estaciones permitirá obtener unos beneficios netos anuales de 39,3 millones de euros para las arcas públicas.

Un servicio lastrado por la corrupción del PP

La operación de externalización de las ITV, un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado, sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso Erial, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.

En el proceso de adjudicación tanto la empresa Sedesa, de la familia Cotino, como Grupo Lubasa y Pavasal ganaron el concurso millonario. El 17 de noviembre de 1997, según reflejan las agendas incautadas durante el registro del despacho del expolítico del PP en Telefónica, Zaplana se reunió con Juan Cotino, con el empresario Luis Batalla y con Pavasal.

El lote dos (zona València norte) fue a parar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba la mercantil Técnicas y Tratamientos Medioambientales SA, de la que el empresario Luis Batalla era administrador único. En el quinto lote (zona Alicante-Elche), Pavasal participaba en la UTE que resultó adjudicataria.

Pavasal está investigada en el caso Taula por los pagos a las campañas electorales de Rita Barberá. Lubasa es propiedad de la familia Batalla de Castelló. El padre, Luis Batalla, estuvo dos años sin poder contratar con administraciones públicas por fraude fiscal. Su hijo Gabriel es ahora presidente de la compañía y admitió haber financiado al PP de Francisco Camps.

Un informe anterior de la UCO concluyó que el reparto posterior de las comisiones fue de 10,5 millones para la trama internacional liderada por Eduardo Zaplana; 11,3 para el que fuera director de la policía con Aznar Juan Cotino y 580.000 euros para el expresidente de Bancaja y de la Generalitat José Luis Olivas.

El último informe de la UCO hecho público recientemente se centra en la fórmula que utilizó el también exministro de Trabajo en la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno para repatriar y blanquear hasta 4,5 millones de euros procedentes de Imision Internacional, una de las empresas pantalla vinculadas a Zaplana a través de las que se cobraron las presuntas mordidas.