El grupo Ribera Salud acumula sentencias que le obligan a pagar casi 70 millones de euros a la Generalitat Valenciana

El grupo Ribera Salud SA, actualmente propiedad del grupo sanitario Vivalto, mantiene varios frentes abiertos con la Generalitat Valenciana a cuenta de las liquidaciones anuales por los pacientes atendidos en otros departamentos públicos de salud (la denominada facturación intercentros). Las empresas privadas, especialmente la firma presidida por Alberto de Rosa, se juegan una deuda de 350 millones de euros, según los datos de la Conselleria de Sanitat. El conseller Marciano Gómez, uno de los artífices de la privatización durante la etapa de Eduardo Zaplana, rebajó la deuda de los 641 millones calculados inicialmente a 350 millones en concepto de liquidaciones.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) tramita nueve procedimientos relativos a las liquidaciones de los departamentos de Manises (en manos de Sanitas), relativas a los ejercicios de 2009 a 2021; de La Ribera (2016 y 2017); de Elx-Crevillent (2011 y 2012), y de Dénia y de Torrevieja, por el mismo periodo (del 2014 al 2016).

Precisamente la alta ligitiosidad de la empresa fue uno de los argumentos esgrimidos por el anterior Gobierno autonómico del Pacte del Botànic para revertir la privatización del departamento de salud de Dénia y evitar así prorrogar el contrato. La misma sección quinta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV, tal como informó elDiario.es, avaló la reversión en una sentencia que descartaba que se estuviera vulnerando el derecho constitucional a la libertad de empresa del grupo sanitario, símbolo por excelencia de la privatización sanitaria.

El alto tribunal autonómico resolvió recientemente el recurso planteado por el grupo sanitario contra las liquidaciones del ejercicio 2017 del departamento de La Ribera, con el que la empresa pretendía ahorrarse casi 15 millones de euros. La sentencia, de la que informó este diario, marcó el camino del resto de procedimientos, con razonamientos jurídicos y conclusiones “esenciales” a la hora de resolver el resto de recursos, tal como indica otro reciente fallo del TSJ-CV sobre las liquidaciones del ejercicio de 2012 del departamento de salud Elx-Crevillent.

La filial de Ribera Salud pedía una rebaja de los 16,8 millones de euros calculados por la Conselleria de Sanitat a 6,8 millones escudándose en un informe del director económico de la empresa Elche Crevillente Salud SA. Sin embargo, la sentencia avala la liquidación planteada por la Generalitat Valenciana “ante la falta de aportación de un informe técnico que desvirtúe la veracidad de las certificaciones de los gerentes de los departamentos de salud de gestión pública y resto de documentación técnica existente en el procedimiento administrativo”.

Por otro lado, la misma sección quinta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV también ha desestimado el recurso de la empresa contra las liquidaciones del departamento de salud de La Ribera correspondientes al ejercicio 2016. El grupo Ribera Salud solicitaba una sustanciosa rebaja de la cifra: de los 26,1 millones de euros que pedía la Conselleria de Sanitat a 10,6 millones. El departamento autonómico ya aceptó una rebaja de 2,3 millones de euros por conceptos “no facturables” y la empresa planteó alegaciones.

“No puede afirmarse que la administración haya fijado la liquidación unilateralmente”, afirma la sentencia. “Tampoco que se haya privado a la concesionaria de la posibilidad de realizar comprobaciones y alegaciones causantes de indefensión”, apostilla.

El TSJ-CV alude al informe de la Conselleria de Sanitat que argumentaba que, con un precio inicial del contrato abonado a la concesionaria de 191,7 millones de euros, la “pretensión” de rebajar las liquidaciones “generaría un enriquecimiento injusto a una de las partes, en concreto a favor de la concesionaria, en cuanto a que la concesión ha recibido la cápita anual correspondiente a estos pacientes y, sin embargo, el coste económico asistencial recae en la propia administración”.

“Habiéndose justificado por los gerentes de los departamentos esas asistencias, su importe debe ser repercutido a la concesión”, concluye el fallo. Así, la última tanda de sentencias relativas a las liquidaciones correspondientes a filiales de Ribera Salud cifran en casi 70 millones de euros la cantidad —provisional— a pagar a la Conselleria de Sanitat. La empresa no ha contestado las preguntas de esta redacción.