La fiscalía archiva la investigación a la Conselleria de Agricultura por la adjudicación de trabajos a Tragsa
La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado la investigación abierta en relación con unas adjudicaciones de trabajos -encomiendas de gestión- realizados por la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio, en detrimento de Vaersa -mercantil dependiente de la Generalitat-, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público.
El fiscal ha adoptado esta medida tras recibir un informe de la propia conselleria y al determinar que los hechos no son constitutivos de delito alguno, han indicado las mismas fuentes.
El procedimiento partió de una denuncia interpuesta por el sindicato Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) ante el ministerio público en octubre del pasado año por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos; dos de prevaricación; y un delito fiscal.
En resumen, se cuestionaba la adjudicación directa, por parte de la Conselleria de Agricultura, así como varias encomiendas de gestión -se tratan de trabajos con seguimiento, estudio y otras labores- y obras a la empresa Tragsa, considerándola como medio propio -lo que le permitiría no pagar el 21% de IVA- pese a que la nueva Directiva Europea sobre contratación pública le excluía de esta condición.
Adjudicaciones por 4 millones de euros
En concreto, según recogía la denuncia, la conselleria realizó, tras la entrada en vigor de la normativa europea, a propuesta del director general, tres adjudicaciones directas a Tragsa como medio propio por un valor total de 4.091.763,07 euros.
Esta directiva define de forma restrictiva en su artículo 12 las condiciones que debe cumplir cualquier persona jurídica para ser considerada como medio propio de una administración pública. En base a la misma, según USO, Tragsa no cumplía los requisitos para considerarse como medio propio del Consell.
No lo cumpliría porque, tal y como expuso el sindicato ante la fiscalía, “no solo no tenía nombrado a nadie en el Consejo de Administración de Tragsa, individual o conjuntamente con otras administraciones que le permitieran ejercer el mismo control que el ejercido sobre sí misma; sino que ni tan siquiera era copropietaria de Tragsa”.
Y conselleria, según USO, era conocedora de que no podía contratar en estas condiciones con Tragsa puesto que a fecha 1 de agosto de 2016 se le autorizó la compra de una acción de la empresa. “Dicha compra prueba, también, que la Generalitat no era desconocedora de que contratar con Tragsa incumplía el artículo 12 de la Directiva, intentando ponerle remedio a posteriori”, sostiene el sindicato.
Junto a este motivo, USO cuestionaba también en su denuncia otros dos aspectos de la conselleria: el pago del IVA y la comparativa de tarifas. Sin embargo, el ministerio público, tras estudiar todos estos aspectos, ha decidido archivar el procedimiento al no ver delito.
