Lambda denuncia al director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana por revelar secretos y prevaricación

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, ha presentado una denuncia penal contra el director general de Diversidad de la Generalitat, Stephane Soriano, por considerar que habría incurrido presuntamente en tres delitos de revelación de secretos y dos de prevaricación.

En concreto, se denuncian tres presuntos delitos de revelación de secretos por varias declaraciones hechas por Soriano en tres medios de comunicación sobre expedientes administrativos “que no eran aún conocidos por la propia entidad”, han señalado este lunes desde el colectivo.

En esas declaraciones, Soriano se refiere a posibles irregularidades en subvenciones concedidas a Lambda y por un posible despido con cargo a una subvención, según las mismas fuentes.

La entidad apela al artículo 417 del Código Penal, según el cual “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

“Si el director general hubiese hablado del contenido de dicha resolución una vez firme, esta denuncia no se habría puesto, por tratarse de información pública”, ha explicado el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.

Sin embargo, ha precisado, “hizo públicos datos que no lo eran ni venían acompañados de resolución firme, y que fueron emitidos desde una posición institucional con capacidad de generar efecto público inmediato y duradero en nuestra contra y que, además, se han demostrado falsos o inexactos”.

Además, ha desatacado que las declaraciones del director general se produjeron solo cinco días después de que Lambda denunciara públicamente “injerencias, amenazas y malas formas por parte de la administración autonómica en la gestión” de los actos del Orgullo.

En este sentido, desde el colectivo consideran que las palabras y revelaciones de Soriano “han generado un perjuicio reputacional grave y sostenido en el tiempo a la entidad”.

En cuanto a la presunta prevaricación, Lambda ha denunciado dos delitos conforme al artículo 404 del Código Penal, que dice que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quince años”.

Ha asegurado que una empresa externa elegida por la administración auditó dos expedientes económicos del servicio Orienta, y en ambos casos, las auditorías se resolvieron de forma favorable a la entidad, y con posterioridad, la propia Generalitat revisó toda la documentación y propuso un acuerdo de reintegro inferior al 1 %.

“Hasta aquí todo era normal pero justo antes de formalizar el acuerdo de pago, el director general firmó dos ampliaciones unilaterales en las que aumentaba un 150 % las cantidades reclamadas”, ha denunciado el coordinador de Lambda.

Según el colectivo, no existe “ningún informe técnico ni jurídico que motive o sustente tales ampliaciones”, tal y como, según ha dicho, exige el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y tal y como recogen en la documentación presentada.

Además, añade, “la arbitrariedad de la resolución queda probada también por el hecho de que, tras las alegaciones interpuestas por la entidad, la administración ha retornado los importes a su valor inicial”.

“La falta de fundamento de la ampliación” y que se repita “simultáneamente en dos expedientes distintos de Lambda abunda en el hecho de que fue una decisión arbitraria, y lo que se perseguía era perjudicar” a la entidad, aseguran.

“Lambda, como entidad social sin ánimo de lucro, depende del buen nombre y la confianza institucional y social y las insinuaciones de mala praxis, difundidas sin base alguna y por parte de un cargo público, suponen un daño real y directo tanto en nuestro trabajo diario como a nuestra reputación”, lamentan.

“Intentar boicotear un día de reivindicación”

Desde la Generalitat Valenciana se reconocen sorprendidos por esta denuncia “que hace referencia, según la entidad, a presuntos hechos ocurridos hace un año”: “Acaba de pasar el Día del Orgullo, que debe ser un día de reivindicación, y, de nuevo, como hicieron el año pasado, han intentado boicotear un día importante para el colectivo”.

Según explican desde el Consell, hay entidades que “no quieren entender que el colectivo LGTBIQ+ no tiene color político, que no debe ser utilizado políticamente ni patrimonializado”, y añaden que este año, “según hemos podido conocer por los medios de comunicación, han obligado a las carrozas que participaban en el desfile a firmar un manifiesto contra el Consell; un manifiesto cargado de falsedades y bulos sobre el mantenimiento de terapias de conversión en la Ley Trans, algo absolutamente falso y tan fácil de demostrar como leer el artículo 6 de la propia ley”.

Esta asociación, sostienen desde el Ejecutivo valenciano, “puede que no quiera entender que el colectivo es muy amplio y que para este Gobierno todos tienen cabida, puesto que se trabaja para mejorar los derechos de todo el colectivo haciendo diversa la diversidad; mientras otros, ante la falta de argumentos, basan sus críticas en bulos”.

La Generalitat enumera las “importantes medidas” que ha impulsado en los dos últimos años: “aumentar un 20% del presupuesto destinado a Diversidad; aumentar un 50% las ayudas a entidades sociales que fomentan la Diversidad LGTBIQ+, habiendo pasado de 220.000€ con el Botànic a 330.000€ con el gobierno del cambio; pasar de cuatro líneas de subvenciones a 8 líneas creando dos destinadas al municipalismo; lograr un aumento del 129% de proyectos presentados pasando de 112 proyectos con el Botànic a 352 con el gobierno del cambio; velar por el control del dinero público de está intensificando la fiscalización de los servicios públicos, lo que ha permitido recuperar más de 700.000 euros de dinero público solamente en el los años 2021-2022”.

Y prosiguen, “la visibilización y apoyo institucional, claves en la lucha contra la LGTBIQ+fobia, se ha materializado con la creación de la marca Orgull de Comunitat; la creación del Protocolo de Espacios libres de LGTBIQ+fobia en la Comunitat Valenciana, siendo la primera comunidad autónoma que recoge esta protección en el ámbito privado y público; se han llevado a cabo campañas de información y sensibilización, en especial sobre la sensibilización contra la LGTBIQ+fobia y la no discriminación, actividades de promoción de un deporte inclusivo, seguro y libre de LGTBIQ+fobia; o el programa para la respuesta coordinada al chemsex en la Comunitat Valenciana 2025-2027”.

Se trata de una cuestión, apuntan, de la que no tienen más información que la aparecida en los medios de comunicación: “Extraña que un año después utilicen esta cuestión para intentar, mediante denuncia, el desgaste y ataque personal a un director general; sobre todo, porque se trata de un asunto de justificación de gastos desde 2019 que analizan los técnicos y se notifican a las entidades, que, posteriormente, reconocen si están o no justificados para actuar en consecuencia con las posibles devoluciones”.

Así mismo, recuerdan que esta entidad gestiona el concierto de Orienta en la provincia de Valencia y Armari de la Memoria en toda la Comunitat valenciana, “con unos fondos que han ido creciendo fuertemente en los últimos años desde la creación de estos servicios en la legislatura anterior”. El concierto, explican, finaliza en noviembre de 2025 “y resulta curioso el ruido que pretenden generar unos meses antes de la próxima publicación de las bases de esta acción concertada”.

Además, esta entidad “siempre ha recibido el mayor porcentaje de todas las subvenciones en materia de diversidad y ahora recibe estas ayudas, como antes, en concurrencia competitiva con el resto de las entidades, pero atendiendo a un proyecto por entidad en cada línea de subvención para llegar al mayor número de entidades posibles”, concluyen desde la Generalitat.