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“Llegué en patera hace 14 años, pero lo más difícil me esperaba aquí en España”

Adrián Vives, portavoz de la campaña CIEs No en València, presenta el informe 'Sin derecho a tener derechos'.

Laura Julián

Valencia —

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La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el fin de las deportaciones no tiene nada que celebrar. Suman diez años de existencia, pero el objetivo que motivó la creación de esta agrupación de activistas no se ha cumplido. Prueba de ello es el informe CIE de Zapadores. Sin derecho a tener derechos, publicado por la propia campaña, donde se recogen en más de 80 páginas los principales casos de malos tratos y torturas cometidos durante los últimos diez años en el centro de Zapadores de València.

El portavoz de la campaña en València, Adrián Vives, ha presentado el informe este lunes 15 de junio (Día por el cierre de los CIE) en el Centre del Carme, con la aportación vía telefónica desde Madrid del activista senegalés, Thimbo Samb. “Llegué hace 14 años en patera, pero lo más difícil me esperaba aquí en España”, recalcaba el activista, que fue internado en el CIE de Tenerife.

El documento presentado destaca la muerte violenta de Marouane Abouobaida, el 15 de julio de 2019 en el centro de Zapadores de València. El joven marroquí de 23 años acababa de sufrir una agresión cuando fue apartado en una celda de aislamiento “para protegerlo de sus agresores”, según dijo la policía. Apenas unas horas antes de suicidarse, Marouane Abouobaida denunció en una carta los dolores que sufría en la cabeza y pidió ayuda, pero “nadie le hizo caso”.

De momento, no hay responsables de la muerte del joven marroquí y su familia se ha personado en el caso a través de la asistencia jurídica que proporciona la propia campaña por el cierre de los CIE de València. “Nadie, ningún político ni institución, ha respondido a pesar de que su muerte se produjo bajo la tutela y la custodia del Estado”, apuntaba Vives durante la presentación.

La muerte de Marouane Abouobaida es “el hecho más grave” del informe, pero no es el único. Según la campaña en 2019 recibieron “cincuenta denuncias de internos por trato intimidatorio, degradante o racista”. “La mayoría no son hechas públicas porque las víctimas temen las represalias (castigos, deportación inmediata), pero en este informe se da cuenta de un par de casos denunciados ante la justicia: uno se archivó porque -según la policía- el denunciante se retractó y el otro fue deportado sin esclarecer lo sucedido”, explican.

La campaña también ha detectado entre las personas internas “hasta doce posibles víctimas de trata, algunas menores de edad y en algún caso encerradas en el mismo espacio que sus tratantes o proxenetas”. También han atendido a once menores de edad, la mayoría liberados gracias a las “múltiples gestiones” de denuncia de la propia campaña.

Otros casos especialmente graves son los dos casos de personas con VIH “a las que no se les dio la medicación adecuada” y cuyas vidas corrían peligro si finalmente eran deportados a sus dos países de origen, Venezuela y Rusia, donde no se les garantizaba un adecuado seguimiento de salud.

“En este informe tratamos de visibilizar lo que se intenta ocultar, como las denuncias de violencia policial, el internamiento de víctimas de trata y de menores o los intentos de deportación de personas gravemente enfermas. No se cuenta todo lo que pasa porque la opacidad es intrínseca a los CIE, pero sí que podemos deducir que lo que ocurre en su interior y la falta de interés de las instituciones en evitarlo se debe a que quienes lo sufren son tratados como seres sin derecho a tener derechos”, señalan en CIEs NO.

En el informe también remarcan que desde que se abrieron los CIE en España, “al menos diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron”, siendo tres de ellas en el CIE de València y “hay confusión sobre una posible cuarta víctima que la Campaña ha pedido al Defensor del Pueblo que lo investigue”.

Actualmente, el CIE de Zapadores está vacío a la espera de una reforma que incluye un gasto previsto de 730.000 euros, tal como el gobierno informó al grupo Compromís, en una pregunta parlamentaria.

“España es un país racista”

El testimonio del activista, Thimbo Samb es también uno de los muchos ejemplos documentados gracias a las casi 500 visitas realizadas por la campaña y al contacto generado con las personas internas. Es esa cercanía la que ha permitido también conocer datos como que el 87% de los internos tiene sensación de fracaso, el 58% sufría alteración del sueño, el 39% tenía alteraciones psicosomáticas (dolores de estómago, de cabeza, problemas dermatológicos…) o que el 67% padecía estrés y ansiedad por la posibilidad de deportación.

“A nosotros nos encantaría estar en nuestros países, con nuestras familias y en nuestros hogares, pero aun sabiendo lo difícil que es llegar y arriesgando nuestras vidas venimos aquí y nos encierran en cárceles racistas”, explicaba el activista senegalés.

Thimbo Samb ha destacado que “España es un país racista, nos guste o no nos guste”. “Cuando llegué aquí me di cuenta de que era diferente cuando caminaba por la acera o en el metro, me hacían sentir diferente cada día”, indica.

La campaña denuncia que la existencia de “estas cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito, en condiciones inhumanas y sometidas en muchos casos a abusos y malos tratos”, es precisamente uno de los ejemplos que demuestran ese racismo y esa “triste realidad”.

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