Nuevo modelo social valenciano: inyección de 99 millones y un plan de 500 millones de la UE en infraestructuras

Cerca de 41 millones de euros para reforzar el sistema de atención a la dependencia, 47 millones de euros para la renta valenciana de inclusión, 11 millones de euros en ayudas al sector residencial y un plan de infraestructuras dotado con 500 millones de euros para los próximos años a partir de fondos europeos. Son las inversiones inmediatas que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se inyectarán durante lo que resta de año en el sistema valenciano de servicios sociales, la red de protección ante una emergencia que se ha agravado durante la pandemia, y la hoja de ruta de cara a la Unión Europea a corto plazo.

La vicepresidenta del Consell y titular del departamento, Mónica Oltra, explicó este lunes el llamado 'Nuevo modelo social', las acciones de la conselleria para modificar la estructura, antes y durante la pandemia. La vicepresidenta indicó que el Gobierno pretende gratificar al personal sociosanitario que se ha “volcado” en la lucha contra el coronavirus y por ello destinará la mitad de las subvenciones de centros residenciales a personal, tanto a su refuerzo como a compensaciones extraordinarias por el trabajo desarrollado.

Oltra también ha insistido en el plan de infraestructuras, que explicó el president Ximo Puig durante el debate de política general, y pretende destinar 500 millones de euros procedentes de fondos europeos a la construcción de centros residenciales y asistenciales y la ampliación de plazas en los ya existentes, siguiendo el nuevo modelo que busca que los centros sean “lo más parecido a un hogar y que además se ha demostrado muy efectivo en la lucha contra la Covid”.

El objetivo del modelo social ha sido crear una estructura normativa para cada recurso. Así se distingue la Ley de Dependencia de la Renta Valenciana de Inclusión o la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, el último proyecto normativo aprobado que reordena el mapa de servicios ciudadanos. Esta norma dota de “estructura” al sistema y refuerza las plantillas de los servicios sociales municipales que, con cerca de 2.000 profesionales, ofrece una estructura de atención “sólida y estable” a la ciudadanía y especialmente a los colectivos de personas más vulnerables. La ley prevé aumentar la ratio de inspectores a 1 por cada 150.000 habitantes (anteriormente, 1 por cada 250.000), lo que implica la contratación total de 34 personas. En los nuevos presupuestos de la Generalitat Valenciana se reforzará también el ámbito de la gestión con 29 trabajadores para tareas administrativas con el objetivo de preparar una segunda ola del coronavirus.

La vicepresidenta ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo autonómico, que, a su juicio, ha permitido “afrontar en mejores condiciones las circunstancias derivadas de una pandemia que ha paralizado el país y que está derivando en situaciones de mayor vulnerabilidad”. De hecho, ha destacado, la valenciana es una de las tres autonomías que consiguió seguir incrementando las personas beneficiarias en sistema de atención a la dependencia hasta las 99.429 actuales y en 10.000 personas las destinatarias de la renta valenciana de inclusión.

Entre las ayudas, el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas destaca un millón de euros en partidas directas al sector residencial, siete millones de euros en ayudas directas de emergencia individuales, 2,3 millones de euros en ayudas de alimentación a la infancia y complementos a las ayudas de comedor de la Conselleria de Educación.

Ante una posible segunda ola de la COVID-19, la Generalitat prevé ayudas para reforzar las plantilleas en las residencias. Deberán destinar y justificar el 50% de la subvención en ayudas al personal y destaca que se ha creado “una red propia de distribución de material” puesto a disposición de los centros y recursos dependientes de la conselleria. La vicepresidenta ha destacado también el apoyo al sector “con el pago de más de 76 millones de euros a centro concertados”, incluidas las plazas no ocupadas, o los decretos de concesión directa de subvenciones por valor de más de 9 millones de euros a las entidades de diversidad funcional, mayores, pueblo gitano, igualdad en la diversidad o juventud.

'El SIP social'

El departamento que dirige Oltra quiere rescatar una medida que comenzó a trabajarse con el equipo de la anterior consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón: el 'SIP social', que estará presupuestado con 10 millones de euros. La medida consiste en una tarjeta asistencial que imite a la que emplea Sanidad Universal y Salud Pública para los datos e historia clínica de los pacientes pero adaptada a los servicios sociales; una forma de unificar los datos para evitar la revictimización de los colectivos más vulnerables. En otras palabras, que la persona usuaria de los servicios públicos no tenga que repetir constantemente su historia en cada atención.