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El derecho a sonreír al futuro

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Quizá recuerden estas palabras del papa Francisco en la entrevista de Jordi Évole (31-3-2019), sobre las víctimas olvidadas de la guerra civil y la dictadura franquista: “Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos”.

Así es. Tenemos derecho como pueblo como comunidad y como sociedad a sonreír al futuro, pero solo podremos hacerlo desde la verdad del dolor de las víctimas y desde la recuperación de la memoria histórica amordazada por el miedo y el silencio impuesto, y sobre la que primero la dictadura y todavía hoy el franquismo sociológico, extendieron y siguen extendiendo falsedades y mentiras interesadas con clara voluntad revisionista que es necesario denunciar. ¡Ya está bien de tantas heridas abiertas! Tenemos derecho a sonreír, sí, pero también tenemos derecho a compartir esa sonrisa con todas las personas de buena fe que quieran encontrarse en el dolor de las víctimas, huyendo de revanchismos, revisionismos o actitudes paternalistas y prepotentes, para construir entre todos una convivencia pacífica y democrática en la que el odio nunca más tenga lugar.

Y para lograr el objetivo de un convivencia pacífica y democrática desde el encuentro y la reconciliación, es necesario un ejercicio de justicia que garantice el derecho a la verdad de las víctimas, que repare íntegramente el daño producido y alivie el dolor, porque éste siempre será irreparable, y que enfrente a los victimarios con el reconocimiento y la responsabilidad de los crímenes cometidos, al menos desde la generación de una conciencia histórica como forma de justicia para las víctimas. Porque cuando esto no sucede en los procesos de transición, como es el caso de España, la sociedad se fractura y se instala en la crispación y el enfrentamiento permanente, sin que llegue nunca a superarse la dinámica de vencedores y vencidos, o lo que es lo mismo, de legales e ilegales. 

Así, podemos escuchar todos los días en cualquier medio, cómo los vencedores siguen siendo los legales, los que detentan la única verdad histórica, los que se apropian de una Constitución que no aprobaron con su voto, pero que ahora defienden porque les protege. Todos los demás, seamos nacidos aquí o llegados de tierras lejanas huyendo del hambre, la persecución o la miseria, somos ilegales. Para ellos, para los que se siguen considerando vencedores o herederos de ellos, aunque hayan perdido las elecciones, todos los demás, incluso el Gobierno que nos representa democráticamente, todos somos ilegales. Y en ese paroxismo de prepotencia e ignorancia, ahora nos llaman “demócratas sin ley”, como si la democracia no fuera precisamente eso, el respeto a ley que nos marca las reglas del juego a todos. Y en su delirante equidistancia, nos equiparan a los golpistas de 1936, a los que califican de defensores de la ley sin democracia. ¿Qué ley es posible sin democracia? ¿En qué ley se amparan el genocidio y los crímenes contra la humanidad de los golpistas y del franquismo?

Es necesario romper esa dinámica de enfrentamiento y solo lo podremos lograr desde la verdad, la memoria y la justicia. Hora es ya de que aprendamos a resolver nuestros problemas por nosotros mismos, sin dejar siempre las cosas a medias. Así llevamos ya ochenta años sin encontrarnos, sin aceptarnos y sin respetarnos.

Primero, soportamos un auténtico genocidio por motivos políticos que, como señalan Martín Pallín y Escudero Alday “los vencedores de la guerra ejecutaron sin pudor, ensoberbecidos por la imperial marcha de sus protectores nazis y fascistas italianos”; aunque conviene no olvidarlo, con el silencio cómplice primero de las potencias europeas del bando aliado y después de EE.UU que abandonaron descaradamente a los demócratas españoles, a la suerte de un régimen idéntico a aquellos contra los que sacrificaron miles de vidas en defensa de la democracia y los derechos humanos. Después, la transición a la democracia no fue desde luego un ejercicio modélico a la luz del derecho internacional, al colarse en ella la amnistía para los crímenes contra la humanidad del franquismo, si bien todos los que en ella luchamos por la democracia, explotamos de alegría al sentir y vivir las libertades injustamente arrebatadas tantos años. Hubo tiempo para cambiar las cosas y declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1977 en ese aspecto, como han hecho otros países con leyes similares.  Pero no se hizo, y seguimos dejando las cosas a medias.

Costó muchos años empezar a recuperar la verdad y la memoria, hasta que fruto de la presión popular se promulgó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, avalada por un poder político de nuevo temeroso y carente de principios sólidos, para dar cumplida respuesta a la urgencia de las políticas reclamadas por las asociaciones de víctimas del franquismo y grupos memorialistas. No obstante, es justo reconocer que la ley de Memoria Histórica supuso una respuesta importante, aunque desorganizada, a las demandas de la sociedad civil y del propio Consejo de Europa, creando una pluralidad de políticas dirigidas al reconocimiento de la verdad de los hechos sucedidos en España durante la guerra y el franquismo.

Lo que sucedió con la memoria histórica en la década 2009/2018, es bien conocido. De nuevo el ninguneo y la prepotencia de los vencedores con las víctimas: “ni un euro para la memoria histórica” (Rajoy). Finalmente, cuando el nuevo Gobierno progresista promueve acabar con la exaltación del dictador, acordando su exhumación del Valle de los Caídos, algo que sería consustancial a cualquier proceso de transición desde la dictadura a la democracia, y después de cuarenta años, es imposible obtener el acuerdo de todas las fuerzas democráticas. La confrontación y la intolerancia siempre como sistema. Porque no es cierto, como dijo el líder de la oposición hace unas semanas que “los españoles ya nos reencontramos en 1978”. El pueblo españollleva muchas décadas buscándose a sí mismo. El mismo tiempo que los familiares de las víctimas olvidadas de la Guerra de España y del franquismo, llevan buscando a sus muertos y a sus hijos robados.

Pedir perdón y ocultar la verdad; pedir perdón y olvido para silenciar a las víctimas es un acto de desprecio permanente a la dignidad de las víctimas. Por eso es indispensable en nuestro país superar el perdón y olvido de la transición y de cuarenta años de democracia, y abrir la vida a la verdad.

Creemos que es ahora, cuando el Gobierno de coalición asume el compromiso de avanzar en la reconstrucción de la verdad y la memoria democrática, con el debate parlamentario del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, cuando se dan las circunstancias históricas, sociales y políticas para que nuestra sociedad asuma el objetivo del cierre de esa fractura de dolor, silencio y olvido, en un proceso de encuentro restaurativo tanto a nivel político, como ético y social. Es preciso encarar desde principios justos y firmes, sin dudas, tacticismos ni zigzagueos, la deuda ética, política y jurídica que nuestra democracia tiene con todas las víctimas olvidadas de la guerra y del franquismo; una deuda de verdad, justicia y reparación que tiene también muchas décadas de impunidad.

Y la reconstrucción de la verdad histórica, no solo la verdad del acto criminal, se logra dando la palabra a las víctimas, reconociendo sus sufrimientos y por lo tanto, rehabilitándolas en su dignidad de personas. Y para ello, es necesario abrir espacios públicos, no solo judiciales, en los que se pueda escuchar la voz de las víctimas, y en los que estas puedan realizar una experiencia positiva de terapia curativa de la palabra y la comunicación, a los que nunca han podido acceder las víctimas del franquismo ni sus familiares directos y descendientes, a salvo puntuales trabajos de investigación y periodísticos excelentes. Unos espacios que además pretenden facilitar el diálogo restaurativo entre víctimas y victimarios y en todo caso, el relato heredado por sus familiares de las vivencias traumáticas y del dolor transmitido a las nuevas generaciones.

Por eso abogamos por la creación en España de una Comisión de la Verdad,  uno de los mecanismos extrajudiciales habituales en el marco jurídico del derecho internacional humanitario, en el ámbito de lo que se conoce como Justica Restaurativa en los procesos de Justicia Transicional, para la reparación de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Un organismo de naturaleza independiente y autónoma, constituido por expertos internacionales, en cuya elección deben de participar las organizaciones representantes de las víctimas y que deberá asumir tres funciones esenciales: primera, contribuir al esclarecimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica de quienes padecieron violencia durante la Guerra  de España y la dictadura; segunda,  promover y contribuir  a la sanación de las víctimas mediante el ejercicio público y en espacios públicos, de una terapia curativa de la palabra y al mismo tiempo, promover la restauración de su dignidad y su reparación popular y comunitaria violadas; así como el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas, y tercera, fomentar la conciliación y la convivencia democrática y el encuentro restaurativo de una sociedad fracturada por el dolor y el olvido, en toda su dimensión transgeneracional,  para que las diferencias de cualquier tipo nunca más se pretendan resolver con el discurso del odio, la venganza y el uso de la violencia.

Como es conocido, la Comunidad Valenciana goza de una magnífica Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia, la ley 14/2017, de 10 de noviembre; una Ley que, por cierto, ha servido de base a la redacción del Anteproyecto de ley Estatal de Memoria Democrática, siendo incluso transcrita literalmente en aspectos esenciales. Pues bien, en la Disposición Adicional Sexta, punto 1, se determina que el Consell “solicitará del Gobierno del Estado la creación de una Comisión de La Verdad sobre los hechos y acontecimientos acecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista”; lo que es una gran previsión y sería muy oportuna la efectividad de dicho requerimiento precisamente ahora que se contempla el debate parlamentario de la ley estatal. Pero interesa destacar, sobre todo, el punto 2 de dicha disposición, en el que se determina perentoriamente que “el Consell creará una Comisión de La Verdad de ámbito autonómico, para hacer llegar sus conclusiones, fruto del análisis de la realidad valenciana, a la Comisión de ámbito estatal”. La previsión legal es magnífica, pues incluso establece ya la articulación de esta Comisión de la Comunitat Valenciana, con la que pueda crearse a nivel estatal.

La pregunta que cabe formular ahora es la siguiente: ¿es oportuna la regulación por vía reglamentaria de la Comisión de La Verdad de la C. Valenciana antes de la discusión del Anteproyecto de Ley Estatal? En mi opinión, al igual que la Ley 14/2017, de 10 octubre de la Comunitat Valenciana ha servido de modelo para el Anteproyecto de Ley Estatal de Memoria Democrática, es evidente que una acertada configuración del modelo de Comisión de la Verdad en nuestra Comunidad podría también servir de ejemplo y de acicate, tanto para la propia creación de aquélla, como para su configuración con funciones similares a las que aquí se puedan determinar. Por esta razón, considero que sería muy oportuno asumir lo antes posible el desarrollo reglamentario de la Ley 14/2017 en esta materia. Quede ahí esta idea.

Finalmente, no se debe desconocer la dimensión sociológica y política de la represión de la memoria de las víctimas y la consiguiente impunidad, como factores contaminantes de la convivencia en paz y de la propia democracia. Así, como constata Géraldine Schwarz en su libro “Los amnésicos (Historia de una familia europea)”, galardonado con el Premio al Libro Europeo de 2018, y de imprescindible lectura para comprender el auge de la extrema derecha en toda Europa, la ausencia de un profundo trabajo de memoria y la enorme deuda aún no saldada con muchas de las víctimas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, desnaturaliza los sistemas democráticos y genera sociedades  amnésicas con el pasado de terror más reciente, egoístas, crispadas e intransigentes con la diferencia, aunque solo sea de opinión, en las que casi no se reflexiona. Somos incapaces de debatir con calma y rigor incluso la dieta alimentaria. Solo se combaten las opiniones o hechos de otros (“y tú más”), se vive permanentemente en el sobresalto y en el ataque, y apenas casi nadie busca el camino que necesitamos: el del encuentro y la conciliación que nos permita pasar a la otra orilla de la esperanza.

Esa crispación, ese odio y ese proceso creciente de amnesia que contamina Europa es el caldo de cultivo de un mensaje xenófobo, racista, machista, homófobo, fascista y revisionista, o condescendiente con los crímenes contra la humanidad de nuestro pasado común de represión de las libertades, de muerte y destrucción total, que impulsa a los partidos políticos de extrema derecha que utilizan la democracia para destruirla.    

Esta situación que vivimos ahora en nuestro país es hija de la impunidad de los crímenes del franquismo. Porque la impunidad envalentona al criminal y se transmite, como el dolor de las víctimas, a las nuevas generaciones, educadas en la mentira y en el desprecio a las víctimas, a los vencidos. 

Pensemos un momento sobre el significado de esta palabra, impunidad, en nuestro país. La impunidad no es solo un concepto jurídico que determinó la circunstancia de no recibir castigo los crímenes de la Guerra de España y del franquismo. La impunidad constituyó el modo social y político del franquismo y se convirtió en una sombra amenazadora de toda la vida social que todavía pervive hoy en gran parte del cuerpo social. La impunidad no es solo perdón y olvido. La impunidad no es neutra; existe y ha existido para tener consecuencias. Y esas consecuencias son la ruptura de la convivencia y de las reglas del juego de la democracia. Porque la impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción, de la política como medio para enriquecerse, de la instrumentación de los tribunales y los medios de comunicación para hacer política, en algunos casos con resoluciones que provocan alarma social. Y así, la impunidad, se convierte en el salvoconducto con el que se mueven entre todos nosotros, los que la periodista Rosa María Artal calificaba hace unos días como “delincuentes de cuello blanco y mano sucia y los perturbadores de la democracia”. Incluso se puede afirmar, metafóricamente, que la emergencia climática también amenaza nuestras libertades tan duramente conseguidas; porque nuestra democracia puede desvanecerse por el agujero negro de la impunidad si todos no ponemos remedio activamente. 

Las epidemias y las pandemias se combaten con vacunas que nos preparan para rechazar los virus que pretenden debilitarnos, para apropiarse de nuestra salud, de nuestra libertad y de nuestra alegría de vivir. Lo vemos estos días con coronavirus. Por eso hay que vacunarse también hoy contra la epidemia de amnesia de ese pasado más cercano, en el que los españoles trabajamos y luchamos por la libertad y el bienestar para nosotros y las generaciones futuras y en el que muchos quedaron injustamente olvidados en ese camino. Y la mejor vacuna es el trabajo de la Memoria Histórica y abrir espacios para las víctimas.

Un pueblo que olvida su dolor y su historia, dando carta de naturaleza a la impunidad, corre el riesgo de perder su conciencia crítica y con ella, su capacidad para encontrar la verdadera reconciliación; lo que noscondenará históricamente a vivir instalados en la crispación, el insulto y la intolerancia, cuando no en la repetición de nuevos episodios de violencia.

No hay que bajar la guardia contra ese virus del olvido. Debemos estar alertas y combatirlo, porque si no se llevará para siempre nuestro derecho a sonreír al futuro.    

                                                José Ramón Juániz Maya es jurista, especializado en derecho internacional humanitario.

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