Reforzar el Estado, la cohesión social y la convivencia

Parece haber pasado un siglo desde que el presidente del Gobierno anunciara, contra todo pronóstico, el adelanto de las elecciones generales. En medio de una creciente agresividad por parte de la derecha, hemos asistido a una de las campañas más toscas conocidas. “Acabar con el sanchismo” o “Sánchez o España” han sido eslóganes repetidos hasta la saciedad por la derecha más reaccionaria. No es de extrañar el clima de polarización política que percibe la ciudadanía, habida cuenta del empeño con que el PP y VOX se han empleado en contribuir a esta percepción, sólidamente edificada sobre dos variables: el insulto y la mentira.

La estrategia del ‘todo o nada’ a la que ha sucumbido el PP ha fracasado estrepitosamente. En un tiempo donde las certezas no abundan, parece confirmarse que la hora de las mayorías absolutas, salvo excepciones puntuales, se ha acabado. La ciudadanía ha refrendado con su voto la idea de que no hay aritmética parlamentaria de gobierno sin diálogo con quienes piensan distinto. Una derecha que necesita sumar con la ideología que representa VOX, no suma, sino resta, en la medida en que cierra cualquier puerta de entendimiento en un Parlamento plurinacional y diverso, muy reactivo a las nostalgias del pasado. El PP español debería aprender de sus homólogos en Francia y Alemania, mejor les iría. A día de hoy, el PNV no está dispuesto ni tan siquiera a sentarse con ese tándem. Feijóo ha perdido la partida y, a poco que Sánchez logre configurar una mayoría, la cosa acabará en jaque mate. Al tiempo.

A pesar del calor, la participación el 23 de julio ha superado en más de 4 puntos la registrada en los comicios de noviembre de 2019. En buena parte ha sido gracias al encomiable trabajo del personal de Correos que, pese a las muchas dificultades, se ha dejado la piel para que hayamos podido ejercer con absoluta normalidad nuestro derecho al voto. La sombra de duda agitada por la derecha, con alguna colaboración desafortunada, es sencillamente impresentable. Aprovecho estas líneas para rendir un merecido reconocimiento a las personas trabajadoras de este servicio público, que se ha demostrado tan esencial como siempre.

Les reconoceré que el resultado del pasado domingo supone un respiro. La posibilidad de tener instalado a VOX en el Consejo de Ministro traía ecos del pasado mayo. Aunque justo es reconocer que, en nuestra autonomía, la distribución de áreas de trabajo del nuevo Consell parece atenuar el peso de la ultraderecha, el discurso del PP en muchos aspectos deja poco espacio a la tranquilidad. Ya le decíamos al president Mazón que plantear una enmienda a la totalidad de las políticas públicas del Gobierno de coalición no parece una garantía de salvaguarda de los avances sociales de la última legislatura. En este sentido, el resultado electoral de las pasadas generales, si es que efectivamente cristaliza en la conformación de un nuevo Gobierno de progreso, puede ser un contrapunto más que necesario a la configuración de poder institucional en el País Valenciano. Ahora que todo indica que la UE plantea un cambio de ciclo, con la vuelta a la regla de gasto y la definición de nuevas reglas fiscales, lo último que necesitamos es un BOE y un DOGV alineados en una deriva de recortes de servicios públicos y de los tributos que los sostienen.

Desde el sindicato venimos insistiendo en que vivimos un momento de enorme trascendencia de modernización de nuestro país. Debemos aprovechar el consenso alcanzado en la concertación social para incidir en la definición de un marco legal de relaciones laborales, que ahora sí, permite sentar las bases para mejorar la productividad mediante la creación de valor añadido, el fomento de la innovación y el aprovechamiento de las potencialidades de las personas trabajadoras. Los fondos europeos deben servir para reactivar nuestra economía desde esta perspectiva, con inversiones encaminadas hacia un crecimiento económico más sostenible e inclusivo, apoyado en la economía verde y la transición digital, en el desarrollo de sectores estratégicos, la I+D, la educación y la formación profesional. Eso es reforzar el Estado, la cohesión social y la convivencia. Hablamos de necesidades estructurales incompatibles con la negación sistemática de los avances que nos ha traído la concertación social, como la subida del SMI, la reforma laboral o la de las pensiones, pero también de la necesidad de acometer un proceso de convergencia fiscal con la UE para sostener el nuevo contrato social para el siglo XXI que reclama el sindicalismo de clase europeo. Está por ver, cuánto de esto hay de realidad, y cuánto de deseo.