Despedimos un año marcado por el encarecimiento de la vivienda, la reducción de la jornada y la dana

El empobrecimiento se ha convertido en el principal reto que como sociedad debe llevarnos a reforzar nuestro estado de bienestar. Las medidas expansivas que se han tomado en 2024, como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, de las pensiones o la actualización de los convenios colectivos, no han sido suficientes para mantener el poder adquisitivo de los salarios. Así que, aunque la economía a nivel macro crece, el conjunto de la ciudadanía sigue teniendo dificultades para llegar a fin de mes.

A esto se añade la situación de la vivienda, que para el Gobierno valenciano es más un bien de mercado que un derecho. Muestra de ello es la modificación normativa para poder descalificar la vivienda protegida de forma temprana, haciendo que la inversión pública pase a manos privadas, además de su negativa a aplicar la ley estatal que le permitiría declarar zonas tensionadas y así limitar los precios. El acceso a una vivienda digna y asequible, ya sea en alquiler o en propiedad, se ha convertido en un drama para una gran parte de la población valenciana, especialmente para las personas jóvenes.

Este año se ha caracterizado también por la ruptura del gobierno de coalición, a cuenta de las personas migrantes. Vox vuelve a tirar, como en tantas otras ocasiones, de racismo e inhumanidad y deja a Mazón en minoría, complicándole la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat. La misma dificultad en la que se encuentra Sánchez, que debe hacer continuos equilibrios que ralentizan muchos de los avances sociales pendientes en la mesa del diálogo social. En este contexto, hemos conseguido acordar la reducción de la jornada laboral sin merma salarial, un avance significativo para redistribuir los beneficios económicos de la productividad en favor de la igualdad y de la calidad de vida de la clase trabajadora. Un pacto bilateral entre el Gobierno y sindicatos, dado que la CEOE, en un nuevo ejercicio de egoísmo, se ha descolgado. Pero no todo acaba aquí, falta la tramitación parlamentaria y veremos qué grupos políticos se posicionan al lado de los trabajadores y, fundamentalmente, de las trabajadoras.

Estamos ante dos Gobiernos de signo distinto cuya convivencia es compleja. Por un lado, el Ejecutivo central puede ser un límite a la penetración de la agenda neoliberal del Consell, y por otro, el autonómico tiene capacidad para reducir considerablemente el efecto de las políticas progresistas fruto de la concertación. En el País Valenciano, el diálogo social goza de peor salud, aunque crece en número de reuniones, excepto las submesas de educación y de sanidad que siguen paralizadas, sigue sin avances sustanciales en contenido. Asimismo, es destacable que no se hayan respetado los acuerdos del Botànic, alguno de ellos en materias tan sensibles como servicios sociales. Un pacto que venía a mejorar la calidad de la atención y las condiciones de trabajo de su personal en cuanto a jornada y salario. Esta situación la ha venido a empeorar la Ley de simplificación administrativa que, entre otras cuestiones, elimina la obligación de la prestación de servicios básicos de infancia, de violencia de género, de acogida o de atención ante situaciones de necesidad social, por parte de la Administración Pública. También duplica, hasta llegar a 150, las plazas máximas permitidas en las residencias de personas mayores dependientes, retrocediendo a un modelo caduco por anteponer los intereses empresariales.

Y es que la calidad de nuestros servicios públicos viene determinada por el esfuerzo presupuestario, pero también por la suficiencia de recursos que debe provenir de un cambio en el modelo de financiación autonómico, ligado a una reforma fiscal en profundidad. Mientras tanto, la condonación de la deuda, que parece que a principios de año se concretará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es un paso, aunque a todas luces insuficiente. Serán los dos grandes partidos que gobiernan en el Estado y en las comunidades autónomas, los que deben anteponer el bienestar de la ciudadanía a los cálculos electoralistas para reformar el modelo. Este año será más que necesario, puesto que tenemos que hacer frente a una previsible ralentización de la economía valenciana como consecuencia de la dana.

Hay un antes y un después de esta catástrofe. Todavía seguimos en estado de shock colectivo por las 224 personas fallecidas, las tres desaparecidas y las pérdidas materiales. Una vez que pase la situación de emergencia, en la que aún estamos, veremos las consecuencias de salud física y mental provocadas. Y es que pasados casi dos meses, sigue habiendo mucho por hacer, responsabilidades por asumir y preguntas que contestar. ¿Por qué no se tomaron en consideración los avisos de los organismo oficiales? ¿Por qué la Generalitat constituyó el Cecopi días antes pero la alarma se emitió cuando ya había gente fallecida? ¿Por qué el president no asume ningún tipo de error a pesar de haber estado desaparecido durante horas? ¿Por qué está situado en una guerra infructuosa de cifras comparativas con el Gobierno central sobre quién pone más o miente sobre que las ayudas se tienen que devolver?

Demasiados porqués a resolver antes de vernos desbordadas de nuevo por los efectos del cambio climático. Demasiados retos por delante para articular el desarrollo social y económico de esta comunidad autónoma. En este 2025, CCOO PV jugará el papel que se espera de la primera organización sindical y social del País Valenciano, para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la gente, con determinación y con esperanza. Salud.