Oposición a que una macrogranja de Ayora multiplique casi por diez sus cerdos hasta llegar a los 7.200

La granja pasará su objetivo empresarial de la cría al cebado de cerdos.

La Generalitat ha aprobado la ampliación de la cantidad de cerdos que puede acoger una macrogranja de Ayora multiplicándola prácticamente por 10, al pasar de un total de 750 a 7.200 cerdos. Pero este aumento de la cabaña porcina de la explotación ya ha empezado a topar con colectivos locales en un momento de especial sensibilidad contra este tipo de instalaciones.

Este aumento se aprobó el pasado 17 de enero en el DOGV por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y, según la publicación, obedece a un cambio de orientación productiva de la explotación, ya que los 750 animales para los que se tenía permiso eran cerdas con objetivo reproductivo, mientras que el paso a los 7.200 sería con el objetivo del cebo de animales de 20 a 100 kilogramos destinados a la exportación, fundamentalmente el mercado chino. Además, en la publicación del DOGV también se especifica que esta ampliación de la cabaña no implica la ampliación de las mismas instalaciones, y que se mantendrá en los 7.124,87 metros cuadrados actuales.

Esta macrogranja llegará a albergar el doble de cerdos al año, 14.400 en total, ya que está previsto realizar dos ciclos anuales alimentando a los animales durante unos 179 días hasta que alcanzan el peso de 90-100 kilogramos. Además consumirá 36.792 metros cúbicos de agua al año.

El origen de esta empresa se remonta al año 2000 cuando Dalland Hybrid España, SL. impulsó la granja con 340 cerdas, y tres años más tarde se amplió hasta las 750 señaladas. Cada uno de estos pasos contó con su correspondiente declaración de impacto ambiental. En 2016 se produjo un cambio de titularidad de la granja, que pasó a manos de División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas, SL (DIAG) del Grupo Sánchiz, que ahora, seis años más tarde, ha conseguido el cambio de la orientación productiva.

Por otro lado, la capacidad de almacenamiento de purines (excrementos del ganado) será de 8.000 metros cúbicos con la modificación de infraestructuras planteada. De este modo “en principio” -según el texto del DOGV- cumplirá con la capacidad mínima de almacenamiento de purines con la que debe contar la explotación en cumplimiento del código de buenas prácticas agrarias de la Comunitat Valenciana y la legislación sectorial en materia de ordenación de las explotaciones porcinas, que es de 3.870 metros cúbicos.

Con todo, el proceso productivo de la macrogranja prevé la generación de 15.480 metros cúbicos al año de purines que contendrán 52.200 Kilogramos de nitrógeno, la generación de residuos Sandach (animales muertos), aguas residuales, y la emisión de gases de efecto invernadero (78.765,80 Kilogramos al año de metano, 39.339,64 de amoníaco y 313,35 de óxido nitroso). Pero para canalizar estos residuos también se prevén instalaciones para implementar un proceso de biometanización con el objetivo de obtener energía y un “abono de calidad para la agricultura”. Está previsto que el 80% de los purines se traten en la planta de biogás y el 20% restante se utilicen directamente en campos agrícolas. Del gas, además, se obtendría energía calorífica mediante su combustión y energía eléctrica mediante un proceso de cogeneración.

Oposición de ecologistas

Ante este proyecto se ha plantado el colectivo Amics de la Terra, que advierte del “error” de la Generalitat Valenciana, recordando que la población de la localidad lleva años luchando contra este y otros tres proyectos porcinos, y señala que consiguieron paralizar tres de ellos. La organización ecologista asegura que “es irónico que la conselleria encargada de la emergencia climática y el desarrollo rural esté permitiendo la ampliación de estos controvertidos proyectos de industrialización animal. Está demostrado que son una de las principales causas de la despoblación en el mundo rural y del cambio climático con la generación de cantidades ingentes de emisiones de gases de efecto invernadero”. 

Resaltan que el consumo de agua de la instalación equivale al que consumen 700 personas, y que en un municipio como Ayora, con una población de 5.200 habitantes, supone un incremento del 13,5%. Los vecinos y vecinas del municipio aseguran a su vez que esta explotación conllevará la contaminación de las fuentes de agua potable; la macrogranja se sitúa en zona de recarga del acuífero del que se abastece la población y es muy posible que se vea contaminado por nitratos.

“No nos podemos permitir continuar profundizando en un modelo que devora nuestros recursos naturales y agrava la crisis climática”, afirma Amanda Subiela, portavoz de Amics de la Terra València, que asegura: “Además, el modelo ganadero industrial terminará cayendo tarde o temprano porque, o bien los países a los que exportamos encontrarán otro proveedor más barato, o en contextos de emergencia climática tendremos dificultades para acceder a las materias primas con las que se fabrican los piensos. Si China nos deja de comprar la carne, se termina el negocio para unos pocos”.

Los ecologistas denuncian que “el proceso ha estado lleno de irregularidades”, ya que “la empresa promotora recibió una subvención de 230.000 euros incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada”.

Añaden que la macrogranja denunciada se sitúa cerca de terrenos Red Natura 2000 “y hará uso de ellos para esparcir los purines”. Apuntan que “el promotor necesitará 760,81 hectáreas de superficie como base territorial sobre la que extender los residuos de los animales, que finalmente se llevará a cabo en áreas protegidas”. Según el DOGV la cantidad detallada “no es adecuada” y “deberá ajustarse a las necesidades de cultivo”. Además, recoge que “alguna de las parcelas en las que se gestionará el purín se encuentra en el ámbito de zona de protección de aves esteparias por lo que deberá cumplirse la medida preventiva indicada en el informe del Servicio de Vida Silvestre”, por lo que los ecologistas advierten que la única condición que pone la conselleria es que “las parcelas situadas en Red Natura 2000 deberán abonarse fuera del periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de julio”.

Los colectivos denunciantes explican que la empresa integradora de este proyecto, Grupo Sánchiz, también es la dueña de otra macrogranja en Balsa de Ves, “donde la población y la alcaldesa del pueblo llevan años denunciando los impactos de esta industria”. Sin embargo, lamentan que “la empresa ha sido galardonada por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con premios al 'Cerdo de Oro, por Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal', mientras las personas afectadas por las macrogranjas instaladas en sus localidades ven sus reclamos ignorados”.

Amics de la Terra concluye reclamando a la Generalitat Valenciana y al Gobierno “que no participen en estas estrategias de lavado verde”. Así, hace un llamamiento a una moratoria contra la ganadería industrial: “Deberían ponerse a la altura de las exigencias de los distintos pueblos y establecer una moratoria inmediata a todas las macrogranjas y sus sucesivas ampliaciones”.

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