La Audiencia de Castellón juzgará por prevaricación al número dos de Carlos Fabra
La Audiencia Provincial de Castellón enjuiciará al alcalde de Vall d'Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez (PP), y al exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado de Instrucción número 2 ha dictado hoy la apertura de juicio oral contra Martínez, Santamaría y otras cinco personas (Andrea Martínez Tena, Fancisco Martínez Tena, Raúl Babiloni Llidó, Ignacio Sangüesa Roger y Luis García del Campillo).
Sobre ellos pesan las acusaciones de dos delitos continuados de prevaricación, cuatro de tráfico de influencias, siete de fraude ilegal y uno de negociaciones prohibidas en relación con la expropiación de unos terrenos donde se iba a construir la depuradora de Borriol.
El caso se hizo público tras la denuncia del grupo Compromís en Borriol, el mismo día en el que iba a probarse en el pleno del municipio la expropiación de los terrenos para la depuradora, a un precio, “seis veces mayor al normal” y a una empresa, Franvaltur, que resultó ser propiedad de los hijos de Martínez y en la que éste también poseía parte del accionariado.
Esto provocó que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, cesara a Martínez como vicepresidente de la Diputación. El ahora procesado abandonó, meses más tarde, su acta de diputado provincial, pero ha mantenido la alcaldía de Vall d'Alba.
El caso de la depuradora provocó también la dimisión de Adelino Santamaría como diputado provincial, quien poco después dejó también su cargo como primer edil de Borriol alegando que lo hacía “por jubilación”.
Aunque varias de las partes personadas en la causa presentaron recurso contra el auto de transformación de procedimiento (equivalente al de procesamiento), ese recurso no supone la paralización del procedimiento, por lo que el juzgado ha continuado la tramitación de la causa.
El auto, dictado el 13 de abril, señala a la Audiencia Provincial como órgano competente del enjuiciamiento. El siguiente paso será una resolución en la que se fije el plazo que las partes tendrán para presentar sus respectivos escritos de acusación y defensa.
