Compromís y Unides Podem presionan a Ximo Puig para que se posicione sobre la ampliación del Puerto de Valencia en plena emergencia climática

Los socios de Ximo Puig en el Gobierno del Botánico presionan al jefe del Consell para que se posicione sobre la ampliación del Puerto de Valencia en el contexto de la emergencia climática. Compromís y Unides Podem centrarán sus preguntas parlamentarias de la sesión de control del próximo jueves en las consecuencias de la ampliación norte del Puerto y en su impacto sobre las playas valencianas, además de sobre la salud de la población.

Los tres partidos socios del PSPV en el Gobierno autonómico se han mostrado contrarios al proyecto de ampliación que prepara la Autoridad Portuaria de Valencia con el mismo informe de impacto ambiental de 2007, pese al cambio en la redacción del proyecto y a la declaración de emergencia climática del Gobierno Valenciano y la aprobación de la Ley de cambio climático del Gobierno central. Compromís y Esquerra Unida han comunicado que se sumarán a la causa judicial contra la polémica ampliación que prepara la Comissió Ciutat-Port, mientras que Podemos ha reclamado junto a Compromís derribar los diques de abrigo para reducir el impacto de la infraestructura en las playas del sur de València.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, preguntará el próximo jueves a Puig si “considera compatible la macroexpansión del puerto sin una nueva declaración de impacto ambiental con la situación de emergencia climática declarada por el Consell en septiembre de 2019, la protección de nuestro entorno natural y la salud de los valencianos y valencianas”. Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, planteará al president si “¿Considera responsable que en plena crisis climática se lleve a cabo el proyecto de ampliación de Puerto de València?”.

La portavoz de Unides Podem considera que “el tejido industrial valenciano no necesita un puerto más grande” y recuerda que, con datos de la propia Autoridad Portuaria de Valencia, “solo 1,2 millones de contenedores de los 5,4 que se mueven en el Puerto son import/export, el resto están vacíos o son movimientos de barco a barco”. La síndica cree que la ampliación de la terminal “solo beneficia a la Autoridad Portuaria y tiene el único objetivo de facilitar un ‘solar-almacén’ de una extensión de 138 hectáreas y millones de metros cúbicos de cemento para comodidad y beneficio de la multinacional MSC”.

Lima considera que el conflicto no es exclusivamente si se hace una declaración de impacto ambiental o no, sino que está en juego el modelo de ciudad futura: “Un mayor puerto no encaja en el modelo de ciudad que Unides Podem busca para sus ciudadanos: una ciudad sostenible y amable con las personas”, subraya la portavoz, que señala que la ampliación “frena la regeneración de costas, daña la Albufera y destruye parte del territorio y patrimonio natural valenciano”.

El grupo Unides Podem ha presentado una solicitud de documentación para poder disponer del anteproyecto de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia remitido por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a la administración del Estado en julio de 2020, a partir de las correcciones introducidas en el proyecto original por la APV a principios de dicho año y del informe técnico emitido por Puertos del Estado sobre la validez del anteproyecto. “Vamos a utilizar todos los mecanismos legales e institucionales a nuestro alcance para fiscalizar todo lo que ocurra alrededor de esta ampliación hasta conseguir frenarla”, ha indicado la diputada Estefanía Blanes.

La coalición Compromís adelantó la semana pasada su intención de agotar todas las vías parlamentarias, en las Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados, para frenar la ampliación “monstruosa” y los distintos portavoces de la formación han subrayado que la ampliación es dañina para la ciudad, el medio ambiente y el empleo.  “No tiene ninguna explicación ni coherencia que un proyecto que está hecho en base a las normativas de los años 90, ahora no tenga que volver a presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ver si se adapta las nuevas normativas”, expresaba el portavoz, Fran Ferri, que cree que el proyecto no tiene “ninguna justificación económica”, puesto que el puerto prevé llegar a su capacidad máxima en 2030.