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Una mega ampliación en el Puerto de València en plena emergencia climática

Proyección de la futura terminal de contenedores en el Puerto de València.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 8 de abril la ley de Cambio Climático de España, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica. La ley marca la senda para que España tenga emisiones netas cero en el año 2050. En 2030, las emisiones han de caer un 23% respecto a lo que eran en 1990.

Solo un día más tarde, se produjo una maniobra entre los ministerios de Transportes y Transición Ecológica que dirigen los socialistas José Luis Ábalos y Teresa Ribera para eximirse de responsabilidades y permitir al Puerto de València (el primero del Mediterráneo y el cuarto de Europa en movimiento de contenedores) duplicar su superficie mediante una nueva terminal de 134 hectáreas y su capacidad para mover y almacenar contenedores (actualmente gestiona 5 millones al año) e incrementar exponencialmente su actividad en cuanto a tráfico de buques y vehículos pesados. Y todo ello con una declaración de impacto ambiental del año 2007 basada en una ley de 1986 y en un proyecto que se ha modificado sustancialmente.

La mencionada maniobra queda plasmada en un informe que Puertos del Estado, organismo dependiente de la cartera que gestiona Ábalos, remitió el 9 de abril a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Por medio de este documento, debía determinar si la DIA de 2007 seguía siendo válida para amparar una mega ampliación que, según diversos estudios, entre ellos un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica de regeneración de las playas del sur de València, podría dañar seriamente la costa del Parque Natural de la Albufera, e incluso pondría en riesgo el propio lago, una reserva natural protegida de incalculable valor.

El mencionado informe explicita que el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ismael Aznar, emitió con fecha 30 de marzo de 2021 una resolución de subsanación de resoluciones de evaluación ambiental de proyectos portuarios, por la cual se rectifica la atribución a Puertos del Estado de la condición de "órgano sustantivo" y se designa en su lugar a las autoridades portuarias como responsables.

Además, considera que la DIA de 2007 no ha caducado, pero pone de relieve aspectos relacionados con los dragados por los que sería recomendable hacer nuevas estudios ambientales, decisión que deja en manos de la APV.

Con esta maniobra, el Gobierno deriva toda la responsabilidad sobre la decisión de tramitar una nueva DIA a la APV, promotora de la ampliación, y se exime de posibles consecuencias legales, puesto que partidos como Podem, Compromís, Esquerra Unida y plataformas vecinales y ecologistas como la Comissió Ciutat-Port han anunciado recursos judiciales para paralizar la ampliación portuaria en el actual contexto de emergencia climática declarada hace un año por el mismo Gobierno central.

Esta decisión de delegar la condición de órganos sustantivos a las autoridades portuarias para decidir sobre evaluaciones ambientales de sus propios proyectos constructivos choca frontalmente con lo que el propio ministro Ábalos, que en 2007 alegó como concejal del PSPV en València contra la ampliación, trasladó en 2019 por escrito al Gobierno valenciano.

Tal y como ha informado este diario, a preguntas del Gobierno valenciano sobre la polémica ampliación, el ministro contestó por carta que Puertos del Estado sería el organismo encargado de determinar la necesidad de una nueva DIA y que trasladaría la resolución al Ministerio de Transición Ecológica para que se pronunciara "sobre la necesidad de someter el proyecto de referencia a nuevas evaluaciones de impacto ambiental". Ninguno de los dos compromisos se han cumplido finalmente.

Antecedentes del proyecto

Este ha sido en realidad el último episodio de una polémica ampliación portuaria que planificó el PP a principios del nuevo siglo, pero que el PSPV-PSOE se ha empeñado en culminar sin unas mínimas garantías ambientales.

La obra se planificó en 2001 en el plan estratégico del Puerto de València, con el Partido Popular al frente de las administraciones del Estado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.

La ampliación estaba dividida en dos fases: la primera, cuyas obras finalizaron en 2012, ha supuesto la construcción de los diques de abrigo; la segunda suponía la ejecución de los muelles para la terminal de contenedores y de cruceros en el interior de los diques.

Sobre este proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó en 2007 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable sujeta al control de los efectos de la ampliación en las playas del entorno, entre ellas las ubicadas en el Parque Natural de la Albufera, y a implementar medidas correctoras en caso de afección.

Sin embargo, la segunda fase del proyecto, paralizada hasta ahora por la crisis, se ha reactivado y el consejo de administración de la APV, que preside el socialista Aurelio Martínez, aprobó en 2018 el anteproyecto de la segunda fase, que contempla importantes modificaciones sobre el proyecto inicial que obtuvo la DIA.

Entre ellos, destacan las condiciones del dragado en la dársena interior que pasan a cota -24 (la DIA en todo momento establece la cota a -18), el cambio de configuración de los muelles que incrementarán el impacto visual en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa y suponen el uso de 4 millones más de metros cúbicos de material de relleno para los nuevos muelles de lo que establece la DIA de 2007, o el traslado de la terminal de cruceros a los antiguos astilleros de Unión Naval, una zona mucho más cercana al casco urbano, cuyo impacto en los barrios aledaños tampoco se ha evaluado. Una operación, por cierto, que ha implicado el rescate de una concesión al naviero Vicente Boluda a cambio de otra concesión, operación que investiga el Tribunal de Cuentas.

El proyecto de ampliación ha estado un año paralizado a la espera de que Puertos del Estado resolviera la vigencia de la DIA. Con el informe del organismo estatal que considera que no ha caducado en la mano, la APV pretende llevar al consejo de administración del presente mes de abril o al siguiente de mayo la aprobación de la adjudicación de una concesión a 50 años para la construcción y gestión de la nueva terminal de contenedores a la empresa TIL, filial de MSC, que prevé una inversión de 1.000 millones. Para eso, antes la APV deberá invertir 400 millones de dinero público para la construcción de los muelles, sobre los que se ejecutaría la terminal.

Si este paso se produce sin tramitar una nueva DIA, los partidos Podem, Compromís y Esquerra Unida, así como plataformas vecinales y ecologistas como la Comissió Ciutat-Port, han anunciado recursos judiciales para paralizar la ampliación al entender que la declaración ambiental de 2007, basada en una ley de 1986 (la normativa que regula en la actualidad estas cuestiones es de 2013), está desfasada y no es válida para un proyecto que nada tiene que ver con el que obtuvo la DIA hace 14 años.

Todos estos partidos y colectivos, además de la Federación Vecinal de València, piden que se desmonten los diques de abrigo, principal causa de la erosión que vienen sufriendo las playas del sur, y que se traslade la ampliación al Puerto de Sagunto, con más posibilidades de crecimiento, más espacio logístico y mejores conexiones ferroviarias.

Amenaza para las playas del parque natural

El proyecto de regeneración de las playas del sur de València, pendiente de ejecutar por el Ministerio de Transición Ecológica, achaca la erosión que vienen sufriendo estas playas "al efecto sombra y de difracción que provocan las obras de abrigo" del Puerto de València y considera que "el proceso regresivo amenaza, de forma especial, a los ecosistemas de la Dehesa, por el estrechamiento de la restinga que cierra L'Albufera" hasta el punto de que el oleaje ya daña las dunas protegidas.

Tal y como informó elDiario.es, desde que finalizaron las obras de los diques de abrigo de la polémica ampliación norte del Puerto de València en el año 2012, momento en que se acelera la regresión de las playas por el efecto sombra de la infraestructura, la Demarcación de Costas dependiente del Ministerio de Transición Ecológica tan solo ha invertido 3,2 millones de euros en la mejora de estas playas.

Según el Estudio sobre los cambios del frente dunar y las playas del sur como consecuencia del temporal Gloria. Actualización de las líneas de costa coordinado por el doctor de la Universidad Politécnica de València Josep Pardo Pascual, entre los años 2015 y 2020 se han perdido 427.498 metros cúbicos de arena en todo este frente marino, de los que 168.744 metros cúbicos corresponden a las dunas, provocando un retroceso en muchos sectores de El Saler y una fuerte bajada a la cota de la playa, por lo que la capacidad de defensa de la playa se ha reducido sustancialmente.

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