EU exige la dimisión de la consellera Isabel Bonig por el ERE de Vaersa
El portavoz adjunto de EU en Les Corts, Lluís Torró, ha pedido explicaciones al Consell sobre la situación de Vaersa, después de la resolución del Tribunal Supremo, por la cual se revocaba la nulidad del ERE pero manteniendo que éste no se ajustaba a derecho. A juicio de Torró, la sentencia del Supremo, “a pesar de que supone un retroceso respecto a la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que es menos favorable a los trabajadores, sigue marcando una cuestión esencia desde el punto de vista político: que el ERE es ilegal”.
Por ello, ante esta “cruda realidad lo primero que hay que exigir son responsabilidades políticas”, y ha señalado que “no es nada razonable que ante una metedura de pata tan contundente no haya dimitido todavía nadie, empezando por la propia consellera -Isabel Bonig-”.
Torró ha recordado que la razón fundamental de la que toma apoyo la decisión del Tribunal Supremo es, “precisamente, el hecho de que se hayan hecho nuevos contratos posteriores al ERE para cubrir plazas afectadas por éste, lo que convierte el despido en un acto ”político e ideológico“ que ”tenía como objetivo debilitar servicios ambientales esenciales y deshacerse de personal incómodo“.
Para Esquerra Unida, hay muchas cosas “inexplicables” en Vaersa, entre ellas, la renovación de pedidos de gestión que en el momento de materialización de la ERE “no parecían seguros y que se justificaron”. Así, Torró ha señalado que es necesaria la depuración de responsabilidades políticas, porque el coste “ha sido altísimo y no habrá supuesto apenas ahorro a medio plazo y, probablemente, absolutamente ninguno a corto”.
Esquerra Unida ha presentado una batería de preguntas a la consellera en las que exige conocer, entre otras cuestiones, cuál fue el coste en indemnizaciones pagado por el Consell por el ERE, cuál será el coste adicional que puede llegar a suponer la decisión del Tribunal Supremo en caso de que el conjunto de los despedidos y despedidas tengan que ser indemnizados en las condiciones que ha impuesto el Supremo, y cuál ha sido el ahorro anual en salarios que teóricamente se ha conseguido con el ERE, así como si están abriéndose nuevas contrataciones.
