El Gobierno valenciano de PP y Vox introduce 2.000 millones en ingresos fantasma en sus presupuestos

Cuadrar los presupuestos autonómicos es un arte que se torna un quebradero de cabeza en los casos en los que faltan ingresos. El Ejecutivo que presidía el socialista Ximo Puig junto a Compromís y Unides Podem recurría a partidas “reivindicativas” que incluían los 1.300 millones de euros de infrafinanciación, la parte que el Gobierno central debería aportar para equilibrar a la Comunitat Valenciana a la media española, para cerrar los números y aumentar el gasto social.

La medida fue criticada sistemáticamente por la oposición, que hablaba de millones “ficticios” y de cuentas poco rigurosas, pero de tanto repetirse se ha vuelto una costumbre. Cambiado el color, cambiada la fórmula. El Consell que preside el popular Carlos Mazón en coalición con Vox también incorpora una serie de partidas de ingresos con pocas garantías de materializarse, que suman hasta 2.000 millones de euros de ingresos poco fiables, pese a manifestarse en contra de incorporar reivindicaciones a las cuentas.

El Ejecutivo fía el crecimiento presupuestario, que convierte sus primeras cuentas en récord, superando el 4,5% las del Botánico, a un aumento de las transferencias del Estado, tanto de la financiación ordinaria como de la liquidación del año 2022. Esta estimación viene respaldada por un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que apunta a un aumento del 15% de la aportación de la Administración central a las autonómicas.

El Consell ha denunciado en numerosas ocasiones que ha realizado las previsiones “a tientas” dada la falta de información del Gobierno en funciones a las comunidades autónomas. Con todo, el bipartito de PP y Vox hace sus previsiones con un déficit tres veces superior al que prevé el Gobierno central. Los cálculos de la Conselleria de Hacienda trabajan con que el escenario de 2024 permita un endeudamiento del 0,3%, mientras que el Gobierno central marca un 0,1% en la documentación enviada a la Unión Europea. La tasa más permisiva es la que está actualmente en vigor, y en eso se escuda el Ejecutivo autonómico para contar con unos 287 millones de euros más de margen.

A las previsiones de un escenario más favorable se une la reclamación al Estado de 463,62 millones de euros de compensación por la rebaja del IVA y la factura de la luz, que tienen impacto autonómico. El Consell ha reclamado por la vía administrativa esta partida a través de un escrito al Ministerio de Hacienda, actualmente en funciones. PSPV y Compromís han criticado la introducción de partidas “reivindicativas”, que tan criticadas fueron en las dos últimas legislaturas de gobierno progresista.

Otra partida que se reclama es la compensación por el gasto sanitario que implica la atención a desplazados, el llamado 'Foga' (fondo de garantía salarial). Esta cuantía asciende a 843,3 millones de euros por la atención a desplazados de otras comunidades y 82,7 millones por el colectivo extranjero, que el Consell también ha reclamado formalmente. En concreto, desde 2012 la Comunitat Valenciana adeuda 23,1 millones de euros por la atención sanitaria en atención primaria, 721,3 millones por asistencias en atención especializada y 98,9 millones de euros por atenciones derivadas previamente de otras comunidades con carácter programado. Nunca se han pagado.

Los partidos de la oposición denuncian además que el Ejecutivo incorpora 270 millones de euros en liquidaciones de las concesiones sanitarias, un procedimiento administrativo complejo, que habitualmente termina en los tribunales con las empresas concesionarias, y que hace que cuestionen su cobro en 2024. Hasta 2016 no se había realizado ninguna liquidación y las empresas Ribera Salud, Sanitas y Marina Salud adeudan más de 630 millones de euros en concepto de liquidaciones.

PSPV y Compromís también cuestionan que el Consell incorpore 263 millones de euros correspondientes al cobro de las ayudas y partidas de la ley de la Dependencia. El Ejecutivo incluye en la previsión que el Gobierno central abonará el 50% de los gastos, cuando hasta la fecha no ha llegado al 25%. Son, denuncian, 131 millones de euros de más. En total, critican los socialistas, hay más de 2.000 millones de euros que no forman parte de una previsión “razonable” de cobro.