Todos los grupos del Parlamento valenciano rechazan el macroproyecto fotovoltaico de Castellón que avala el Gobierno central

Todos los grupos parlamentarios en las Corts Valencianes expresan su rechazo a la macroplanta fotovoltaica 'Magda', proyectada en la provincia de Castellón, que acaba de obtener el aval del Ministerio de Transición Ecológica. La Conselleria de Transición Ecológica que dirige Isaura Navarro remitió el martes un escrito al departamento que dirige Teresa Ribera recordando que ha emitido dos evaluaciones ambientales contra una parte del proyecto que el ministerio omite en su informe y ha reclamado la revisión de la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.

El proyecto implica una instalación de 260.000 paneles y una ocupación de 500 hectáreas de terreno agrícola, con cerca de 70 kilómetros empleados en la línea de evacuación, para una potencia de 150 megavatios de energía solar fotovoltaica. La línea atraviesa una decena de municipios y, según los informes de la Generalitat Valenciana, tal como está planteado implica impactos ambientales severos que la resolución del ministerio pasa por alto, según denuncia el Consell.

Este miércoles, preguntados por esta cuestión, todos los grupos parlamentarios han manifestado discrepancias con el proyecto y cierta preocupación por los problemas de gobernanza que entraña. Desde el PSPV, la diputada Carmen Martínez ha señalado que trabajarán para que se atiendan las reivindicaciones de los alcaldes y los vecinos, dialogando con los ministerios implicados, para “minimizar el impacto de esta planta o cualquier otra”. “Las plantas no pueden estar demonizadas porque necesitamos las renovables, pero tienen que hacerse en condiciones en las que no perjudiquen al territorio”, ha recalcado.

Por parte de Compromís, su portavoz, Papi Robles, ha considerado que este es un “ejemplo claro de la política que en Compromís rechazamos”. La transición energética “debe ser una apuesta justa” con “plantas solares pequeñas cerca de donde se necesita la energía”, “priorizando los tejados” y no por propuestas que buscan “destruir totalmente la vida en el espacio rural”. Los valencianistas ponen el foco en la soberanía para tomar decisiones y apuntan: “Es un caso flagrante del Gobierno central contradiciendo la autonomía de nuestro Gobierno. Desde Madrid vienen a pasar por encima de nuestros intereses”. Su representante en el Congreso, Joan Baldoví, consideró el martes que la autorización implica “declarar la guerra a las comarcas del interior de Castellón”. 

Por parte de Unides Podem, la síndica, Pilar Lima, ha considerado un “error enorme ignorar las voces de la ciudadanía” que vive en el territorio y ha reprochado la “falta diálogo y una escucha activa”. “La transición ecológica tiene que empezar por cuidar el territorio”, ha incidido. La coalición también ha reclamado en el Congreso la paralización del proyecto. La diputada por Castellón Marisa Saavedra ha planteado que la DIA del ministerio “no tiene en cuenta el impacto real”. “La verdadera y grave afectación de esta macroplanta es sobre el modo de vida de los habitantes de los pueblos y sobre su economía, con la ocupación de 450 hectáreas, la mayoría de producción agrícola, que sustenta una economía compleja, que da trabajo directo o indirectamente a gran parte de la población y sostenible en el tiempo. Y de esto la declaración no dice nada”, ha denunciado. A su vez, ha recalcado que “incluso cuando el informe habla de la afectación a la salud, trata del polvo y del ruido que pueda producirse durante la construcción, pero no de los posibles efectos sobre la salud mental de las personas ni sobre una sociedad rural que ha conseguido vivir bien de su trabajo en su tierra”.

Desde el PP, su portavoz, María José Catalá, se ha mostrado en contra de esta instalación “tal como está planteada”, ya que “no hay consenso” y al final, “los agricultores acaban pagando el pato de los líos de Compromís y PSOE”. Por parte de Ciudadanos, Mamen Peris ha criticado que los partidos del Pacto del Botánico “no tienen una política común” en materia energética y les ha reprochado que “son incapaces de sentarse a dialogar ni con los afectados ni con Madrid”, mientras que en Vox, Llanos Massó ha criticado que esta planta forma parte de la “transición ecológica que lleva a cabo la secta climática” y ha lamentado la “desconexión” entre gobierno autonómico y central.