Puig afirma que la ampliación del Puerto de València “no se puede hacer a cualquier precio” pero la deja en manos del “Estado, no de los políticos”

Encontrar un punto entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, entre la creación de puestos de trabajo y el cumplimiento de las leyes y declaraciones sobre cambio climático que su propio Gobierno plantea es el principal juego de equilibro que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, debe afrontar cada vez que le preguntan por la ampliación del Puerto de València. 

En la sesión de control de este jueves, los socios de Puig en el Gobierno y en las Corts Valencianes han interpelado al presidente por una cuestión incómoda, la polémica y millonaria ampliación norte de puerto, que implica una disputa entre la autoridad portuaria y la ciudad, pero también entre los partidos, los departamentos del Ejecutivo autonómico y algunos ministerios. “La ampliación no se puede hacer a cualquier precio”, expresaba el president en respuesta a la pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, para reclamar “rigor” y la huida de “maniqueísmos” en el debate. Ha eludido pronunciarse sobre la declaración de impacto ambiental, que data de 2007 y se basa en una normativa de los años 80, y ha reclamado que se cumpla “estrictamente”, aunque añadió que corresponde a los servicios jurídicos “del Estado, no a los políticos”, evaluar la vigencia del informe.

El responsable del Consell defiende la actividad económica ligada al puerto: “40.000 familias viven de su actividad, miles de pymes y grandes empresas lo utilizan como salida de sus productos, el 70% de las exportaciones de Ford pasan por el puerto, es el primero de España en tráfico de mercancías (...) los sectores claves utilizan esta infraestructura, que no es un fin en si misma”, ha expresado.

Compromís ha interpelado al presidente por “una decisión que marcará el destino de la ciudad y sus ciudadanos”, que compara con las grandes movilizaciones en defensa del antiguo cauce del Túria o por la protección de El Saler. “¿Si los partidarios de la expansión están seguros de que no tendrá ningún impacto, por qué utilizan todas sus armas para evitar el informe?”, planteaba el portavoz valencianista, Fran Ferri, que preguntaba cuántos empleos ha destruido MSC en el puerto de Castellón para justificar la ampliación de Valencia, una infraestructura de transporte de contenedores vacíos o en tránsito.

La portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, también ha interpelado al presidente por la coherencia de declarar la emergencia climática y permitir una ampliación para convertir la infraestructura en un almacén de contenedores que favorece a una multinacional, al tiempo que planteaba si “ve normal” que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez “se esté burlando” por la exigencia de una nueva DIA.

Puig ha anunciado un “plan extraordinario de defensa del litoral y adaptación al cambio climático” y ha recordado que el Ejecutivo autonómico tramita una ley de cambio climático para reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40%.