Ximo Puig 'entierra' el neoliberalismo y dibuja el nuevo Estado de Bienestar tras la pandemia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, vaticinaba el domingo por la noche la muerte del neoliberalismo. “La Europa de la justicia social ya está en marcha. Adiós, neoliberalismo”, escribía para felicitar al socialdemócrata alemán Olaf Scholz por su raspada victoria electoral en Alemania. La salida de la canciller democristiana Angela Merkel significa para muchos el fin del imperativo de la austeridad en Europa. El dirigente valenciano continuaba con el entierro del dogma neoliberal el lunes durante su discurso en el debate de política general y cargando contra la máxima “la mejor política industrial es la que no existe”, que enunció el exministro del Industria y Economía de Felipe González, Carlos Solchaga. “La mejor política industrial es la que persiste”, afirmaba Puig.

En la primera cita del curso político, aquella en la que se marcan las líneas del Ejecutivo para el año parlamentario, el dirigente socialista recogía los restos de las políticas de austeridad y privatizaciones, poniendo en valor el cambio de paradigma europeo con su inyección económica, para construir los pilares del nuevo Estado del Bienestar. Dando por finalizada la fase más cruda de la pandemia, con el levantamiento de las últimas restricciones, el presidente valenciano proyectaba el plan de recuperación económica y social para la Comunitat Valenciana. Un “green deal”, el “keynesianismo verde”, una “reinvención” de las políticas económicas al servicio de la mayoría ciudadana, no de la minoría privilegiada. Una “transición justa”, impulsada por los fondos de la Unión Europea.

Entre estos proyectos de transición hacia un modelo sostenible y un empleo de calidad, el presidente destacó el plan de recuperación de l'Albufera, un corredor verde de 14 kilómetros, la alianza valenciana por las baterías o la estrategia del hidrógeno verde; iniciativas de colaboración público-privada que, al margen de hibridar fuentes de capital, combinan investigación, formación y empleo. “Hay una salida diferente de la crisis”, expuso el presidente, empecinado en señalar a la oposición que las rebajas fiscales no funcionan en épocas en las que la economía necesita estímulo, por si el argumento de la justicia social no funcionase.

Puig defendió las medidas del “giro social valenciano”, una serie de acciones y prestaciones que el Gobierno del Pacto del Botánico ha puesto en marcha en los seis años de mandato: eliminación del copago farmacológico, refuerzo del sistema de dependencia, la renta valenciana de inclusión, las ayudas a la compra de libros de texto o las ayudas en vivienda y las políticas para frenar los desahucios. Pero ahora la autonomía requiere un nuevo impulso que permita un crecimiento sostenible, que el dirigente fía a los 15.200 millones de euros que la Comunitat Valenciana tiene ya asignados de los fondos Next Generation EU, cerca de 22.000 millones sumando todos los fondos europeos ordinarios y extraordinarios.

Pese a que el dirigente socialista reniega de las políticas neoliberales, el crecimiento económico como motor de la cohesión social es un principio al que no renuncia: “El mandato es claro: crecer. Crecer de manera sostenible, duradera y compatible con el medio ambiente. Crear empleo, y empleo de calidad es la vía para atajar la desigualdad”, afirmó, mientras sus socios de Gobierno consideran que el crecimiento sostenible es un oxímoron y que son los trabajadores quienes crean la riqueza, no las empresas.

Las líneas maestras del Gobierno autonómico a medio plazo serán las del plan de recuperación: transición ecológica, cohesión social, refuerzo del Estado de Bienestar, cambio de modelo productivo, emancipación juvenil y lucha contra la precariedad. Junto a la inversión en infraestructuras y en los grandes proyectos empresariales, el dirigente socialista mencionó algunos proyectos menos tangibles pero relevantes para el bienestar de la población. Uno, el Plan Ariadna, una inversión de 1.786 millones de euros para la emancipación juvenil. Otro, el plan de salud mental y la estrategia contra la soledad no deseada, una actuación de choque para reforzar los servicios de atención y prevención y un proyecto a largo plazo para dibujar el nuevo modelo, con cerca de 100 millones de euros de inversión.

Para abordar estas medidas, el presidente lanzaba una petición a los grupos parlamentarios: unidad política y abandonar la polarización del debate. Estar a la altura de las circunstancias. Así, reclamó: “Las instituciones no pueden contribuir a polarizar la sociedad”.