La sombra de la corrupción es alargada

Mordidas, sobornos y financiación irregular de campañas electorales

Un libro sobre el sistema corrupto que montó Zaplana y una pieza del 'caso Azud' que implica de lleno al PSPV

Bien podemos decir, parafraseando a Miguel Delibes, que la sombra de la corrupción es alargada. Lo hemos vuelto a comprobar estos días, al levantarse el secreto de sumario de otra de las piezas del caso Azud, en la que esta vez no son los protagonistas la familia de la exalcaldesa de València ya fallecida, Rita Barberá, con su cuñado, José María Corbín en un papel destacado, y otros cargos del PP de su época, sino algunos socialistas, como el abogado José Luis Vera y el exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE Josep Maria Cataluña.

La investigación implica a algún empresario ya condenado por financiar irregularmente al PP y a antiguos responsables de la empresa Acuamed y de la Confederación hidrográfica del Júcar por la supuesta existencia de mordidas a cambio de resolver los problemas de disponibilidad de agua que obstaculizaban un proyecto urbanístico en Xixona. El nexo de unión es el empresario Jaime Febrer, supuesto corruptor de políticos de diverso signo para beneficio de sus desarrollos urbanísticos y promociones inmobiliarias. Febrer habría corrompido al mismo tiempo a los que tenían casi todo el poder, es decir, políticos de todas las familias del PP, y también a quienes tenían bastante menos porque en la mayoría de los casos estaban en la oposición, o sea, los socialistas, en lo que aparece como un sistema generalizado de corrupción que marcó todo el periodo de hegemonía de la derecha en las instituciones valencianas. Un sistema que alcanza a otros empresarios y que encaja con otros casos de corrupción destapados, e incluso juzgados, con antelación.

Pocos días antes de que la jueza levantase el secreto sobre la investigación de esta nueva pieza del caso Azud -en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que las campañas de los socialistas valencianos en las elecciones de 2007 y 2008 presuntamente fueron financiadas con dinero procedente de mordidas pagadas a cambio de gestiones sobre ciertos proyectos urbanísticos-, el periodista Francesc Arabí presentó un libro de título elocuente, Los tentáculos del truhán: la caída de Zaplana y la corrupción más allá del PP (Círculo Rojo, 2022).

Continuación de otro anterior titulado Ciudadano Zaplana, la construcción de un régimen corrupto (Akal, 2019), en el libro se describe con mucho detalle la operativa de corrupción y de blanqueo del botín montada por aquel político que se había salvado del caso Naseiro y llegó a presidente de la Generalitat Valenciana y a ministro pese a que fue grabado entonces explicando que necesitaba hacerse rico, que tenía que “ganar mucho dinero” porque le hacía falta “mucho para vivir”. Pero la narración se extiende “más allá del PP”. Como Arabí comentaba a Lucas Marco en una entrevista publicada por este diario, “lo que pasó aquí es que había una oposición absolutamente anémica y, en el contexto de esa debilidad general política y también económica —que se derivaba de la política— hubo gente que dijo 'esto va para largo y aquí hay gente que se está forrando'. Y se apuntó al carro”.

Las últimas cuentas de la legislatura

Debate presupuestario con ambiente constitucional enrarecido y tensiones entre los socios del Pacto del Botánico

El escándalo por la insólita decisión del Tribunal Constitucional ante un recurso del PP de impedir la votación, tanto en el Congreso como en el Senado, de una enmienda que habría permitido desbloquear su propia renovación planeó sobre el pleno de las Corts Valencianes. El presidente del Parlamento valenciano, Enric Morera, compareció antes del inicio del plenario para hacer pública una declaración en la que mostró su apoyo a los presidentes de ambas Cámaras, calificó de “anómala” la situación creada y aseguró: “Estamos hablando de utilizar el Tribunal Constitucional como mecanismo para conseguir fines legislativos que no se obtienen mediante mayorías parlamentarias y se imponen por personas que no han presentado su renuncia a cargos caducados”.

Como estaba previsto, las Corts Valencianes aprobaron los últimos presupuestos de la Generalitat de esta legislatura, correspondientes a 2023, que ascienden a 28.000 millones de euros, incluidos los gastos financieros y de deuda, que suponen unos 6.000 millones. Aunque en términos totales crecen las cuentas un 1,7%, el gasto público efectivo aumenta un 6,8% en relación con el año anterior.

El debate presupuestario y de la denominada ley de acompañamiento, que incluye el segundo tramo de la reforma fiscal, deparó algunas tensiones entre los socios del Pacto del Botánico. El desencuentro más llamativo vino con la postura de los socialistas, que votaron junto al PP, Ciudadanos y Vox a favor de que los gastos extra de los muertos y heridos en festejos de bous al carrer sean asumidos por la sanidad pública. Compromís y Unides Podem recriminaron al PSPV una acción de la que ni siquiera habían sido informados. La coalición valencianista evaluó en un millón de euros anual el coste de pagar aquellos gastos sanitarios que excedan de lo previsto en las pólizas de seguros para festejos taurinos. 

Crisis de la energía

Las regasificadoras flotantes alemanas cargan en Sagunt

El Hoegh Esperanza, el primer buque que funcionará como Planta Flotante de Almacenamiento y Regasificación o FSRU (Floating Storage and Regasification Unit por sus siglas en inglés) en Alemania, cargó en el puerto de Sagunt 167.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Se trata de una de las cuatro ragasificadoras flotantes que Alemania ha alquilado para sustituir el suministro de gas ruso desde finales de año y durante 2023.

La planta regasificadora de Sagunt, propiedad de la empresa Saggas, ha visto cómo se disparaba su producción debido a las crisis de Argelia y de la guerra en Ucrania. Las plantas regasificadoras (también conocidas como terminales de gas natural licuado) permiten dar más seguridad al abastecimiento de gas al poder almacenarlo, diversificando así el suministro de este tipo de energía. Actualmente en España hay seis plantas regasificadoras que operan en Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Mugardos (A Coruña) y Sagunt. La de Sagunt tiene una capacidad de 600.000 metros cúbicos entre sus cuatro tanques y es la tercera, superada por las de Barcelona y Huelva.