La trampa de las bajas económicas en las licitaciones de Generalitat y ayuntamientos: más precariedad salarial e inestabilidad laboral

Tanto CCOO como UGT han empezado a recurrir concursos públicos de servicios en la Generalitat Valenciana y ayuntamientos porque los nuevos contratos públicos no incorporan la subrogación de personal o garantizan el mantenimiento de puestos de trabajo, como se fijó en la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social aprobada por las Corts ahora hace dos años. En los últimos meses los dos sindicatos mayoritarios han recurrido los concursos de limpieza de Elche, recogida de residuos en Orihuela, alumbrado de València o mantenimiento de seis áreas de saludad de la Conselleria de Sanidad. Ambas centrales se han cansado de que la falta de desarrollo de esta normativa estratégica para el Botànic impida la incorporación de estas mejoras laborales.

Y es que la Ley de Contratos de España de 2017 incorporaba numerosas novedades y mejoras en la tramitación de contratos para la lucha contra la corrupción, pero en su afán por reducir el precio de las licitaciones trajo consigo efectos indirectos sobre los derechos laborales. Desde bajada de salarios de los empleados de las subcontratas a reducción de la calidad del servicio, con la consiguiente merma en los puestos de trabajo. La administración autonómica, gobernada por PSPV, Compromís y Unidas Podemos, quiso corregir y mejorar estos daños sobre los derechos laborales, pero la tardanza en el desarrollo y aplicación de la norma ha cansado a los trabajadores. 

Desde CCOO, su responsable de Acción Sindical, Daniel Patiño, considera que la ley comporta avances pero que sin desarrollo de la norma continúan publicándose contratos sin la posibilidad de subrogar a la plantilla. Además, alerta, que los contratos a varios años acaban impactando en la masa salarial de los trabajadores porque no se plantean los incrementos de sueldo como en los convenios. Pese a esta deficiencias, advierte, “otro de los grandes problemas que tenemos son los contratos menores, que ya suponen el 90 % del total de los que se firman”. En 2018, últimos datos publicados por la Conselleria de Hacienda, la Generalitat pagó más de 78 millones de euros en este tipo de adjudicaciones sin concurso público y en muchos casos con procedimientos de urgencia. 

Guillermo Forment, secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT PV, Guillermo Forment se muestra muy duro con la Generalitat, sobre todo con la Conselleria de Sanidad porque “ha sacado varios concursos sin previo aviso”. En estos procedimientos, que han salido tras la crisis de la Covid y que cubrirán el mantenimiento de seis áreas de salud de la Comunitat Valenciana, “ni se garantizan los puestos de trabajo ni la categoría ni la experiencia laboral”. “El daño que se están haciendo a los trabajadores es muy grande porque un cambio de empresa contratista no debería afectar al empleado”, denuncia. “Con este tipo de concursos puede haber una destrucción de puestos de trabajo respecto a la anterior licitación y esa inestabilidad laboral provoca que los trabajadores se enfrenten a presiones de las propias empresas para que no protesten o se manifiesten”, sentencia.

“Cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad lo celebramos, pero al no desarrollarse como reglamento en dos años estamos teniendo problemas que podrían haberse resuelto”, critica el secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT PV.

En un artículo en el diario Levante-EMV, la consellera de consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, achacó los “retrasos” en la aprobación del decreto para desarrollar la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social “las elecciones autonómicas de 2019, la configuración del nuevo gobierno y los procesos garantistas de la Administración pública”.

“La tarea más apremiante ahora mismo es el desarrollo normativo de la ley. Hay elementos de suma importancia que necesitan ser reglamentados para poder llevarlos a cabo a pesar de su clara plasmación en la norma aprobada por Les Corts, donde destaca uno sin duda: la introducción de las cláusulas sociales en la contratación pública”, añade. “En la actualidad, el elemento determinante para ganar un concurso público es el precio ofertado respecto a la cantidad fijada por la administración. Es necesario introducir otros elementos a la hora de valorar estos procedimientos, lo que es posible mediante las cláusulas sociales”, argumenta. 

Pérez Garijo agradece la presión de los sindicatos para que la subrogación de los empleos cuando cambie el adjudicatario se plasme en la normativa. “Los objetivos son, en primer lugar, garantizar el empleo estable y en segundo, mantener los estándares de calidad de los servicios prestados. La Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social en su artículo 13 no deja dudas sobre la obligatoriedad de la misma, pero hasta el momento no se ha materializado”, reconoce.