El concejal de Fallas adjudicó un contrato a dedo a un miembro del jurado de la Fallera Mayor de València en pleno proceso de elección

“Mediante moción dictada por la presidencia del organismo autónomo Junta Central Fallera (JCF), de fecha 2 de octubre de 2023, se dispone (...) el inicio de los trámites administrativos necesarios en orden a la contratación, bajo la modalidad de contrato menor, del suministro de complementos distintivos para el personal de Junta Central Fallera con empresas especializadas”. Este es el encabezamiento de la resolución administrativa a la que ha tenido acceso elDiario.es por la cual el presidente de JCF, Santiago Ballester (PP), adjudicó a dedo la contratación de un lote de camisas y polos con el escudo del organismo bordado por 2.600 euros.

Una resolución que no dejaría de ser un contrato menor más de los muchos que se adjudican en cualquier administración si no fuera porque se le adjudicó a un miembro del jurado de la Fallera Mayor de València en pleno proceso de elección de la máxima representante de la fiesta.

La resolución está firmada el pasado 5 de octubre por el secretario municipal y el 10 de octubre por el concejal Ballester, día en el que la alcaldesa María José Catalá anunció el nombre de la Fallera Mayor mediante el tradicional acto de la llamada desde el hemiciclo municipal.

En concreto, el contrato se adjudicó a la empresa de Eva Capilla, una de las tres personas del jurado que escoge la dirección de JCF para el proceso de selección, mientras las otras cuatro las elige la asamblea de presidentes de las comisiones falleras. Capilla tiene un extenso currículum fallero, pues entre otros cargos ha sido miembro de JCF desde 1988 a 2001 en delegaciones de Juntas Locales, Secretaría o Cultura.

Aunque es cierto que de este hecho no se puede deducir un intento de condicionar la voluntad del jurado por una cuestión puramente numérica (haría falta poner de acuerdo al menos a cuatro de los siete miembros), también lo es que no parece la decisión más estética para proyectar el proceso más adecuado y pulcro posible.

Se da la circunstancia además de que JCF no pidió ninguna oferta más a otras empresas del sector para contrastar precios, si bien es cierto que por debajo de 3.000 euros no hay obligación legal de hacerlo.

Fuentes de JCF han explicado a preguntas de este diario que se optó por contratar los servicios de esta empresa por recomendación de la coordinadora del organismo, habida cuenta de la amplia experiencia de la firma y de que ya se había contratado en otras ocasiones, incluso aseguran que con el anterior equipo de Gobierno de Compromís y el PSPV, obteniendo siempre resultados óptimos. Además, añadieron que aunque en este caso es cierto que no pidieron más presupuestos, es algo que sí suelen hacer en la mayoría de casos.